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El gobierno que no pudo organizar ni un censo: 55.000 millones de pesos tirados a la basura

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A pesar de haberse cumplido ya cuatro meses de la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevado adelante por el gobierno nacional, el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) aún no logra dar con un resultado definitivo.

En una comunicación oficial, el organismo que dirige Marco Lavagna informó que “la evaluación realizada sobre las planillas de conteo rápido concluyó que por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente”.

El censo nacional fue realizado el 18 de mayo y fueron contratadas para el mismo unas 600 mil personas, entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales, y otros puestos que integran la estructura censal.

Para el censo, el gobierno nacional contrató a la empresa Kollor-Modoc, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las empresas Kollor-Press, que se encuentra vinculada con el gobierno e imprime las ediciones del diario ultraoficialista Página 12, y Modoc, cuyo titular es el empresario cercano a Daniel Scioli y Juan ManzurDiego Mazer.

La elección de la empresa encargada del censo estuvo atravesada por acusaciones de corrupción. Kollor-Modoc no tenía ningún tipo de experiencia previa en el rubro y, a la hora de presentar antecedentes, aseguró haber realizado trabajos que, en realidad, habían sido llevados a cabo por su competidora, Boldt.

Entre los trabajos presentados como antecedentes por Kollor-Modoc se encontraban los censos poblacionales de 2001, 2010 y los censos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2017 y 2018, todos ellos realizados por la empresa Boldt SA.

A pesar de las denuncias del equipo legal de Boldt y de las impugnaciones presentadas, el gobierno nacional misteriosamente hizo caso omiso a las quejas y se inclinó por Kollor-Modoc, que curiosamente había hecho una oferta por 1.800 millones de pesos menos que sus competidoras. El presupuesto en sí mismo fue motivo de disputa, dado que las impugnaciones presentadas aseguraban que era imposible llevar adelante el trabajo por esa cantidad de dinero.

A pesar de ello, el presupuesto del INDEC para el censo alcanzó los 55.000 millones de pesos, de los cuales unos 10.461 millones habrían salido de la caja del PAMI, que como resultado tuvo que sacrificar, aún más, la calidad de atención a los adultos mayores. A modo de ejemplo, una de las últimas denuncias recibidas por el organismo que dirige Luana Volnovich fue llevada adelante por la hija de una afiliada, quien aseguró que el PAMI tardó tanto en autorizar una silla de ruedas para su madre que, cuando lo hizo, la señora ya había fallecido.

Las irregularidades parecieran ser una moneda corriente en los censos llevados adelante por el kirchnerismo. En el mes de marzo de este año, un informe privado llevado adelante por un equipo de ingenieros en sistemas determinó que durante el censo 2010, llevado adelante en el mismo día en que falleció Néstor Kirchner, se incrementó artificialmente la población de determinadas ciudades afines al gobierno, con el caso de La Matanza como uno paradigmático. Esto implicó cuantiosos beneficios financieros para el municipio que lideraba Fernando Espinoza en términos de coparticipación. (www.REALPOLITIK.com.ar)