Mientras la Dirección Nacional de Vialidad ultima los detalles de la acción de lesividad que interpondrá para que la Justicia determine si debe aplicarse o anularse el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual (AIRC) que extendió en 2018 las concesiones de la Panamericana y el Acceso Oeste hasta 2030 y dolarizó sus peajes, el Ministerio de Obras Públicas se prepara para asumir en cuestión de semanas la conducción de esas dos autopistas.
Lo perentorio de los plazos, según confirmaron a BAE Negocios las más altas fuentes a cargo del tema, se debe a que en el mismo acto se presentará una acción de amparo que deberá resolver el mismo juez o jueza que salga sorteado para resolver la cuestión de fondo. La abultada documentación acumulada acerca de las cláusulas abusivas que incluyó aquel AIRC y el perjuicio que generan a los usuarios, según las mismas fuentes, indican que la cautelar será avalada en los tribunales independientemente de lo que ocurra al cabo del proceso definitivo, que puede tardar años.
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“Además de pedirle a la Justicia que anule los contratos, vamos a presentar una acción de amparo para que la administración de las autopistas pase al Estado”, dijo ayer por la tarde el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en una entrevista con Radio Con Vos.
“Es un negociado porque es un reconocimiento de una supuesta deuda cuya existencia y cuantía no fue acreditada en ningún lugar de las actuaciones”, agregó. Y precisó: “De un día para el otro los argentinos nos enteramos que le debíamos más de 800 millones de dólares a estas empresas”. Fue para garantizar el recupero de esa deuda que el gobierno anterior redolarizó los peajes y extendió el plazo de explotación de las cabinas. Si se estuviera aplicando, el peaje en Panamericana debería costar $1.830 y el de Acceso Oeste, $1.072.
Si la medida cautelar de Vialidad es aceptada por la Justicia, la que tomará el control de los accesos es Corredores Viales S.A., una empresa estatal que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y conduce Gonzalo Atanasof. Es la misma empresa que administra más de 5.000 kilómetros de rutas repartidas en cinco corredores cuyas concesiones vencieron en 2020, 30 años después de haber sido licitadas durante el menemismo.
El decreto 633/22, publicado este jueves en el Boletín Oficial, declaró “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018” que extendieron hasta 2030 las concesiones de los dos principales accesos a la ciudad de Buenos Aires.
El miércoles por la tarde, Fernández anticipó que la misma acción de lesividad que interpondrá ante la justicia en lo Contencioso Administrativo “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes“, donde fueron procesados en primera instancia el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el extitular de Vialidad, Javier Iguacel, y el exgerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart, entre otros. Aquella causa se inició poco después de que se revelara el contenido del AIRC en el programa “Brotes Verdes” que se emite por C5N.
Sin nombrarlo, Katopodis se refirió ayer a Stoddart, quien antes de asesorar a Iguacel en Vialidad en la extensión de los contratos trabajó durante años como abogado de Autopistas del Sol (Ausol), la concesionaria del Acceso Norte. “En el gobierno anterior había funcionarios que antes habían sido abogados de las concesionarias de las autopistas. Era un sistema ideado para extraer recursos del Estado”, evaluó.
Tanto en Ausol como en Grupo Concesionario del Oeste (GCO) -dos compañías que cotizan en la Bolsa porteña- el accionista mayoritario es Abertis, la constructora del madrileño Florentino Pérez. La argentina SIDECO, de la familia Macri, fue su socia mayoritaria hasta 2017. En los dos años en que Mauricio Macri fue a la vez Presidente y accionista de los accesos, el peaje se cuadruplicó con su autorización.
El antiguo jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas y estrecho colaborador de Luis “Toto” Caputo, Pablo Quirno, fue de los pocos exfuncionarios macristas que se refirió al anuncio oficial. “Otro juicio que terminará pagando el próximo gobierno. Qué bueno que Massa fue a buscar inversiones en el extranjero. Con esta noticia seguro que vienen”, escribió en su cuenta de Twitter el financista.
En línea con las concesionarias, que intentaron bloquear infructuosamente la decisión oficial recusando al Ministerio de Obras Públicas, desde de la oposición apuntaron al eventual costo de un juicio internacional que podrían iniciar Abertis y sus socios.
Fuente BAE Negocios