La provincia se negó a redeterminar precios y una empresa tuvo que paralizar su trabajo. Se perdieron más de cien empleos.
La historia de Teletec Group no es la de una empresa sin trabajo. Tampoco la de una estructura improvisada. Es el caso de una actividad que se volvió inviable por la falta de respuesta del estado provincial ante una crisis extraordinaria.
Hasta fines de 2023, el esquema funcionaba con normalidad. Bajo la figura de persona física, Matías Pablo Miguel ejecutaba obras para consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, con una estructura que incluía 65 empleados directos y más de 100 personas vinculadas de forma indirecta y tercerizada. Las obras en marcha, llevadas a valores actuales, representaban cerca de 1.000 millones de pesos.
El quiebre comenzó con la devaluación de diciembre de 2023, que alteró de forma abrupta toda la estructura de costos. Durante semanas, proveedores y corralones dejaron de vender ante la falta de precios de referencia, obligando a paralizar las obras. Pero, según el contratista, ese fue solo el inicio del problema.
Kicillof y la falta de respuestas
Cuando el mercado comenzó a estabilizarse, los costos ya habían escalado de forma considerable. En ese contexto, se solicitó la redeterminación de precios, el mecanismo previsto para recomponer contratos frente a variaciones extraordinarias.
Ahí es donde, asegura, la respuesta estatal resultó determinante. “La recomposición nunca fue acorde al impacto real que habíamos sufrido”, explica. Según su testimonio, la provincia de Buenos Aires no reconoció en tiempo y forma una actualización que permitiera sostener la continuidad de las obras.
El resultado fue que contratos formalmente vigentes se transformaron en económicamente inviables.
A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de crisis, donde las redeterminaciones funcionaron como una herramienta para preservar la ejecución y el empleo, en este caso —según el relato— la falta de una respuesta adecuada terminó trasladando todo el peso de la crisis a las empresas.
El contexto político y financiero agravó aún más la situación. En medio de la tensión entre nación y provincia por el envío de fondos, y con la discusión de la ley Bases como telón de fondo, la obra pública bonaerense quedó condicionada por restricciones presupuestarias. Sin embargo, desde el sector privado sostienen que esa situación no puede justificar la ausencia de mecanismos que ya están previstos en los contratos.
“Nosotros cumplimos, seguimos trabajando y sosteniendo estructuras. Pero cuando necesitábamos que el sistema respondiera, no respondió”, señala.
Desamparo y quiebre
El impacto fue directo y acumulativo. Con obras en curso, materiales ya comprados, financiamiento tomado y obligaciones fiscales vigentes, la falta de una recomposición adecuada generó un desfasaje imposible de absorber. La deuda creció hasta alcanzar los 300 millones de pesos, incluyendo compromisos con proveedores, entidades bancarias y organismos fiscales como ARBA y ARCA.
El desenlace fue la presentación en concurso preventivo y la paralización total de la actividad.
En el caso de Teletec, además, la estructura legal agravó las consecuencias. Al tratarse de una actividad desarrollada bajo la figura de persona física, las inhibiciones recayeron directamente sobre el titular, limitando fuertemente cualquier posibilidad de reactivación. Años de trayectoria, antecedentes técnicos y capacidad operativa quedaron así bloqueados.
Pero el impacto más visible es el humano.
Más de 100 puestos de trabajo quedaron afectados por el colapso de una estructura que, según su titular, no cayó por falta de actividad, sino por la imposibilidad de sostener contratos desactualizados frente a una realidad económica completamente distinta.
El caso expone una tensión estructural en la obra pública bonaerense: cuando los costos se disparan y el estado no ajusta en la misma velocidad, el sistema se rompe. Y cuando eso ocurre, la consecuencia no es solo financiera. Es productiva, laboral y, en definitiva, social.
“Lo que se destruyó no fue una empresa vacía”, concluye Matías Pablo Miguel. “Era trabajo real, gente trabajando. Y todo eso se perdió”.
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