Rosario , se ha convertido en la capital nacional del narco, pero no todo esta ahí. La narco politica se ha apoderado de todos los estamentos:
En un suplemento del diario La Nación, una ardua investigación de Hugo Alconada Mon y Germán de los Santos de este domingo expuso la realidad escalofriante de Rosario. Titulada Rosario, feudo narco indagó en por qué aquella ciudad es el epicentro principal de los narcos que hunde a sus ciudadanos en la absoluta violencia e inseguridad.
La primera conclusión es que el poder narco existe por la connivencia entre el crimen organizado y funcionarios de los 3 poderes del Estado: legisladores, fiscales y jueces claves que respaldan toda su estructura criminal presionados por sobornos, extorsiones y asesinatos. Incluso las fuerzas de seguridad que deberían perseguirlos responden a arreglos delictivos.
En esta línea, el entramado llega a las esferas más altas del poder político con sucesos muy curiosos. Un episodio que describe la investigación del diario La Nación y que involucra al exgobernador de Rosario Antonio Bonfatti merece ser repasado para demostrar sus implicancias últimas. En 2013, su casa fue tiroteada con 14 balazos. Luego en 2015, tras un proceso judicial pobre y extraño, beneficiaron a uno de los acusados, el sicario Emanuel Sandoval con un juicio abreviado que luego derivó en prisión domiciliaria por dos tentativas de homicidio. Tiempo después, en 2019 lo asesinaron a Sandoval en la casa de un juez, hermano de la abogada del mismo Bonfatti.
En el estudio también se destacan 4 dimensiones claves para comprender el poder narco en Rosario: criminal, financiera, social, policial e institucional. Detalla que el crecimiento de los clanes criminales en la Ciudad se explica por los focos de pobreza, desempleo, desindustrialización y baja incidencia de empleo público. Ligado a esto se suma la dimensión social. Barrios marginales de Rosario en los que predomina la pobreza e inseguridad fueron abandonados por el Estado y apropiados por los narcos donde organizan comedores comunitarios y talleres de oficio, entre otras cosas.
Respecto al plano institucional, está claro la fragilidad y falencias de sus instituciones. Cabe reflexionar sobre su anticuado sistema con una constitución provincial más antigua del país. El flojo repartimiento de escaños en la legislatura, el misterioso periodo en que sesionan las cámaras, los fueros parlamentarios entre otras cosas facilitan y posibilitan todo el entramado criminal.
Otro punto importante es el financiero. Según surge de la investigación, el turbio negocio mueve US$9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$5 millones cada treinta días de acuerdo a estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En ese sentido, se cree que financieras, inmobiliarias y constructoras controladas por la clase alta rosarina participaron del lavado de dinero de los clanes narcos más sangrientos (guante blanco). Por ello centrar el narco a los barrios más pobres es simplificar el problema.
Otro rasgo esencial que posibilita la permanencia del poder narco es la corrupción en las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Por su ausencia Rosario sufrió una “feudalización” del territorio. “Abundan los ejemplos de policías y penitenciarios que trabajan para los narcos, de políticos que protegen a agentes corruptos, y de presos que planifican crímenes por télefono”
Nexo entre clanes y política
El poder narco se filtró en los diversos sectores de poder de Rosario. Mediante sobornos, extorsiones y asesinatos, se asociaron con empresarios, políticos, policías, fiscales y jueces.
Según la investigación, Esteban Alvarado es el narco más importante de Rosario, junto a la banda de Los Monos quién tejió una red de complicidades políticas y policiales. Tenía como “empleado” a Luis Quebertoque, el exjefe de la División Judiciales de la Policía, que persiguió a la banda de Los Monos. También a Pablo Báncora, policía encargado de realizar las escuchas telefónicas contra los narcos en la fiscalía. Báncora le pasaba información a Alvarado para realizar atentados.
Esteban Alvarado es el narco más importante de Rosario, junto a la banda de Los Monos quién tejió una red de complicidades políticas y policiales.
Pero el vínculo entre los narcos superaba las fuerzas de seguridad, también intervenían empresarios que a su vez se codeaban con dirigentes políticos relevantes en la estructura de poder provincial.
“El socio de Alvarado era el narcoempresario Luis Medina, al que se sospecha que asesinó. Testigos señalaron que el dinero de la campaña electoral de Antonio Bonfatti lo había aportado Medina. Emanuel Sandoval, uno de los sicarios de Alvarado, admitió haber atentado contra el exgobernador Bonfatti. Se sospecha que en represalia de un pacto que no se cumplió”.
Allí es cuando comienza a dilucidarse los vínculos de los narcos con la política y logra medianamente explicarse el tiroteo en las inmediaciones de la casa del exgobernador. Pero también intervienen más hombres de negocios. “Ariel Guille” Cantero, el líder de Los Monos, extorsionó a Leonardo Peiti, empresario capitalista que manejaba el juego clandestino. Le exigió el pago de 300.000 dólares. “Como parte del sistema extorsivo, ordenó disparar contra el casino City Center de Rosario, donde murió Enrique Encino, gerente del Banco Nación de Las Parejas. El plan lo delineó su sicario Maximiliano Díaz, alias Cachete”.
Extorsionado por los narcotraficantes, Peiti cedió a Los Monos salas de juego, pagó coimas de 5000 dólares por mes a los fiscales Patricio Serjal, jefe de los fiscales en Rosario, y Gustavo Ponce Asahad para evitar que inicien investigaciones en su contra y coimas (aún no confirmadas) a los jefes policiales José Luis Amaya y Daniel Corbelini
También pagó 250.000 dólares de sobornos a Armando Traferri, referente histórico del peronismo en Santa Fe y senador del PJ y una figura clave del poder legislativo para que permanezcan los narcos en Rosario.
“Armando Traferri, acusado de cobrar sobornos de Leonardo Peiti, nunca pudo ser imputado por los fiscales porque se resguardó en los fueros legislativos. Tiene una estrecha relación con Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Se sospecha que Gutiérrez influyó para que la causa no terminara en la imputación del senador”.
Presuntamente Traferri también tenía vínculos con las fuerzas de seguridad. “Digitaba la jerarquía policial de San Lorenzo, incluyendo a Gustavo Spoletti (exjefe de Drogas Peligrosas) y Cristian Di Franco, que tenían vínculos estrechos con el narco Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua en 2022”.
“Ariel Guille” Cantero, el líder de Los Monos, extorsionó a Leonardo Peiti, empresario capitalista que manejaba el juego clandestino.
Además, durante la investigación del crimen de Enrique Encino se detectaron nexos entre Traferri y Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe aliada del senador.
La relación entre los narcos y el empresario Peti excedía una cuestión de dinero ilegal, querían más que nada sus contactos políticos. “Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino sus influencias en la Justicia, que habría tejido de la mano del senador peronista Armando Traferri”, explica la investigación.
Surgen sospechas de vínculos del actual gobernador de Santa Fe Omar Perotti con el poder narco. Por lo que cabe preguntarse ¿ en una ciudad tomada por los narcos, queda algún funcionario leal a su funciones que intente respetar la ley y cuidar a los ciudadanos?
La reconstrucción periodística de La Nación supone que el senador del PJ era el nexo de Peti con el actual gobernador, Omar Perotti por un trato que permitiría pasar de ser el zar del juego clandestino a la legalidad a través de las apuestas online.
“Fui ayudándolo para la campaña electoral [a Traferri]. Él dijo que tenía todo armado con Perotti y yo tenía que ayudarlo para la campaña. Yo habré puesto unos 200.000 dólares. Si ganaba Perotti íbamos a concretar el convenio”. Pero eso no ocurrió. Acaso porque el gobernador rompió su relación con Traferri después de asumir en la Casa Gris”.
Obviamente tanto Perotti como Traferri negaron las acusaciones: Perotti dijo que “jamás” recibió un peso de Traferri para su campaña. “Me costó tanto llegar a ser gobernador [lo logró en su tercer intento, en 2019] porque no tenía recursos para la campaña como otros candidatos”.
Traferri por su parte: “Estamos ante una asociación ilícita que tiene una pata judicial, con varios fiscales involucrados, y que es funcional a Marcelo Saín, que era el ministro de Seguridad provincial y ahora se sabe que es el responsable máximo del espionaje en la provincia”.
Traferri : figura ineludible
De acuerdo a la investigación la figura de Traferri es clave para comprender el entramado narco. Es senador desde hace 14 años por el departamento San Lorenzo, donde están ubicadas las cerealeras y los puertos que exportan el 85% de la soja que se produce en la Argentina.
Su influencia es tan grande porque por él pasaban las negociaciones con el gobernador y con otros partidos, y por él pasan las definiciones sobre partidas presupuestarias, designaciones de jueces y fiscales, traslados de policías y mucho más, apoyado en las facultades que la Constitución provincial le otorga al Senado, al ubicarlo como contrapeso del Poder Ejecutivo
Por su gran poder en el Senado, pudo negociar con el entonces gobernador Antonio Bonfatti (2011-2015) la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional. Luego esa ley derivó se judicializó, hasta que la Corte provincial la declaró inconstitucional por denuncias penales por presunta corrupción y desvío de fondos. En la práctica se traduce como “una partida presupuestaria para que los senadores distribuyan subsidios a cambio de votos para las leyes que quería”.
Este año, según La Nación, esa partida asciende a $795,9 millones que repartirán los 19 senadores más la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. A modo comparativo, el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que agrupa a todos los fiscales y fiscalías de la provincia, asciende este año a $397 millones. “Es decir, los que investigan delitos tienen menos de la mitad de dinero para funcionar y pagar sus salarios que la política para repartir en subsidios”, razonan los periodistas que investigaron el entramado narco.
La figura de Armando Traferri referente histórico del peronismo en Santa Fe y senador del PJ es clave para comprender el entramado narco en Rosario.
Traferri impune
Sin embargo, Traferri continúa impune. Los fiscales lo acusaron de cobrar coimas, encarar negociaciones incompatibles con la función pública e incumplir sus deberes como funcionario público pero se colisionaron con el rechazo de su desafuero en el Senado pactado por peronistas y radicales del bloque de la UCR-Frente Progresista. “Traducción: es intocable. La Justicia no lo puede investigar, no lo puede acusar y no lo puede procesar. Mucho menos detenerlo”, reflexionan los periodistas de La Nación.
Tiempo después, en un intento por cuestionar el desafuero de Traferri, los fiscales Schiappa Pietra y Edery objetaron la constitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que blinda a los legisladores y lograron que un juez, José Luis Mascali, los apoyara. Pero el tribunal revocó ese fallo por 5 a 1, con el único voto de Daniel Erbetta.
El presidente de la Corte Suprema provincial Rafael Gutiérrez, amigo del senador Traferri.
En el resultado se evidenció otra figura clave que respalda a Traferri que a su vez garantiza el entramado narco: el presidente de la Corte Suprema provincial Rafael Gutiérrez quién no oculta su amistad. Hay más de 300 llamadas entre ellos registradas en un expediente judicial además de almorzar y militar juntos, reflejadas en las fotografías que ellos difunden.
Gutiérrez expreso a La Nación: “Los criterios de excusación son restrictivos y mi actuación en ese caso fue muy correcta. Mi voto fue técnico y le recuerdo que el fallo salió 5 a 1. No es procedente que yo tenga que excusarme cuando un amigo aparece en un expediente”.
Hasta ahora, Traferri mantiene sus fueros. Los fiscales pidieron la condena de “Guille” Cantero por el asesinato de Encino a 22 años de prisión (suma sentencias por más de 100 años), del “Toro” Escobar (20 años), “Cachete” Díaz (16 años) y del autor material, Otniel De León Almonte (18 años). También pidieron penas de prisión para el renunciado fiscal Serjal (12 años), en tanto que el también fiscal Ponce Asahad terminó condenado, el fiscal González removido y la fiscal Serena afronta un proceso disciplinario.
Seprin-Urgente24-La Nación