Satisfacción por la ONU y el Senado, pero la economía amarga al Gobierno

Mientras Javier Milei logró reposicionar la postura argentina sobre Malvinas en la Asamblea General de la ONU y el oficialismo consiguió sancionar en el Senado la reforma del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías, los indicadores económicos encendieron luces de alarma: subió el riesgo país, y el INDEC informó un aumento de la pobreza y una fuerte caía del EMAE. En ese escenario, Patricia Bullrich emergió como una de las principales ganadoras políticas de la semana.

“Muy bien en lo político, no tan bien en lo económico”. La frase expresada por un funcionario del Gobierno nacional sintetiza las sensaciones encontradas percibidas al concluir una semana clave para la administración mileísta. Días en los que el Presidente visitó sin la compañía de su hermana, “El Jefe”, Nueva York, y pronunció su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una repercusión muy superior a sus anteriores participaciones. Tenía sentido, a partir de la gran expectativa que había despertado su mensaje, con el antecedente del inesperado endurecimiento del Gobierno en la Cuestión Malvinas.

El mensaje causó gran satisfacción en la Rosada, convencidos allí de que sirvió para reposicionar la postura oficial en la materia, luego de que la repercusión menguara algunos días después de la cadena nacional del 3 de septiembre.

Javier Milei cosechó el anuncio del lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, un acuerdo de inversión y financiamiento por hasta 7.000 millones de dólares, aunque no todas fueron flores, pues quienes miran la mitad del vaso vacío y resaltan en cambio que el presidente argentino no tuvo ni una foto con Donald Trump, quien en cambio sí recibió al primer ministro británico Andy Burhan, con el que habló incluso del tema Malvinas… Y hasta se mostró con Delcy Rodríguez. Milei en cambio no tuvo bilaterales con ningún presidente, salvo su amigo Benjamín Netanyahu.

Las malas noticias vinieron de la economía. El riesgo país siguió subiendo toda la semana hasta cerrar por arriba de los 600 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde marzo. ¿Las razones? Una combinación de factores internacionales, como el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, y de factores domésticos, entre ellos la menor acumulación de reservas, las dudas sobre el financiamiento futuro de la deuda y señales de desaceleración económica que alimentan la cautela de los inversores. Y sobre todo, la creciente incertidumbre política a medida que se acerca la campaña electoral.

Consecuencia de todo, los bonos registraron nuevas bajas y las acciones argentinas acumularon varias ruedas consecutivas de pérdidas; el dólar oficial continuó avanzando, en tanto que las reservas internacionales volvieron a caer.

El jueves se conocieron los datos económicos más contundentes, con una pobreza creciendo en el primer semestre del año 4,1%, ubicándose en el 32,3%, según datos oficiales del INDEC, en tanto que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) caía un 2,9% en julio respecto del mes anterior, marcando el mayor retroceso mensual desde abril de 2020, el primer mes de la pandemia. Mientras estos datos se difundían, el Gobierno celebraba en el Senado.

No es para menos, si se contempla que no la tenía para nada sencilla el oficialismo con los temas que se proponía abordar: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al Régimen de Zonas Frías. Sobre todo este último tema, que hacía cuatro meses esperaba su tratamiento en esa Cámara y hasta hace poco muchos daban por definitivamente caído. Cuando menos de diez días antes fue dictaminado el proyecto proveniente de Diputados, Patricia Bullrich se daba por cumplida: los votos ahora dependían del trabajo hecho por Diego Santilli con los gobernadores del Norte Grande y su poder de convencimiento de que serían compensadas sus provincias mediante subsidios a las tarifas eléctricas en las denominadas “zonas cálidas” a cambio de que sus senadores acompañaran.

Cuando arrancó la sesión el jueves subsistían algunas dudas, y sobrevolaba el recinto la posibilidad de que la sesión se cayera en cualquier momento, tan justos estaban los números. En cambio no había dudas con la reforma del Banco Central, aunque el oficialismo había tenido que ceder ante la oposición sobre la designación y remoción de autoridades de la entidad. Se acordó que el Senado conservara la atribución exclusiva para prestar acuerdo a las designaciones; que tanto la designación como la remoción de autoridades requieran solamente mayoría absoluta de la Cámara alta y no 2/3 como decía la media sanción y que en definitiva la Cámara de Diputados quedara fuera de ese procedimiento. Esa era la condición que plantearon los senadores aliados y sectores dialoguistas para acompañar la reforma, y contaron con el guiño del peronismo. El acuerdo marco alcanzado incluía contar con los 2/3 de los presentes para la votación en general y en particular para todos los artículos, de modo tal que Diputados no pueda insistir con la sanción original cuando el proyecto vuelva a esa cámara.

Concluido lo del BCRA, se inició el debate de Zonas Frías, proyecto en el que el Gobierno se resistía a hacer cambios que obligaran a un retorno a Diputados. El peronismo se ausentó del recinto, en reclamo de un cuarto intermedio, ya que entendían que el tema ameritaba más negociación. Solo volverían si el oficialismo conseguía el número para mantener el quórum.

Fue una jugada del bloque de José Mayans para no participar de ese debate que incluso generaba grietas en su seno, según pudo saber este medio. Porque en realidad no había necesidad de ratificar el quórum hasta que se votara algo. Fue lo que intentó hacer el santacruceño José María Carambia, que al cabo de la primera hora de debate encabezó el intento de hacer caer la sesión con una moción para votar un cuarto intermedio. Moción que él mismo no votó, pues si se sentaba sería él quien habilitara el quórum. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, echó mano al artículo 191 del reglamento de la Cámara que establece que “si el Senado tiene que pronunciarse y no hay quórum para votar, la sesión queda levantada luego de quince minutos de llamada”. Poco antes de ese plazo hubo quórum y tras rechazarse a mano alzada pasar a un cuarto intermedio, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceleró todo pidiendo que se votara ya “en general y en particular”.

Así, con un recinto semivacío por la ausencia masiva de peronistas, La Libertad Avanza consiguió 38 votos para alzarse con esa reforma que, al no haber tenido cambios, se convirtió en ley en ese breve trámite.

No tardaron en escucharse los pases de factura contra el peronismo por su ausencia, más allá de que por lo visto no hubieran podido cambiar el resultado. Alguien argumentó razones estratégicas de campaña: lo que se votó este jueves impactará en los bolsillos de los usuarios justo en vísperas de las elecciones, con lo que la oposición será beneficiada. La realidad es que los alcanzados por este fuerte ajuste son 3,35 millones de usuarios que perderán el beneficio automático que en 2021 incorporó la ampliación de Zonas Frías. Dentro de ese total, la estratégica provincia de Buenos Aires concentra el mayor impacto, con 1,24 millones de hogares en 94 municipios que dejarán de recibir el subsidio automático.

Como sea, la cara de Bullrich fue una mezcla de satisfacción y alivio al ver el resultado de esa votación adelantada por imperio de las circunstancias. Misión cumplida, al cabo de días intensos en los que logró mantener la centralidad recuperada cuando volvió a tomar distancia de su gobierno al estallar la controversia por el fuerte ajuste en el área discapacidad oculto en algunos artículos del proyecto de Presupuesto 2027. La reacción fue tan contundente que la Casa Rosada debió negociar cambios rápidamente que se vieron en el dictamen sobre discapacidad firmado el miércoles último.

Desde esa centralidad, Patricia Bullrich fue consultada una y otra vez sobre sus deseos presidenciales personales, y si bien siempre negó estar pensando en eso, habló de la necesidad de conseguir en 2027 la continuidad “del proyecto”. Ergo, no necesariamente la continuidad de Milei.

La senadora cerró su semana perfecta tomando distancia una vez más de sus socios libertarios, y aun el jefe de Gobierno porteño -que corre por derecha a veces a LLA- en el caso de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil. Si bien Bullrich había picado en punta para criticar duramente ese fallo y el de la jueza Marta Pascual, que también frenó temporalmente la nueva Ley Penal Juvenil, se diferenció de quienes directamente pidieron el juicio político. El viernes, luego de que la Cámara de Casación revocara el fallo de De Marinis, se vio reivindicada y dijo: “No se trata de hacer propaganda ni de esperar un juicio político; se trata de recurrir a la Justicia y obtener una respuesta ahora”.

“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el Régimen Penal Juvenil”, dijo Bullrich en un Congreso Anticorrupción, donde aclaró que, sin embargo, “yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”. Es Bullrich buscando recuperar el discurso institucionalista que la caracterizó durante buena parte de su carrera política y diferenciándose de una lógica que hoy predomina en lo más alto del oficialismo.

Parlamentario.com