“El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, sostuvo Urribarri. Y agregó: “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”.
El fallo de la Justicia lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015. Se lo acusa al mandatario como parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.
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El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, tomó la decisión de condenar al exgobernador, actual diplomático, de forma unánime. Para evitar ir a prisión, el exgobernador deberá apelar el fallo ante la Cámara de Casación provincial.
Junto a Urribarri, también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Como publicó LA NACION, Aguilera es cuñado de Urribarri. Fue acusado por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y ser funcionario, al mismo tiempo.
El expediente, que concentró cinco causas por diversas irregularidades, juzgó a otras once personas, además de Urribarri, Báez Aguilera. La Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 14 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó.
El proceso judicial analizó distintas contrataciones o hechos específicos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que centró su atención en contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Según la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del exgobernador.
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