La causa de Los Huemules toca muy de cerca a Río Negro. No sólo porque los jueces, ex funcionarios porteños y un ex espía viajaron a Lago Escondido, un paraíso natural de la zona cordillerana de la provincia, sino que también la maniobra para esconder pruebas se conoció tras el hackeo del celular del ex ministro de seguridad Marcelo D’Alessandro y para ello fue fundamental un informe que se solicitó desde el Municipio de Roca, que tiene como intendenta a la hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria y precisamente donde él se desempeñó hasta 2019.
La Justicia Federal se encuentra en plena investigación por el presunto delito de inhabilidad moral de los jueces que habría aceptado la invitación de los directivos del grupo Clarín para hospedarse un fin de semana en Lago Escondido, la cuestionadísima propiedad del magnate Joe Lewis que tantos conflictos genera en la zona cordillerana cercana a El Bolsón.NOTICIAS RELACIONADAS
- Y mientras a través de presentaciones la fiscalía de Bariloche pretende continuar con la causa y desde Comodoro Py presionan para llevarla a Buenos Aires, se conoció que dos meses antes del hackeo del celular del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, desde el municipio de Roca se solicitó un informe y se consiguieron datos suficientes como para poder hacer la maniobra con la que se vulneró la seguridad del aparato del ex funcionario implicado también en el viaje financiado por el grupo Clarín.
La empresa Nosis informó en la causa que respondió a un pedido del municipio roquense y comunicó los datos necesarios para clonar el chip SIM SWAP y del celular y así poder ingresar a sus cuentas de Whatsapp y Telegram, donde copiaron las conversaciones del grupo Los Huemules, que luego salieron publicadas en los medios nacionales.
El diario Clarin publica una nota en la que hace referencia al pedido de informes solicitado desde Roca el 16 del agosto del 2022, a las 20.21 horas, Así consta en la causa judicial que investigan la jueza Araceli Martínez y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la CABA, Daniela Dupuy. Esta solicitud se realizó justo dos meses antes del hackeo que sufrió el ex ministro, el 19 de octubre del año pasado.
Los especialistas informáticos aseguran que esos datos del celular de D’Alessandro fueron necesarios para responder las preguntas que por seguridad realiza la empresa Movistar, proveedora del servicio de telefonía. Luego de responder de manera acertada, el sistema entiende que se trata dl titular de la línea y así pudieron habilitar un nuevo SIM con el número del ex ministro y luego recuperaron las copias de seguridad para acceder a todos los mensajes.
También publica Clarín que el hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien vive en Eldorado, Misiones, y confesó el hackeo al ex ministro ante la Justicia. Declaró que algunos de los datos para hacer la maniobra se los pasaron otros dos hackers de la red de Telegram “DARK PFA”. Y que otros los obtuvo de una cuenta robada que tenía para acceder a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La vinculación de María Emilia Soria en la investigación no sorprende, aunque el pedido de informes no lo habría realizado ella, sino una funcionaria que supo estar bajo las ordenes del actual ministro de Justicia de la Nación, en su época de intendente de la localidad. Y no se descarta la participación de la Agencia Federal de Inteligencia, de donde es delegado en Paraguay Germán Soria, el hermano del medio de Martín y María Emilia.
La denuncia contra los funcionarios y jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido la hizo el propio Soria, por el supuesto delito de dádivas en el que habrían incurrido los jueces Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2), Julián Ercolini (juez federal, instruyó la causa contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad), Carlos Mahiques (exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, luego juez de la Cámara Nacional de Casación y quien decidió sobre la compra de Lago Escondido) y Pablo Cayssials (juez en lo contencioso administrativo federal); Juan Bautista Mahiques (fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires), Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño).
Del viaje también participaron Jorge Rendo (presidente del directorio del Grupo Clarín y número dos de Héctor Magnetto), Pablo Casey (sobrino de Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Clarín), Leonardo Bergroth (ex agente de inteligencia de la SIDE) y Tomás Reinke (lobbista y presidente de MediaBit SA, ex gerente del Diario Río Negro), un conocido en la zona, autor entre otras cosas del traspaso del Instituto Patagónico de las Artes a Río Negro a cambio de una jugosa pauta para el diario y el punto de partida para que el IUPA se transforme en la caja laboral de Juntos Somos Río Negro.
Fabian Rossi MejorInformado.com