Discapacidad: El área que compra los medicamentos (DNASS) anotó que debe mucha más plata de la que tiene registrada,( faltan 158 mil millones), el área de contabilidad (DPYC).
Una auditoría oficial ordenada por el Gobierno Nacional detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos en los números internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra corresponde a deudas no registradas ante las áreas de control establecidas y se encuentra bajo investigación de la Justicia por presunto fraude y pago de retornos.
El informe técnico analiza la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado su Director Ejecutivo, Diego Spagnuolo. El relevamiento expuso una diferencia exacta de $158.717.131.557,63 entre los registros contables oficiales y los listados presentados por las áreas operativas de salud.
Falta de control administrativo y sospechas de fraude
La mayor discrepancia se originó en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), encargada de la compra de medicamentos de alto costo e insumos para el programa Incluir Salud. Esta dependencia, que estuvo a cargo de Daniel Garbellini, concentraba deudas que se comprometían a pagar de palabra pero que nunca completaban el circuito administrativo legal ante la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC).
El fiscal federal Franco Picardi investiga a la DNASS por un presunto fraude millonario que incluía el cobro de coimas de hasta el 20% a droguerías prestadoras. Según la fiscalía, existían “sobreprecios sistemáticos y ausencia de procedimientos administrativos adecuados“. La auditoría destaca como ejemplo que el medicamento Macitentan se adjudicó bajo contratación directa por $8,3 millones, cuando su valor real en compulsas abiertas de precios era de apenas $411.764.
Uso irregular del “Legítimo Abono”
Los auditores gubernamentales alertaron además sobre la metodología sistemática de pagos utilizada por las autoridades salientes. La exAndis apeló constantemente a la figura excepcional del “Legítimo Abono” para abonar bienes y servicios ya entregados, esquivando de forma generalizada las licitaciones públicas y los concursos establecidos por el Decreto N° 1023/2001. Esta práctica afectó la transparencia y anuló la libre competencia de precios que cuida las arcas públicas.
Bajo este marco, entre 2024 y agosto de 2025 se cancelaron facturas a prestadores médicos por un total de $479.504 millones. La droguería Suizo Argentina fue la principal receptora de fondos con $108.258 millones por la provisión de medicamentos PACBI, aunque fuentes de la empresa aclararon que operan lícitamente y no forman parte de las maniobras investigadas por la Justicia.
Toda la documentación recabada en este estudio oficial fue entregada por el Ministerio de Salud de la Nación al juzgado interviniente para avanzar con las pericias correspondientes.
