Otro proyecto para derogar el régimen de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno
Diputadas de Unión por la Patria presentaron un proyecto para eliminar la modalidad que permite a extranjeros acceder a la ciudadanía argentina mediante inversiones económicas. Sostienen que la naturalización debe estar vinculada a la residencia y la integración al país, y no a la capacidad patrimonial de los solicitantes.
Las diputadas nacionales Florencia Carignano (exdirectora de Migraciones) y Paula Penacca, ambas de UP, presentaron un proyecto de ley para derogar el régimen de ciudadanía por inversión incorporado en 2025 a la Ley 346 de Ciudadanía mediante el DNU 366/2025. La iniciativa también propone dejar sin efecto el Decreto 524/2025 y toda la normativa complementaria dictada para su implementación.
La propuesta se suma a la ya presentada en ese mismo sentido por Agustín Rossi, y constituye una nueva ofensiva legislativa de la oposición contra uno de los cambios promovidos por el Gobierno nacional en materia migratoria y de naturalización. Según explican las autoras, el esquema vigente creó una vía excepcional que permite a personas extranjeras solicitar la ciudadanía argentina sin cumplir el requisito general de residencia continua y legal en el país, siempre que acrediten una “inversión relevante”.
En los fundamentos, las legisladoras cuestionan que la ciudadanía pueda quedar asociada a una contraprestación económica. “La ciudadanía no puede convertirse en una contraprestación económica ni quedar condicionada, directa o indirectamente, a la capacidad patrimonial de quien pretende acceder a ella”, sostienen en el texto.
Las diputadas recuerdan además que, tras la sanción del DNU, el Poder Ejecutivo creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, con atribuciones para administrar las solicitudes y evaluar la procedencia de las inversiones. Asimismo, señalan que el Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento e involucró en las evaluaciones a organismos como la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el Renaper y la SIDE.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el programa actualmente contempla dos alternativas para acceder al beneficio: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares, con condiciones específicas para integrantes del grupo familiar del solicitante principal.
Carignano y Penacca argumentan que la promoción de inversiones extranjeras es una finalidad legítima, pero consideran que existen instrumentos económicos y productivos suficientes para alcanzarla sin alterar las reglas de acceso a la ciudadanía. A su juicio, la naturalización debe seguir sustentándose en un vínculo jurídico y social con la Argentina y no en la capacidad económica de una persona.
Las autoras también citan antecedentes internacionales. Señalan que la ciudadanía por inversión es aplicada por un número reducido de países y recuerdan que, en abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó el régimen de Malta al considerar que implicaba una forma de comercialización de la nacionalidad.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano para su análisis.
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