Diputados acelera una agenda clave para el Gobierno
La Cámara baja ya definió un cronograma que incluye la ley de defensa de la soberanía, discapacidad y el Presupuesto 2027, con el objetivo de llegar a fin de año con las principales reformas avanzadas. Mientras tanto, la eliminación de las PASO continúa enfrentando resistencias en el Senado y suma incertidumbre política y electoral.
En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara alta celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.
Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos. Recordemos que la CNE ha advertido sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.
En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.
Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara baja diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla por ejemplo algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía. La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo, 30 de septiembre. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes venidero, 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”, expresó. Y concluyó: “Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política”.
El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original sancionada en 2011 -cuestionarán el término “derogación” de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones. Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de “agentes extranjeros”. Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 “crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”.
Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.
La intención oficial es, como dijimos, llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.
Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.
Los tiempos del Presupuesto
Como sea, lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.
Según pudo saber parlamentario.com, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.
De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.
Parlamentario.com
