Los primeros tres plenarios de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir la ley ómnibus, enviada por el presidente Javier Milei, acercaron posiciones entre el Gobierno y sectores de la oposición, que escucharon en boca de miembros del Gabinete promesas de corrección de algunos de los artículos más polémicos del proyecto.
Durante las exposiciones surgieron nuevas demandas de modificaciones de la oposición dialoguista, que deberán ser atendidas por el Gobierno para que el proyecto prospere. Ese grupo está compuesto por la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO, que oficia de aliado, pero se anima a pedir cambios.
El recinto de la Cámara baja lo completan 13 votos de partidos provinciales que, si bien no son decisivos, sí lo son en el Senado. Por lo tanto, el jefe de Estado no podrá ignorarlos.
Los emisarios de la Casa Rosada empezarán el próximo lunes a pasar en limpio los capítulos más controvertidos, para diferenciar entre aquellos que están dispuestos a revisar, los que tocarán sólo algunos detalles y los que, hasta ahora, prefieren dejar intactos.
Es el tema en el que Milei se mostró más concesivo. El proyecto delega facultades al Poder Ejecutivo en once materias por dos años, con la opción de extenderlas por decreto el mismo plazo. Significa toda la gestión de La Libertad Avanza. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propuso que sea por un año, con opción a dos. La oposición aceptó, pero pidió que el segundo quede a consideración del Congreso, un detalle que aún está en discusión.
Reforma penal
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se elimina uno de los artículos más polémicos del proyecto: la prohibición de reuniones de más de tres personas en la vía pública. Reconoció que fue un error, porque se trataba de una reforma a la ley de tránsito. Este capítulo se completa con aumento de penas por cortar calles y nuevas causales a la legítima defensa. La oposición dialoguista respalda estas medidas.
Hidrocarburos
Como está redactado, el proyecto avanza sobre las facultades de las provincias que tienen garantizadas en la Constitución, al darle al Poder Ejecutivo la facultad de “otorgar permisos, concesiones y autorizaciones”. Chirillo explicó que se trató de un problema de redacción porque se tomó como base la legislación actual, previa a la reforma de la Carta Magna de 1994. Otro aspecto que genera rechazo es que las regalías no serían fijas, sino que entrarían en un marco de licitación. En la discusión de este tema pesan los partidos provinciales.
Guillermo Francos, ministro del Interior, durante el debate de la ley Ómnibus.
Reforma política
Es uno de los capítulos rechazados por todas las fuerzas de la oposición y el Gobierno parece dispuesto a ceder. Durante el segundo plenario, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ironizó con el cuestionamiento unánime que tuvo el sistema de circunscripciones uninominales propuesto para votar la integración de la Cámara de Diputados. No sería una urgencia de la Casa Rosada. No hubo críticas explícitas de ninguna bancada a la eliminación de las elecciones primarias, aunque tampoco se escucharon apoyos.
Biocombustibles y Pesca
Son dos sectores que lograron que el Gobierno anunciara modificaciones, aunque para no mostrarse concesivo las calificó como correcciones. En cuanto a la pesca, el proyecto elimina la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos y de contratar personal local embarcado, que representa el 75%. Francos prometió que se revisará, pero nunca mostró un texto alternativo.
Chirillo sí anunció una nueva versión del capítulo de biocombustibles. Consiste en liberar el precio y aumentar el corte de biodiesel de siete a 10%, para luego llevarlo a 15% hasta 2026; y a 12% el de bioetanol, con un incremento a 18% en tres años. Como se sumará participación a las empresas integradas, hay molestia en el sector.
No se negocia
Retenciones
El proyecto aumenta a 33% las retenciones sobre los subproductos de soja, a 15% las demás e incorpora una alícuota de 8% sobre las mercaderías del complejo vitivinícola y el aceite esencial del limón. La UCR y HCF se oponen y advierten sobre una rebelión masiva de las economías regionales, que son capaces de juntar votos en todos los bloques. El Gobierno asegura que estos incrementos se compensan con la devaluación. Una alternativa que se planteó en el Ejecutivo es garantizar que los derechos aduaneros si eliminan si hay superávit fiscal. Por ahora, no la oficializó.
Jubilaciones
Es tal vez el capítulo en el que más lejos se está de un acuerdo. El proyecto propone eliminar la fórmula vigente para calcular el aumento de jubilaciones, sin reemplazarla por una nueva. Los aumentos, de esta manera, quedarían a discreción del Presidente. El PRO exigió que, al menos, haya un compromiso para que en seis meses se apruebe otro índice. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, avisó que Milei no está dispuesto a negociar este asunto, clave para cumplir sus compromisos fiscales.
Deuda sin límites
Milei solicita tomar deuda sin restricciones y renegociar la existente a gusto, a partir de la corrección de dos leyes vigentes (la de sostenibilidad y la de administración financiera). Propone que cada Gobierno se endeude cuando quiera según “las condiciones imperantes del mercado”. El PRO planteó que es una redacción era demasiado laxa y debía ser más específica, pero Quirno no le respondió.
En veremos
Privatización de empresas públicas
La ley ómnibus faculta al Presidente a privatizar 41 empresas públicas, sin discriminar la situación de cada una de ellas. La oposición se unió para poner límites: exigen al menos un pliego de condiciones discriminado y dejar fuera aquellas que dan ganancias o son estratégicas, como YPF y el Banco Nación. Chirillo dijo que la autorización a privatizar no significa que el trámite sea automático. No hubo contrapropuesta ofiical.
Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Pablo Lavigne (secretario de Comercio), durante el debate de la ley ómnibus.
Defensa de la competencia
El proyecto elimina la ley de defensa de la competencia y crea una nueva. La UCR no están de acuerdo con darle el control del directorio al Gobierno y a la primera minoría del Senado, o sea, el peronismo. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, fue a exponer al último plenario, pero no le preguntaron del tema.
Código Civil
La iniciativa incluye una amplia reforma del Código Civil, con medidas como el divorcio simplificado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que se trata sólo de flexibilizar el final de un vínculo, pero no altera el trámite judicial por la tenencia de menores de edad. No convenció a sectores de la UCR. Hay dudas en la oposición sobre los límites para pagar intereses, la restricción del daño civil (sólo podría reclamarlo el damnificado directo) y la supletoriedad de las normas legales en distintos tipos contractuales.
Juicio por jurados y con toga
No hubo voces críticas para el capítulo del proyecto que propone implementar el juicio por jurados, una deuda con la Constitución desde 1853. Se aplicaría para penas de más de cinco años de prisión y con 12 jueces, que deberían vestir traje de toga y usar martillo. La oposición considera una “pavada” imponer esta vestimenta. Cuneo Libarona aceptó que no perderá la oportunidad de cumplir con la Carta Magna por discusiones de vestuario. “La toga se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo, pero no vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados por eso”, aseguró el ministro.
Nuevas demandas
A partir del intercambio entre miembros del Gabinete, en los bloques opositores que están dispuestos a negociar surgieron nuevas propuestas que Milei deberá tener en cuenta si quiere una rápida sanción de la ley.
Educación híbrida.
El proyecto propone habilitar “los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos”. El texto no es claro y en la oposición exigen dejar explícito que los niños no pueden estudiar sólo por zoom.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante el debate de la ley ómnibus.
Inversiones
Se crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. En la oposición quieren revisar su amplitud y sus plazos.
Blanqueo
La regularización de activos que propone el Gobierno incluye algunos detalles que hicieron ruido en el PRO, como la posibilidad de blanquear que tendrían los no residentes y los exfuncionarios. Milei no se mostró dispuesto a revisar estas cuestiones.
Oficina Anticorrupción
El PRO y la Coalición Cívica cuestionan que entre las facultades del organismo no se encuentra la de querellar en causas de corrupción, como hizo durante el Gobierno de Mauricio Macri. Cuneo Libarona justificó la decisión.
Puerta giratoria en la CNV
Se permite que agentes de Bolsa se conviertan al otro día en directores de la Comisión Nacional de Valores, encargada de controlarlos. Quirno defendió esta medida. “Se están pidiendo más requisitos que para estar en el Banco Central”, sostuvo.
Ley Micaela y 1000 días
Milei quiere restringir la aplicación de la Ley Micaela, que obliga a capacitar en perspectiva de género a empleados públicos. Sólo deberían hacerlo quienes trabajan en áreas específicas. Por otro lado, se mantiene la norma para proteger a los menores en sus primeros tres años de vida, pero se hace mención a mujeres y no a “personas gestantes”, motivo de queja de los colectivos de diversidad.
Letra P