Convalidan el testimonio de Roggio que pago coimas, aunque se desdijo después

Algo Roggio, un empresario de los intocables de la obra pública, declaró que pagaba coimas y que devolvía 5% de los subsidios que cobraba por Meteovías.

Luego se arrepintió de haberse arrepentido e intentó anular su declaración. Hoy, volvió a perder y la Justicia no le hizo lugar a su pedido.

Cámara Federal de Casación Penal convalidó la declaración indagatoria de Aldo Benito Roggio en la causa de los cuadernos de las coimas, donde el empresario había afirmado como “arrepentido” que pagó durante años al kirchnerismo, a través de Ricardo Jaime, el 5% del dinero que recibió como subsidios por la empresa Metrovías, de la que es concesionario. El máximo tribunal penal del país dejó firme un fallo que rechazaba anular esa declaración.

“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo Roggio ante el fallecido juez Claudio Bonadio. La causa de los cuadernos de las coimas está en el Tribunal Oral Federal N° 7. Allí, la defensa de Roggio había pedido la nulidad de la declaración indagatoria brindada ante Bonadio.

Los jueces del tribunal oral rechazaron ese pedido de nulidad. por lo que la defensa recurrió a la Cámara de Casación. Ahora, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci, la Casación rechazó la queja de los abogados del empresario Roggio.

Allegados a la defensa de Roggio dijeron a LA NACION que les llamaba la atención el fallo: “Sorprende mucho que esta resolución se contraponga abiertamente con la que se dictó en la causa que investigaba los traslados en aviones oficiales de materiales al sur. Se hizo allí un análisis minucioso de la causa, de antecedentes doctrinarios y de jurisprudencia y se resolvió que el magistrado no había sido imparcial. En esta, que tiene gran similitud y se manifestaron severas y evidentes anomalías en el proceder del mismo juez, se dice que no hay sentencia definitiva. Se resuelve rápido sin contemplar los argumentos de la otra resolución”.

Las fuentes cercanas a la defensa mencionaron, en este sentido, otro fallo de la Casación, de otros jueces, que anularon el procesamiento de Cristina Kirchner dictado por el juez Bonadio por trasladar muebles para sus hoteles en la Patagonia en aviones oficiales. Ese fallo fue dictado por la Sala I, integrada por Alejandro Slokar y Ángela Ledesma -con la disidencia de Guillermo Yacobucci. Allí habían argumentado que el juez Bonadio había actuado con falta de imparcialidad. Por eso es que ahora reclaman que se aplique el mismo criterio.

La Cámara de Casación con la decisión de hoy respaldó el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 7, que no hizo lugar al pedido de nulidad de parte de la declaración indagatoria, prestada como arrepentido en esa causa. Este expediente es un desprendimiento del tramo central del caso de los cuadernos de las coimas, donde se investiga una asociación ilícita supuestamente integrada por Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios, que recibían sobornos por parte de contratistas del Estado.

La causa se inició por una investigación de LA NACION a partir del registro de los viajes con bolsos de dinero que realizó el exchofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, muchos de los cuales eran recibidos en el departamento de Recoleta de la vicepresidenta por Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor y Cristina Kirchner que, se conoció luego, invirtió una fortuna cercana a los 70 millones de dólares en propiedades ubicadas en los Estados Unidos.

Cristina Kirchner y sus exfuncionarios están acusados de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades desde principios 2003 hasta noviembre de 2015. Este expediente en particular, acumulado a la causa principal “cuadernos”, se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal en el Ministerio de Planificación Federal, vinculado a las cuestiones de transporte y el pago de subsidios.

Los abogados de Roggio cuestionaron que el juez Bonadio había convocado al empresario a declarar por un asunto y terminó preguntando por otros que excedían el objeto de la investigación. De esta forma, dijeron los abogados, amplió la investigación a asuntos que no contemplados originalmente, como los supuestos retornos por subsidios al transporte.

También la defensa atacó la validez de las indagatorias, porque señaló que el contexto en el que se prestaron las convertía en nulas. Mencionaron expresamente que si Roggio no colaboraba en su declaración le habían manifestado que corría riesgo de quedar detenido.

La fiscal de juicio, Fabiana León, entendió que el planteo de la defensa de Roggio no podía prosperar. Entre otros argumentos, indicó que la defensa “no demostró una afectación precisa” que implique la “violación de garantías constitucionales”.

El tribunal oral, con estos argumentos, desestimó la pretensión, destacando que los abogados defensores van contra “los actos propios, poniendo en crisis la estrategia defensista que se adoptó al prestar la declaración que ahora cuestiona”.

Roggio había señalado que la empresa tuvo que pagar sobornos “habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% del total) en los costos de operación del servicio”.

Quien cobraba los retornos era Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner condenado en varias oportunidades, actualmente excarcelado en su casa de Córdoba. Jaime enfrenta nuevas acusaciones que amenazan con dejarlo más años detenido en prisión en caso de ser encontrado culpable en el juicio por venir.

Roggio mencionó que el esquema de pagos de retornos se realizó desde el comienzo de la gestión de Jaime en 2003 hasta 2011. Roggio había admitido aportes de dinero al kirchnerismo bajo presión, en pagos aislados. Pero luego amplió su relato con relación al rol de Jaime.

Aportó datos concretos sobre el sistema que tuvo que afrontar en la empresa Metrovías. Detalló que debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al secretario de Transporte por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión.

Metrovías es una concesión de 1994, otorgada por el gobierno nacional para la prestación del servicio de subterráneos. La tarifa constituía la contraprestación por los servicios. La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis de 2002, que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada por la devaluación y la hiperinflación. Así, la compensación por la inflación se hacía mediante la entrega de un subsidio que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Era sobre los subsidios recibidos que se exigían los retornos.

Dijo Roggio que se hacían bajo amenazas de rescisión del contrato si no se cumplían esos pagos. Sostuvo que eran rehenes del kirchnerismo. Sus allegados dijeron que no mencionó los montos de dinero que tenían que pagar, pero dijo que se determinó un porcentaje del 5% de los pagos recibidos, que se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y al secretario Jaime.

Allegados a Roggio destacaron que los pagos del retorno por los subsidios recibidos provenían del margen de rentabilidad de la empresa, luego de pagar todos los gastos relacionados con la operación de los servicios. Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos, dijeron cerca de Metrovías.

“Este debería ser un punto final a esa cultura hostil y adversa en las que empresas como la que conduzco, en la que trabajamos 15.000 familias, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades”, dijo Roggio, según sus allegados.

Hernán Cappiello– LA NACION