El exintendente macrista de Pilar debe responder por tres causas por supuesta corrupción. Validó trabajos que nunca se hicieron.
El exintendente macrista de Pilar Nicolás Ducoté fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el marco de tres causas penales por el supuesto desvío de $460 millones destinados a obras en barrios y localidades vulnerables que nunca se realizaron . El dirigente del PRO había pedido postergar su declaración indagatoria, dispuesta por el magistrado para el martes 15 de junio en las causas que se le siguen junto a una veintena de exfuncionarios acusados de triangular fondos nacionales, pagar sobreprecios y por obras que nunca se terminaron. El juez también dispuso el embargo y la prohibición de salir del país para Ducoté, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió Letra P.
Charvay avanza en la investigación de tres causas por sospechas de corrupción y presuntas irregularidades e inconsistencias para justificar la disposición millonaria de fondos federales en perjuicio del Estado, que debían tener como destinatarios a familias en situación de vulnerabilidad social.
Junto a Ducoté aparecen involucrados exfuncionarios del Ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo entonces de Rogelio Frigerio, además de a sociedades anónimas público privadas y empresarios. La complicidad de estos últimos cierra el círculo de la presunta malversación de fondos públicos.
Otro ole de Ducoté a la Justicia: ahora viaja a Europa para no declarar
Los dictámenes emitidos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalan “la clara participación de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios”, y deja entrever un circuito de “posibles retornos”.
La causa “Microcréditos” se inicia en un programa para el mejoramiento de la vivienda y la conexión a servicios públicos de la Municipalidad de Pilar por 300 millones de pesos. Según se detalla en la investigación, los fondos que el jefe comunal PRO debía haber entregado a personas en situación de vulnerabilidad terminaron en un uso en apariencia fraudulento.
Dentro del plan que otorgaba los préstamos, había gente que figuraba como beneficiaria pero que declaró nunca haber solicitado el crédito. Algo similar a lo que ocurrió con los “aportantes truchos” durante la campaña electoral de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Ducoté, acorralado judicialmente por irregularidades en obras millonarias
Además, se conocieron casos de personas a las que se les ofrecía el dinero a cambio de que se comprometieran a apoyar al intendente en las elecciones de octubre de 2019, utilizando de intermediarios a punteros políticos. Prueba de ello es que el otorgamiento de los microcréditos se acrecentaba en los años electorales, con picos en 2017 y 2019, donde se intentó revertir un resultado adverso tras las PASO.
Una de las situaciones que llamó la atención es la presentación de facturas sin conocerse a qué se debía el desembolso de las mismas. Se registraron liquidaciones a fundaciones y ONG como Crear Vale la Pena, Equisalud y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil ELA, además de proveedores particulares, que totabilizan erogaciones por más de dos millones y medio de pesos “sin conocerse efectivamente a qué correspondía cada uno”. “Nada de esto fue observado por las autoridades del Estado Nacional”, señala el expediente judicial.
Fuentes allegadas a la causa señalan que los fondos debían ser reembolsables mediante un contrato genuino, pero, en cambio, se montó un megafraude con fondos nacionales y una defraudación al estado.
La ruta del dinero
La investigación, conocida como “Monterrey”, se origina en un convenio para la urbanización y mejoramiento del hábitat del barrio Monterrey de Derqui, con una inversión mayor a los 145 millones de pesos, firmado en abril de 2016 por el entonces intendente de Pilar y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Contemplaba la revitalización y mejora de un corredor central en el barrio, la provisión de servicios básicos como agua corriente y cloacas. Además, comprendía diversos módulos sociales. Se trata de obras que se anunciaron pero, a la luz del expediente judicial, no existen, pese a que están los certificados de obra firmados y los millonarios desembolsos realizados.
El tercer expediente, denominado “Peruzzotti”, investiga las inconsistencias en torno a la construcción de una red cloacal, una planta depuradora y una red de bombeo. La misma fue licitada y adjudicada por el municipio, pero no se ejecutó en el lugar asignado (el barrio Peruzzotti), los certificados de obra fueron fraguados y la empresa adjudicataria se alzó con la suma de $14.135.303,93.
EXINTENDENTE DUCOTÉ.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, dictaminó que “se efectuó una certificación de inicio de obra previa a la celebración del contrato con la empresa adjudicataria” y agregó que “la construcción del expediente administrativo pretende afirmar, falsedad mediante, que las obras se iniciaron casi dos meses antes de haber sido contratada la empresa”. También puso en evidencia presuntas irregularidades advertidas en el proceso de licitación por la aparente vulneración de los principios de publicidad de este tipo de actos.
Si bien en este caso el monto en juego es menor en relación a las otras dos causas, el desenlace llamó la atención de la Justicia: la planta depuradora apareció en el galpón de un proveedor (que reconoció los sobreprecios), después de que surgió la denuncia y por fuera de los plazos establecidos. En los expedientes figura la obra terminada y colocada.