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“Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, argumentan desde el gobierno porteño a través de un comunicado.
Y amplían: “La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”.
Entre los principales motivos que esgrime el mandatario porteño es que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.
El 10 de diciembre, con 40 votos positivos y 25 votos en contra, el Senado convirtió en ley la quita a la administración porteña de un 1,18{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} del dinero que recibe por parte del Estado nacional. Una semana antes obtenido la media sanción en Diputados.