La Cámara de Casación confirmó el decomiso de activos de la exmandataria, sus hijos y Lázaro Báez para cubrir un fraude de $684.000 millones.
En un fallo de gran impacto institucional, la Sala IV de Casación Federal dispuso la ejecución de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
Por decisión de la mayoría, el tribunal ratificó el recupero de activos por corrupción, estableciendo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron heredados o transferidos a terceros.
Fundamentos del fallo
La resolución judicial convalida lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2, que fijó el monto del perjuicio al Estado en una cifra superior a los 684.000 millones de pesos.
El juez Gustavo Hornos, quien lideró el voto mayoritario, argumentó que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.
A este criterio se sumó el magistrado Diego Barroetaveña, consolidando la postura de que el decomiso debe alcanzar al conjunto del patrimonio generado por la maniobra de administración fraudulenta.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, proponiendo excluir los bienes heredados por los hijos de la exmandataria al considerarlos ajenos al reproche penal.
Alcance de la medida y activos afectados
La orden de remate y ejecución incluye una extensa lista de propiedades y activos financieros detectados durante la instrucción de la causa:
- Inmuebles: Un total de 141 propiedades distribuidas entre Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el departamento de la calle San José.
- Efectivo y cuentas: Se dispuso el decomiso de US$ 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, además de otras cuentas bancarias en dólares y pesos.
- Vehículos y empresas: La medida alcanza a 46 rodados y a los activos de firmas como Austral Construcciones, señaladas como instrumentos de la maniobra delictiva.
Posición de la fiscalía
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado la ejecución inmediata ante la falta de pago por parte de los condenados.
Según el dictamen fiscal, la resistencia a entregar los fondos “constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”. La defensa, que incluyó planteos de los abogados de Nelson Periotti y Raúl Pavesi, había intentado frenar las subastas alegando que los bienes no guardaban relación temporal con los hechos sentenciados, argumento que fue finalmente desestimado por la mayoría del tribunal.
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