Raúl Ojeda fue asesor del Ministerio de Trabajo durante los gobiernos de Néstor y Cristina.\
El juez laboral y exfuncionario kirchnerista Raúl Horacio Ojeda suspendió de manera provisoria 83 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT. La decisión impacta sobre una de las principales iniciativas del oficialismo y despertó cuestionamientos por los antecedentes políticos del magistrado.
El fallo, dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, dejó en suspenso aspectos clave de la Ley 27.802, aprobada recientemente por el Congreso. Desde el Gobierno confirmaron que apelarán la decisión y defendieron la reforma como una herramienta central para promover el empleo formal, mejorar la competitividad y brindar mayor seguridad jurídica.
Antes de llegar a la Justicia, Ojeda formó parte del armado laboral del kirchnerismo. Entre 2004 y 2012 fue asesor del entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Su trayectoria lo conecta directamente como beneficiario del esquema que hoy el Gobierno intenta modificar.
El magistrado es abogado egresado de la UBA, donde se desempeña como profesor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. A lo largo de su carrera publicó y coordinó obras especializadas en legislación laboral y jurisprudencia, lo que tejió su puente hacia la carrera ministerial.
En el plano doctrinario, Ojeda ha expresado posturas claras en materia laboral. En exposiciones públicas defendió el derecho a huelga como un “derecho humano” y cuestionó normas como la ley de riesgos del trabajo, a la que llegó a calificar como “nefasta”. Estas posiciones reflejan una visión alineada con los aparatos sindicales y el modelo kirchnerista.
Ojeda es además fundador del Grupo de Estudio de Derecho Social, un espacio académico vinculado al análisis del derecho laboral desde una perspectiva centrada en la “justicia social”. Allí se desempeña como vocal y participa en la elaboración de enfoques jurídicos históricamente alineados con las posiciones del sindicalismo tradicional.
El fallo fue celebrado por la CGT, que lo consideró un respaldo a la organización sindical y a la defensa de los derechos laborales. La central obrera había planteado la inconstitucionalidad de varios puntos de la reforma, argumentando que “afectaban” garantías reconocidas por la Constitución y tratados internacionales.
Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que la medida judicial implica un freno a una ley votada por amplia mayoría en el Congreso y advierten sobre el impacto institucional de suspender normas aprobadas democráticamente. En ese sentido, remarcaron que agotarán todas las instancias judiciales para revertir la decisión.
La resolución tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Mientras tanto, continuará aplicándose el régimen laboral anterior, en un escenario que vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno, la Justicia y los sectores sindicales en torno al rumbo del mercado laboral argentino.
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