Trabajadoras sociales de Florencio Varela denunciaron que, bajo la responsabilidad del armador bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, la fuerza dejó a fiscales abandonados, endeudados y sin asistencia en medio de una desorganización que expone las causas de la derrota en la provincia de Buenos Aires.
En el barrio Carolina 2 de Florencio Varela, dos trabajadoras sociales relataron la pesadilla que vivieron al ser convocadas por La Libertad Avanza (LLA) para fiscalizar en las últimas elecciones. Lejos de recibir el apoyo prometido, quedaron a la deriva, sin respuestas ni recursos, con deudas y cargando sobre sus hombros la bronca de los fiscales que nunca fueron atendidos.
En el centro de las críticas aparece Sebastián Pareja, el armador mileísta en la provincia de Buenos Aires y hombre de máxima confianza de Karina Milei. Pareja, señalado como uno de los principales responsables de la dura derrota del oficialismo en territorio bonaerense, quedó en la mira por el desmanejo de la fiscalización en distritos clave donde se multiplicaron las denuncias de abandono y estafa a los fiscales.
Una vocación social utilizada
Alicia Beatriz Lezcano, asistente social y paciente con una enfermedad poco frecuente que le provoca severas limitaciones físicas, contó en Alternativa Sur que aceptó la convocatoria de LLA movida por la necesidad de sumar un ingreso y solventar gastos médicos. “Yo lo que quería era ganar un poco de dinero y ayudar a solventar los gastos de mi casa y mis medicamentos. Pero fue el peor día de mi vida”, aseguró.
Lezcano detalló que capacitó a cerca de setenta fiscales en aulas de su propio merendero, pero que el día de la elección la organización fue un caos: faltaban mesas asignadas, los fiscales no recibían comida ni agua, y ella tuvo que endeudarse para asistirlos. “Tengo más de cien WhatsApp de fiscales pidiéndome comida. Yo pedía transferencias para comprar un kilo de pan o una yerba. A nadie le importaba nada”, denunció.
Deudas, amenazas y silencio
La dirigente relató que muchos fiscales que defendían la boleta de Javier Milei terminaron golpeando la puerta de su casa reclamando lo que les habían prometido desde la fuerza política. “Me deben la comida de los fiscales, me dijeron que me vengan a cobrar a mí. Esa noche no me dejaban salir de mi casa con los escrutinios”, relató.
Además, aseguró que mientras algunos fiscales generales cobraron hasta 80 mil pesos, la mayoría recibió apenas 40 mil, con demoras y malos tratos. Incluso, por la falta de organización, ni ella ni varios fiscales pudieron ejercer su derecho al voto.
“Yo hoy sigo pidiendo plata prestada para devolver lo que gasté. Ni siquiera cobro la pensión por discapacidad. Esto no es una campaña en contra de nadie: esto sucedió, y tengo todas las pruebas”, sostuvo Lezcano.
Comida en mal estado y abandono
Lorena, otra trabajadora social que fiscalizó en nombre de LLA, coincidió en la denuncia y sumó detalles escandalosos: “Nos mandaron sándwiches en malas condiciones, uno tenía gusanos. Hubo chicas que terminaron vomitando. Encima nos decían que cada problema lo resolviera Alicia, como si fuera su responsabilidad”.
La mujer aseguró que varios fiscales se quedaron sin escuelas asignadas, fueron enviados al búnker por su cuenta y, al final de la jornada, cobraron entrada la madrugada, después de pagar remises de su bolsillo. “Todo salió de Alicia. Ella pagó autos, comida, papeles. Fue un descontrol total”, apuntó.
Tanto Alicia como Lorena denunciaron que, pese a los reclamos, la dirigencia de LLA en la zona no les dio ninguna respuesta. “Ni siquiera un mensaje, ni un ‘gracias’. Solo nos dejaron con insultos, deudas y problemas”, afirmaron.
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