El Jefe de Gobierno porteño cuestionó la supervisión de la recolección de residuos por parte de las empresas concesionarias.
El jefe de gobierno porteño se refirió al incumplimiento de las labores de los recolectores de residuos. En una entrevista, Jorge Macri afirmó: “No les voy a pagar, les voy atrasar el pago” y explicó que las empresas de recolección prefieren pagar multas antes que “hacer bien las cosas”.
En un ejemplo, el jefe comunal detalló: “El camión va con dos operarios: el chófer y otro. El que acompaña, tiene que bajar con una pala y un cepillo y dejar limpia la zona de alrededor del contenedor. Por eso van dos, sino con uno alcanzaría. El segundo va para dejar todo limpio”, y aclaró en el ciclo de streaming “El pelado de La Casa”: “No siempre lo hacen”.
Finalmente, Macri destacó que tanto él como una treintena de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no pertenecen al área de higiene, controlan el operativo de recolección de residuos recorriendo los circuitos en horario nocturno. “Venimos mejorando. espero que el próximo mes, el vecino note esa diferencia”, cerró.
El sistema de recolección de residuos en CABA está estructurado sobre un esquema de concesiones privadas dividido en zonas, en el que operan varias empresas de higiene urbana bajo supervisión estatal. La administración porteña segmentó el territorio en siete áreas: seis están a cargo de compañías privadas y una —correspondiente al sur de la ciudad— es gestionada directamente por el Ente de Higiene Urbana, organismo público.
Entre las principales empresas concesionarias del servicio se encuentran Cliba, vinculada al grupo Benito Roggio Ambiental, Solbayres, AESA Buenos Aires —filial local del grupo francés Veolia—, y Urbaser Argentina, una de las mayores operadoras globales del sector que, según reportes recientes, inició un proceso de venta de su filial en el país. A estas se suma la participación del propio Ente de Higiene Urbana en la zona 5, mientras que el sistema se complementa con cooperativas de recuperadores urbanos encargadas de la recolección diferenciada de reciclables.
El modelo, que implica contratos millonarios y representa una porción significativa del presupuesto porteño, ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes tanto por su costo como por su desempeño. En los últimos meses, las críticas se intensificaron a partir de un deterioro visible en la limpieza urbana, con acumulación de residuos en distintos barrios. Informes periodísticos señalaron “fallas sistemáticas” en la prestación del servicio, incluyendo la presencia de basura fuera de los contenedores, deficiencias en el barrido y problemas de supervisión.
De acuerdo con fuentes del propio gobierno citadas en esos reportes, uno de los principales problemas radica en que cada camión tiene un ayudante que debe bajar a barrer los diseminados y que no siempre se cumple. A esto se suma la ausencia de limpieza en horarios clave y la falta de barrido matutino en cordones y cazuelas”, así como déficits en los controles internos de las empresas, cuyos supervisores deberian controlar el 80% de las tareas realizadas en calle.
Las críticas no provienen únicamente de la administración sino también de vecinos y especialistas. En distintos barrios se registraron denuncias por desbordes de contenedores, proliferación de roedores y riesgos sanitarios asociados a la acumulación de basura en la vía pública. Este escenario se inscribe, además, en un problema estructural: el bajo nivel de reciclado de la ciudad, que ronda el 18%, muy por debajo de estándares internacionales, lo que incrementa la presión sobre el sistema de recolección tradicional.
En este contexto, el jefe de Gobierno Jorge Macri quedó en el centro de los cuestionamientos políticos. Dirigentes opositores y actores sociales le atribuyen responsabilidad por el deterioro del espacio público, señalando deficiencias en la planificación y el control de las concesionarias. Aunque desde el Ejecutivo se buscó trasladar parte de la responsabilidad a las empresas, endureciendo controles y señalando incumplimientos contractuales, las críticas apuntan a la conducción general del sistema.
El cuadro actual muestra así una tensión entre el gobierno porteño y las empresas prestadoras, en un contexto de creciente malestar ciudadano. Mientras la administración del PRO intenta reforzar los mecanismos de control y atribuir responsabilidades a las concesionarias, las críticas políticas y sociales apuntan a una responsabilidad compartida —pero con eje en la conducción estatal— por la persistente suciedad en el espacio público porteño.
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