“Es falso lo que dice la jueza”: Luis Petri afirmó que el Estado puede aplicar el nuevo régimen penal juvenil pese a la suspensión judicial
El diputado de La Libertad Avanza rechazó la inhabilitación por 60 días dispuesta por la magistrada Marta Pascual. El legislador dijo que ya existen dispositivos separados para adolescentes en las provincias y que la implementación no depende de una sola jurisdicción
El diputado Luis Petri defendió el Nuevo Régimen Penal Juvenil y afirmó que el Estado está en condiciones de aplicarlo pese a la suspensión judicial.
El legislador nacional por Mendoza de La Libertad Avanza y exministro de Defensa sostuvo que las provincias ya cuentan con establecimientos diferenciados y que el presupuesto previsto fue ejecutado, según su propia declaración en Infobae a las Nueve, conducido por el periodista Gonzalo Sánchez.
Durante la entrevista, por Infobae en Vivo, Petri también aseguró que la causa Malvinas mantiene su vigencia como política de Estado. Atribuyó ese escenario a la política exterior del gobierno de Javier Milei, a las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas y al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
La suspensión del Nuevo Régimen Penal Juvenil
Petri sostuvo que la sanción del nuevo régimen respondió a una deuda que la democracia argentina mantuvo durante décadas. Según explicó, la normativa anterior había sido heredada de la dictadura y no ofrecía una respuesta adecuada ante delitos cometidos por adolescentes.
“Una de las deudas que tenía la democracia era la sanción de un régimen penal juvenil”, afirmó el diputado. Señaló que el sistema anterior fracasaba frente a casos de homicidios, violaciones y robos con armas cometidos por adolescentes.
El legislador sostuvo que algunos jóvenes quedaban impunes y que, en otros casos, el proceso judicial no permitía aplicar una condena o no contemplaba un tratamiento posterior. También cuestionó la situación de quienes tenían 14 o 15 años y no podían ser juzgados bajo el régimen anterior.
Petri afirmó que ese sistema tampoco atendía las adicciones, los problemas familiares ni la falta de escolaridad. A su vez, sostuvo que no ofrecía herramientas para que los adolescentes aprendieran un oficio, accedieran a una salida laboral o regresaran a la escuela.
Por ese motivo, planteó que la discusión no debía limitarse a la edad de imputabilidad. Según él, el nuevo esquema también debía establecer sanciones diferenciadas, establecimientos específicos, una Justicia especializada y penas alternativas a la prisión.
“La prisión es la última ratio”, afirmó Petri, al utilizar una expresión jurídica que significa que la privación de la libertad debe ser el último recurso del Estado. En su interpretación, esa medida debe reservarse para delitos graves, violentos y con un alto impacto sobre las víctimas.
La edad de imputabilidad
Petri defendió que la discusión sobre la edad debía vincularse con la capacidad de comprender la criminalidad del acto. Su argumento fue que no alcanza con considerar la edad del acusado sin analizar si sabía qué estaba haciendo y si aceptaba las consecuencias.
“Cuando sabe que está matando y acepta las consecuencias de matar y mata, tiene que ser juzgada”, sostuvo, en referencia a la persona que comprende la gravedad de la conducta y actúa pese a ello.
El diputado afirmó que la Argentina tenía una de las edades de imputabilidad más altas del mundo. Según los datos que mencionó durante la entrevista, solo cinco países mantienen una edad de 16 años, mientras que la mayoría establece el umbral entre los 12, 13 y 14 años.
Como ejemplos regionales, mencionó que Brasil fija la edad en 12 años, Chile en 14 y Uruguay en 13. Petri utilizó esas referencias para defender la necesidad de discutir el límite argentino junto con el funcionamiento completo del sistema.
Además, el diputado rechazó que el debate pudiera reducirse a estadísticas sobre cantidad de delitos cometidos por menores. “Es por la víctima, es por la persona que sufre el delito, es por la familia que queda sin un integrante”, afirmó.
Según Petri, las familias afectadas recibían del sistema anterior una respuesta basada exclusivamente en la prohibición legal. “No lo podemos juzgar porque hay una ley que lo impide”, resumió como la explicación que recibían quienes reclamaban justicia.
Presupuesto y establecimientos
Ante la consulta sobre la suspensión dictada por la jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, Petri calificó de falsa la afirmación de que el Estado no estaba en condiciones de aplicar la ley. “Es falso lo que dice la jueza y es falso que no esté en condiciones el Estado para dar cumplimiento con la ley”, afirmó durante la entrevista.
El exministro de Defensa explicó que, bajo el régimen anterior, cuando una persona de 14 o 15 años cometía un homicidio, un juez podía disponer su alojamiento en un establecimiento hasta que cumpliera 18 años. Según describió, al alcanzar esa edad el adolescente era liberado.
Petri sostuvo que las provincias no parten de cero porque ya cuentan con establecimientos diferenciados para jóvenes que cometen delitos. Admitió que esas estructuras deben ser mejoradas, pero negó que no exista capacidad instalada.
Cuando se le preguntó si las provincias habían sumado la estructura necesaria durante los 180 días previstos para la implementación, respondió que debían haberlo hecho. Después afirmó que sí se habían realizado adecuaciones y que existen establecimientos específicos en todo el país.
El presupuesto mencionado durante la entrevista asciende a $23.739 millones. Según la información expuesta por los periodistas, los recursos incluyen un aporte de $3.000 millones del Ministerio de Justicia y fondos de la Defensoría General de la Nación.
Consultado dos veces sobre si ese presupuesto se había ejecutado, Petri respondió: “Sí, claro”, sin que aportara detalles sobre el porcentaje ejecutado, los organismos responsables o el destino de los fondos.
La prevención antes de la respuesta penal
Petri sostuvo que la intervención estatal debe comenzar antes de que un adolescente cometa un delito. Para el diputado, la primera señal de alerta aparece cuando un chico abandona la escuela. “Cuando deserta del colegio, ahí hay que ir a buscarlo y ver qué pasa en esa familia”, afirmó.
También aclaró que la deserción escolar no significa que ese adolescente vaya a ingresar necesariamente en la criminalidad. Sin embargo, la definió como una señal de que existe un problema en el entorno familiar y de que no se cumple con la escolaridad obligatoria.
El diputado vinculó esa intervención temprana con el seguimiento de las adicciones, la continuidad educativa y el acompañamiento familiar. Su planteo fue que la respuesta penal no debe aparecer como el primer contacto del Estado con el adolescente.
Petri afirmó que hasta diciembre de 2023 siete de cada diez chicos eran pobres. Mantuvo ese dato como parte de su argumento sobre la situación social, aunque no precisó durante la entrevista si se refería a pobreza infantil, a una medición nacional específica o a otra categoría.
Al mismo tiempo, rechazó asociar pobreza, marginalidad y delincuencia juvenil. “No podemos caer en la trampa del kirchnerismo de estigmatizar y asociar pobreza a delincuencia marginal y a juventud”, afirmó.
Su argumento fue que los adolescentes de barrios populares también son víctimas de los delitos cometidos por otros jóvenes. Según describió, los robos de zapatillas, mochilas y celulares forman parte de una violencia cotidiana entre pares.
El diputado insistió en que la prisión no debe ser la respuesta inicial para todos los adolescentes que cometen una infracción. Según explicó, el nuevo régimen contempla medidas previas a la privación de la libertad. “La pena privativa de la libertad surge como última respuesta, no como primera respuesta”, afirmó.
Petri sostuvo que la ley prevé nueve sanciones reparadoras o restaurativas antes de imponer una pena de prisión pero no detalló durante la entrevista el contenido de cada una, aunque las ubicó dentro de un esquema de intervención socioeducativa.
Para los adolescentes de entre 14 y 17 años que ingresen al sistema de responsabilidad penal juvenil, propuso tratar las adicciones, asegurar el regreso a la escuela y garantizar la terminalidad educativa dentro del establecimiento. En ese marco, también defendió que las personas privadas de la libertad trabajen y estudien para favorecer su reinserción cuando recuperen la libertad.
Las provincias y la aplicación
Según su explicación, la organización federal genera diferencias entre las 24 jurisdicciones porque cada provincia tiene distintos niveles de infraestructura y capacidad administrativa. “Hay provincias que están lógicamente más preparadas, que cuentan con los establecimientos que hicieron los deberes, y hay provincias que no hicieron los deberes”, sostuvo.
Para Petri, esa diferencia no impide la vigencia de la ley nacional. Su argumento fue que la falta de preparación de una provincia no puede utilizarse para frenar el régimen completo. En el caso de las cárceles de adultos, reclamó la instalación de inhibidores de señal para evitar que se planifiquen delitos desde el interior de los establecimientos. También afirmó que todos los presos deberían estudiar y trabajar.
Petri acusó al kirchnerismo de sostener posiciones favorables a los delincuentes. También apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof por sus votaciones frente a proyectos destinados a endurecer penas, acelerar procesos judiciales y respaldar a policías y jueces.
Como ejemplo, mencionó un proyecto de ejecución de la pena que había presentado en Mendoza en 2012 y que volvió a impulsar en 2017. Según explicó, la iniciativa buscaba impedir las salidas transitorias y la libertad condicional para condenados por homicidios, violaciones, narcotráfico y secuestros. “En determinados tipos de delitos las condenas tienen que cumplirse en su totalidad dentro del establecimiento penitenciario”, afirmó.
Además afirmó que en 2025 la Cámara Federal de Casación Penal tuvo que dictar un fallo plenario para resolver las distintas interpretaciones judiciales sobre la constitucionalidad de la norma.
Según el relato del diputado, el tribunal resolvió por nueve votos contra dos que la ley era constitucional. También sostuvo que el Congreso tiene la potestad de fijar la política criminal y de establecer que determinadas condenas deban cumplirse en su totalidad.
La causa Malvinas y las sanciones contra las empresas
Petri afirmó que la causa Malvinas debe ser respaldada por toda la dirigencia política y mantenerse como una política de Estado. Sostuvo que el reclamo conserva fuerza social y que “abraza a todo el pueblo argentino”.
El exministro de Defensa diferenció la solidez jurídica del reclamo de su peso político internacional. Según explicó, el argumento jurídico argentino siempre fue sólido, pero durante años el país no tuvo suficiente capacidad política para sostenerlo frente al Reino Unido.
Petri afirmó que el Reino Unido ocupó las islas en 1833 y mencionó que Luis Vernet ejerció como gobernador desde 1829 y sostuvo que la Argentina heredó los territorios del Reino de España como Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta forma, la Argentina ejerció derechos posesorios y gobernó efectivamente las islas.
“El argumento jurídico siempre fue robusto. El problema es que políticamente el reclamo argentino era intrascendente”, afirmó. Según su análisis, la dificultad no estaba en la base jurídica, sino en la falta de peso político para sostenerla.
Petri atribuyó el cambio de la posición argentina a la política exterior desplegada desde el 10 de diciembre de 2023. Sostuvo que el gobierno de Milei modificó las alianzas internacionales y buscó fortalecer los vínculos con Estados Unidos, Israel y Europa.
El diputado cuestionó las relaciones que, según su interpretación, había mantenido el kirchnerismo con Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán. También mencionó el memorándum firmado con Irán como una decisión que debía ser recordada.
El diputado aseguró que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar su posición porque considera a la Argentina un socio confiable. Atribuyó esa posibilidad a la política exterior del Gobierno y no solamente a la cadena nacional de Milei por Malvinas. “Hoy tenés un Estados Unidos que, hasta las declaraciones de Trump, no había modificado su posición, que hoy te dice: ‘Nosotros estamos dispuestos a rever nuestra posición porque tenemos un socio confiable’, y Argentina es un socio confiable”, afirmó.
Petri sostuvo que las sanciones anunciadas por el Gobierno buscan impedir que empresas extranjeras exploten recursos naturales en las cercanías de las islas. Mencionó las actividades vinculadas con hidrocarburos y pesca. “Puede impedir, no quien quiere, sino quien puede”, afirmó.
El diputado vinculó esa capacidad con Vaca Muerta, YPF y los recursos del oeste argentino. Definió ese poder de influencia como soft power, una expresión en inglés que describe la capacidad de un país para obtener resultados mediante su influencia económica, diplomática y política, sin recurrir directamente a la fuerza militar.
Petri sostuvo que las empresas que intenten explotar recursos en las islas podrían quedar impedidas de operar en la Argentina y ser alcanzadas por sanciones. Según su planteo, esa posibilidad modifica la relación de fuerzas frente al Reino Unido. “Hoy nosotros tenemos poder coercitivo”, afirmó para referirse a la capacidad estatal de imponer costos o restricciones a quienes desafíen los intereses argentinos.
Además, rechazó que Milei hubiera adoptado una posición neutral sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Presidente siempre defendió la recuperación de las islas. Y respondió que el mandatario no había planteado ese principio como una renuncia al reclamo argentino. “No, lo que dijo es: ‘Los propios habitantes de Malvinas van a querer ser argentinos’”, afirmó.
El reequipamiento de las Fuerzas Armadas
Petri sostuvo que el reclamo por Malvinas también depende de la capacidad militar argentina. Según afirmó, una negociación internacional se sostiene en el poder militar de cada país. “Cuando las Fuerzas Armadas no tienen equipamiento, es la política más funcional a los intereses del Reino Unido”, afirmó.
El diputado aseguró que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas, humilladas y desfinanciadas durante décadas. También sostuvo que durante su gestión se inició un proceso para recuperar capacidades perdidas.
Y mencionó la compra de 24 aviones F-16. “Seis ya habían llegado y otros seis estaban en camino”, agregó. También habló de la adquisición de vehículos Stryker, blindados utilizados para transporte de tropas y operaciones de combate. “Ya llegó un lote, van a llegar otros 230 más, falta muchísimo”, sostuvo.
Además, reconoció que todavía falta mejorar los salarios y la obra social de los militares. Frente a una consulta sobre remuneraciones inferiores a $1 millón, sostuvo que iba a producirse un aumento del 12%. Y afirmó que, cuando asumió como ministro, 20 mil soldados no comían en los cuarteles y debían dividir las guardias.
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