Axel Kicillof tapa el escándalo de los 9.000 millones en multas cercenando el acceso a la información
Tras el escándalo por una deuda millonaria en multas de tránsito del gobierno bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof decidió ocultar la información restringiendo el acceso público a la base de datos, en lugar de solucionar el problema.
El gobierno de Axel Kicillof reaccionó a la publicación de una investigación periodística de REALPOLITIK que expuso una deuda de más de 9.000 millones de pesos en infracciones de tránsito de la administración bonaerense con una decisión llamativa: en lugar de responder a las irregularidades, optó por censurar el acceso público a la base de datos de multas.
Hasta hace unos días, cualquier ciudadano podía consultar el sistema de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires y verificar las deudas acumuladas por los vehículos oficiales de los distintos ministerios. Sin embargo, tras el revuelo generado por la nota publicada en este medio, la gestión de Kicillof decidió restringir el acceso a la información, permitiendo que solo el damnificado directo pueda visualizar su historial mediante la clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Tapar el sol con la mano
La maniobra busca invisibilizar el problema y evitar que quede en evidencia la falta de control y responsabilidad en el uso de los vehículos oficiales. La investigación reveló que el gobierno bonaerense adeuda más de 9.064 millones de pesos en infracciones de tránsito, con algunos ministerios acumulando miles de hojas de multas. Entre los más comprometidos están el ministerio de Salud, con 1.783 hojas de infracciones, la gobernación con 683, y el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con 552.
El impacto de esta censura no solo afecta la transparencia en la gestión pública, sino que también sienta un peligroso precedente: en lugar de corregir irregularidades, el gobierno prefiere esconderlas. Mientras los ciudadanos bonaerenses continúan siendo perseguidos por sus multas de tránsito, el estado cierra filas y se blinda ante cualquier intento de rendición de cuentas.
El doble estándar es evidente. Kicillof y su equipo han decidido que las reglas de tránsito son para cualquiera que no ocupe un lugar en el gobierno, mientras que los vehículos oficiales pueden circular sin pagar las consecuencias de sus infracciones, aunque, en la práctica, lo que ocurra con ello sea potestad de todos los bonaerenses.
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