“Los rusos vendían el acceso a Telegram”, por eso un ex ministro de seguridad lo dejo de usar” . El hackeo que tiene en vilo al círculo rojo, que no tiene validez judicial sino mediática
No es casualidad que se da a conocer a podias días del fallo contra Cristina que podría ser condenatorio.
Además se sabe que CFK tiene buenos negocios con las vacunas y o es de descartar una gentileza de las claves de acceso a Telegram
El jueves 1 de diciembre, se puso a la venta por 600 dólares una copia del contenido completo del Telegram del Ministro de Seguridad y Justicia del GCBA Marcelo D’Alessandro. Más de 500 megas de información que incluyen archivos de texto, fotos y multimedia que habrían sido extraídas del celular del funcionario. Las pruebas ofrecidas por el hacker para validar la información son, por lo menos, verosímiles.
El archivo ofrecido consta de 908 conversaciones que habrían sido mantenidas por D’Alessandro a través de la aplicación Telegram, incluyendo material multimedia.
El hackeo es una caja de Pandora. Hay intercambios con jueces, ex miembros de la SIDE, periodistas de ambos lados de la grieta, políticos de todos los colores e importantes empresarios y funcionarios en ejercicio.
Entre los archivos filtrados podemos escuchar la voz de quien sería el jefe de los fiscales del GCBA detallando como arregló cerrar una causa con la fiscal de Bariloche. Los textos sugieren desde “limpiar” a un mapuche a buscar al Jefe de la PSA con un patrullero propio para hacerlo “cagar” (sic), asegurando contar con “la mejor alcaldía para q le den una linda bienvenida“.
El teléfono del funcionario porteño ya había sido hackeado en el mes de agosto, investigación que está en manos del fiscal Federico Delgado. La misma suerte corrió el móvil de Diego Santilli.
De confirmarse que los archivos provienen efectivamente del celular del funcionario, la filtración tiene el potencial de arrastrar a cualquiera que haya hablado con Marcelo D’Alessandro hasta el 28 de noviembre de 2022, incluyendo aquellos que habrían arreglado ascensos por abajo de la mesa y pagos de 10 mil dólares “para no joder” a una fábrica porteña.
Seprin y el Disenso
