La primer denuncia era de los “gestores” de la secretaria de comercio entongados con los despachantes de aduana. Ahora directamente es la secretaria quien da los permisos … Cuando se pague el arancel correspondiente .
res diputados de la oposición radicaron formalmente una denuncia contra el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Los legisladores de la Coalición Cívica, (Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego) llevaron a cabo la demanda respecto de un sistema de coimas que solicitan las empresas, para poder importar productos desde el exterior.
El argumento planteado tiene que ver con que el funcionario habría impulsado autorizaciones de Comercio Exterior y atrasó otras, según beneficios personales. La denuncia, que recayó en el Juzgado 1, se basa en la resolución 5271/22 del gobierno nacional, que establece un nuevo reglamento de sistema de autorizaciones para que las firmas obtengan acceso a dólares para importar insumos o productos para su actividad comercial.
Denunciaron a Tombolini por coimas en importaciones: el sistema SIRA, la clave
Vale recordar que desde el ministerio de Economía, y específicamente desde el área de Tombolini, se decidió reemplazar el antiguo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs), por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de “obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”.
Para los diputados de la oposición, “esta concentración de facultades, la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentan no sólo arbitrariedades, sino que abren las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción”.
Los tres funcionarios citaron un artículo del diario La Nación que destaca la siguiente situación: “En el grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que tiene 6ñ500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: ‘Si sos importador, o despachante, y necesitas aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor’, dice el texto, que consigna dos teléfonos”.
“La normativa es clara en cuanto a las responsabilidades al crear un comité de seguimiento y evaluación de las operaciones: lo integran la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central. Ante las irregularidades evidentes y tantos distraídos queda preguntarse entonces si estamos ante funcionarios que no funcionan o ante un delito palmario que beneficia a unos pocos lacerando aun mas las reservas del Central”, detallaron al respecto.
Para funcionarios de la Coalición Cívica ARI, Tombolini autorizó importaciones por beneficios personales.
Y añaden: “Vista y analizada la normativa vigente, no tenemos dudas, que estas maniobras no solo pueden ser calificadas como fraude para sacar divisas del país a precio dólar oficial, o evasión impositiva por parte de las empresas, sino de un sistema perfectamente aceitado por los organismos estatales participantes para un fraude al Estado Nacional. Estas tretas no podrían haber sido llevadas a cabo sin la aprobación de la Secretaría de Comercio Exterior, la AFIP y el Banco Central de la República Argentina”.
SIRA: ¿de qué se trata el nuevo sistema de importaciones?
El SIRA se creó en octubre de 2022 con el fin de permitir el análisis de la Capacidad Económica y Financiera del Importador, trazará un “Perfil de Riesgo Aduanero y Fiscal” en función de antecedentes en materia de sobrefacturación de importaciones y uso abusivo de cautelares o presentación de falsas Declaraciones Juradas.
También, acortará a 60 días el plazo máximo de espera para la acreditación de dólares para el pago de importaciones en el caso de pymes y entidades civiles; se mantendrá el plazo máximo de 180 días de acreditación de divisas para el resto de los operadores y operaciones.
Según la Resolución General, el nuevo sistema el trámite se iniciará con la presentación de una declaración jurada ante la AFIP, que incluirá cuenta única, fecha de giro del dinero y control y monitoreo del saldo en tiempo real.
Habrá una cuenta corriente única de Comercio Exterior y el Banco Central otorgará desde el momento de aprobación una fecha de giro, cuyo cumplimiento dependerá de que a esa fecha el importador tenga en su cuenta los pesos suficientes como contrapartida. Asimismo, se facilitará la importación de aquellos que quieran realizarla con dólares propios.
ANTERIORMENTE LOS GESTORES
En el grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que tiene 6500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: “Si sos importador, o despachante, y necesitás aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor”, dice el texto, que consigna dos teléfonos con los que este diario intentó comunicarse: en ambos, una grabación propone consignar el número y esperar el llamado.
Detenerse en los chats de WhatsApp del sector resulta también ilustrativo. Este diario fue testigo hace dos semanas de una conversación entre un importador y un consultor. “Te aviso a vos, que te rompí los huevos por esto. Me aprobaron la SIRA de la mercadería que tengo en el depósito fiscal. 15% en billete, en 48 hs. me la aprobaron”, empezó uno de ellos. “Hijos de mil puta. ¿De dónde salió el que te pidió?”, se exasperó el otro. “Contacto del despa. 4300 a la SIRA y 2000 a marcas. 6300 por una impo de 29.000″, contestó quien había iniciado el diálogo. “Marcas” es una área de la Aduana que verifica lo que se declara en los despachos o en el puerto.
El Gobierno está al tanto del asunto. Lo prueba en primer lugar la denuncia que, hace tres semanas, Sergio Massa hizo después de que un empresario le contó la existencia de estas prácticas, a lo que se deberían agregar otras 2 o 3 nuevas denuncias que el ministro de Economía prepara para los próximos días. La primera causa, que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, derivó en la detención de dos intermediarios que fueron excarcelados horas después. Según fuentes judiciales, los investigadores llegaron a ambos simulando interés, con un señuelo de 2000 dólares. Aunque la causa sigue su curso, las picardías tampoco se frenaron: una semana después, LA NACION verificó operaciones bajo la misma modalidad.
La Justicia tuvo hasta ahora pocos avances. No logró todavía, por ejemplo, dar con la otra parte del circuito: los funcionarios que, a cambio de lo que reciben, autorizarían. Lo que sí es constatable es la proliferación de facilitadores que consiguen siempre lo más difícil, que es la aprobación simultánea de la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP.
En el Palacio de Hacienda niegan tener algo que ver con las irregularidades. “Los despachantes les están haciendo el cuento del tío a las empresas”, afirman, y agregan que entre octubre y febrero pasados se autorizó un 11% más de siras que en el mismo lapso de un año atrás y que estos trámites salen en los plazos establecidos: 60 días para las pequeñas empresas, 90 para las medianas y 180 para las grandes. “Si hay empresarios que tienen alguna sospecha o recibieron propuestas de coimas, vengan a contarnos y vamos a hacer la denuncia juntos: pero ellos tienen que poner la cara”, advierten.
De todos modos, es difícil pensar que el permiso triple salga sin una mínima coordinación. Desde el 17 de octubre, a través de la resolución 5271, el Gobierno cambió la modalidad que regía hasta ese momento, llamada Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), por otro que pretende ser más ordenado, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La nueva normativa, que les permite a las empresas seguir la trazabilidad del trámite on line, establece plazos de entre 60 y 180 días para importar según el tamaño de la empresa y crea a su vez un comité de seguimiento y evaluación de las operaciones: lo integran la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central. Existe, por lo tanto, un control mucho más exhaustivo sobre lo que se aprueba y lo que se rechaza. ¿Vuelan tantas moscas sin que lo sepan Massa o Matías Tombolini, su secretario de Comercio, en permanente contacto con empresas? ¿No lo advirtieron los encargados de relacionarse con los ejecutivos, tarea que operativamente recae en Juan Fernández Díaz, jefe de Gabinete, y Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial?
Si, como dice el Gobierno, son los despachantes los que aprovechan para cobrar trámites que saldrían de todos modos, ¿por qué hay empresas que siguen sin poder importar? Jorge Castillo, dueño de Norenplast, una fabricante de incubadoras, máscaras y planchas elaboradas sobre la base de poliuretano instalada en La Matanza, dice que estuvo 103 días sin que le aprobaran la compra de un solo gramo de monómero, decisivo para producir, y que el mes pasado tuvo que echar a 12 de los 134 empleados que tenía. Dice que nadie le ofreció, pero que tampoco les pagaría a intermediarios para poder trabajar. “En los últimos diez días me aprobaron algo, pero, si sigo así, en julio voy a tener que cerrar”, dice a LA NACION.
Hay que admitir que el Estado argentino es complicado. Aunque centralizada, la aprobación de importaciones depende de un vasto universo burocrático y cada dependencia tiene sus tiempos y su impronta. En la AFIP y en la Aduana, donde conducen Carlos Castagneto, que obedece a Cristina Kirchner, y un massista, Guillermo Michel, respectivamente, la cuestión es bastante menos vertical y, por lo tanto, más engorrosa. Existe ahí, por lo pronto, un elenco estable en el que conviven intereses de múltiples sectores políticos, principalmente del PJ o La Cámpora. Un ejemplo es Mariano Abruzzese, hijo de Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Abruzzese acaba de ser relevado semanas atrás del cargo de subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, pero sigue influyendo en el esquema de ingresos: ahora es asesor de Virginia García, directora de la DGI, ex cuñada de Máximo Kirchner y ex senadora de Santa Cruz.
La detección de un canal paralelo de aprobaciones podría ser explosiva no solo desde la óptica de la transparencia institucional, sino porque además se agrava la escasez de dólares. Hace meses que al Gobierno le preocupa la proliferación de medidas cautelares mediante las cuales las empresas obtienen divisas para importar. Alberto Fernández lo admitió la semana pasada en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y ya el propio Michel se los habría transmitido a finales del año pasado a jueces en lo contencioso administrativo en un desayuno.
Consultados, voceros de la Aduana negaron a LA NACION la existencia de aquella reunión. Sin embargo, desde entonces, ya casi no salen cautelares. El stock vigente, dijo esta semana oficialmente la dependencia que conduce Michel, no supera los 23,5 millones de dólares, apenas 1% del monto original vigente a octubre del año pasado. El freno a las cautelares obedece en parte a que el cambio de sistema de SIMIS a SIRAS, dicen en los juzgados, volvió “abstractos” los antiguos reclamos y los interesados deberían volver a iniciarlos. Pero también a que, en simultáneo, y a través de la resolución 5271, la AFIP y la Secretaría de Comercio limitaron más las autorizaciones para aquellos empresarios que hubieran presentado demandas en la Justicia. “Uso abusivo de cautelares”, es la respuesta que les da el sistema cuando rechaza las autorizaciones y, al mismo tiempo, inhibe el CUIT para futuras operaciones. Como si todo estuviera coordinado.
Con la colaboración de Erika Gonçalves.
Fuentes: Seprin, La Nación e Infobae profesional
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