Buscan destrabar una compra millonaria observada por irregularidades. La oposición denuncia persecución política.
La Justicia provincial allanó la sede del Tribunal de Cuentas en medio del conflicto por la compra de drones. El operativo buscó secuestrar el expediente de la licitación valuada en US$ 6,8 millones para la Policía de Córdoba. El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, denunció que el gobierno busca amedrentar a los auditores opositores.
Cuatro efectivos policiales ingresaron al edificio público para retirar la documentación administrativa requerida por el fiscal. El tribuno juecista advirtió que los papeles ya no estaban en esa dependencia y recordó que posee fueros. La medida judicial escala la tensión institucional entre el gobierno provincial y el ente de control.
El allanamiento ocurre luego de que la mayoría opositora frenara el visado del gasto por detectar irregularidades graves. Los vocales advirtieron que el proceso licitatorio estaba direccionado para favorecer a una única empresa oferente. La sospecha recae sobre una licitación “a renglón único” que elimina la competencia real de precios.
Ataque a los organismos de control
El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, denunció penalmente a los tribunos por abuso de autoridad e incumplimiento. El argumento oficial sostiene que el Tribunal se excedió al evaluar la conveniencia política de la compra. El Ejecutivo pretende avanzar con el gasto millonario ignorando las objeciones de transparencia planteadas.
Corvalán sostuvo que el oficialismo intenta disciplinar a quienes cuidan el dinero de los contribuyentes cordobeses. El ingreso de la policía a un órgano constitucional rompe con la tradición republicana de la provincia. La división de poderes quedó vulnerada por la urgencia política de ejecutar el presupuesto de seguridad.
El conflicto desnuda la incomodidad del poder político frente a los mecanismos de fiscalización del gasto público. La denuncia penal contra los auditores busca criminalizar la función de control establecida por la Constitución. La oposición ratificó que no cederá ante las presiones del aparato estatal.
Gasto millonario bajo sospecha
El fiscal Tomás Casas quedó a cargo de la investigación tras la finalización de la feria judicial de enero. La causa podría derivar en el Fuero Anticorrupción debido a la investidura de los funcionarios involucrados. La judicialización de la política de control debilita la calidad institucional de Córdoba.
La provincia analiza vías administrativas para reactivar la compra de los drones sin el aval del Tribunal de Cuentas. La insistencia en esquivar los controles legales genera mayores sospechas sobre la operación financiera. Los ciudadanos observan cómo se gastan millones en medio de una crisis de seguridad sin precedentes.
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