Gobierno tiene previsto en lo sucesivo la eliminación de los fideicomisos, una iniciativa que formaba parte de las delegaciones al Ejecutivo expresadas en la Ley Ómnibus. Teniendo en cuenta que el Congreso frenó las reformas que Javier Milei pretendía implementar a través de la Ley de Bases, el mandatario estaría a un paso de firmar un decreto para suprimir lo que definió en su última entrevista como “las cajas negras de la política”, en alusión a los fondos fiduciarios.
El artículo 4° de la Ley Ómnibus, en su inciso “h”, otorgaba al Ejecutivo la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos“.
Se trató, en efecto, de uno de los ejes que generó mayores cuestionamientos por parte de gobernadores y diputados, posteriormente descalificados como “traidores” por el jefe de Estado.
Qué es un fideicomiso y por qué Milei aspira a su eliminación
Los fideicomisos públicos o fondos fiduciarios son herramientas que habilitan la transferencia de activos a una entidad fiduciaria, que se encargará de administrar dichos fondos, comúnmente utilizados para el financiamiento de obras y proyectos.
En un esquema simplificado, el Poder Ejecutivo (a través de ministerios u organismos del Estado que ofician de fiduciantes), transfiere bienes o fondos a entidades (fiduciarias), a fin de que gestionen dichos fondos en beneficio del primero.
Si bien los términos de este acuerdo están detallados en el contrato del fideicomiso, se suele cuestionar su aplicación para la gestión de los fondos públicos, debido a la falta de auditorías rigurosas sobre los recursos transferidos y la forma en que finalmente se gestionan las sumas millonarias.
En efecto, los fondos fiduciarios no pasan por los mismos controles que las partidas establecidas en el Presupuesto, lo que refuerza el rechazo de las organizaciones especializadas en anticorrupción. Una de las grandes controversias consiste en que no siempre es posible determinar si el dinero fue administrado para la ejecución del objetivo para el cual se creó el fondo.
Actualmente operan 29 fideicomisos cuyo presupuesto oscila entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones, una suma que desde el Gobierno calculan que representa dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).
En ese listado figuran, por ejemplo, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.
Como los fideicomisos públicos funcionan en la práctica como presupuestos que afectan directamente a las arcas provinciales, el proyecto de su eliminación intensifica el conflicto entre los gobernadores y la Casa Rosada.
“Son todas cajas negras de la política”, disparó Milei
Con la caída de la Ley Ómnibus en el Parlamento, la administración de estos fondos quedó fuera del alcance de Milei, motivo por el cual el jefe de Estado tendría ya diseñado un plan para avanzar en esta dirección por medio de un decreto.
El presidente definió los fondos fiduciarios como “cajas negras”, aludiendo a la falta de control sobre la utilización de los fondos, supuestamente gestionados por “la casta” para su propio beneficio, según las afirmaciones del mandatario nacional.
“Son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que vive de eso”, denunció Milei en la entrevista recientemente brindada en LN+.
De todas formas, el Gobierno no tiene en la mira la supresión inmediata de la totalidad de los fideicomisos, sino que eliminaría algunos, mientras que podría robustecer a otros, tal como se aclaraba en el artículo 338 del proyecto enviado al Congreso, donde se remarcaba que “lo recaudado de las multas (…) será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.
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