El carpetazo: El mapa de la corrupción de la AFIP

Introducción

Vázquez, quien supo ser el “gestor” del poder dentro de la AFIP, acumula escándalos de corrupción por doquier. Por caso, en 2010 se comprobó que acumuló casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa.

Se trata de fondos que mantuvo por fuera de los controles formales y que no declaró ante el fisco, es decir, ante el organismo para el cual trabajaba en esos días.

El hallazgo surgió de una investigación que hizo la entonces interventora del PAMI Graciela Ocaña en el marco de la mafia de los medicamentos. Allí aparecían cuentas bancarias “negras” que reposaban en una sucursal no declarada del BNP. Una de ellas era de Vázquez.

Ello derivó en sendos expedientes, uno en el Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py, a cargo de Sergio Torres; el segundo -derivado de la primera pesquisa-, en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que, a su vez, delegó la investigación en la Fiscalía N° 49. Allí, el fiscal Mariano Solessio quedó encargado de investigar a los cientos de clientes de la cueva del BNP Paribas; entre ellos, a Vázquez.

El Origen:

Un poco de historia

Echegaray mantiene una relación con los Kirchner desde los ´90, a los que conoció gracias a los buenos oficios de Rudy Ulloa Igor, el ex chofer de Néstor que en la última década se convirtió en millonario.  El ahora titular de la AFIP asumió la conducción de la ONCCA luego de haber sido eyectado de la Dirección de Aduanas tras una resonante pelea que había tenido con quien era su jefe, el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, en el año 2008. El conflicto se habría suscitado por un negocio relacionado con la contratación, por más de 90 millones de dólares, de una red de computadoras y comunicaciones para reemplazar al viejo Sistema Informático María (SIM). Se trata de un área muy sensible de la administración pública ya que de la eficacia de este sistema informático depende que se le pueda poner un freno al contrabando, a las operaciones de sub y sobrefacturación y al tráfico de drogas, entre otros delitos y maniobras fraudulentas. La realidad es que, luego de 12 años de era K, el fracaso es evidente. Así lo demuestra el flagelo del narcotráfico, que no ha parado de crecer al amparo de un gobierno  cómplice, al punto que el actual titular de la Aduana, Guillermo Michel, uno de los funcionarios de mayor confianza de Echegaray, tiene conexiones con uno de los implicados en la causa Carbón Blanco, donde se investiga el envío de grandes cantidades de cocaína a Europa

Cuando estalló la interna entre Echegaray y Abad, la presidenta Cristina Kirchner decidió pedirle la renuncia a ambos funcionarios. En
realidad, fue una cortina de humo para que Echegaray pudiera ser reciclado en la ONCCA, lugar desde donde manejó un presupuesto millonario sin ninguna clase de control.

Un informe de la Auditoría General de la Nación  (AGN) detectó que durante los años 2007 y 2009, período que coincide con la administración del ahora titular de la AFIP, desde la ONCCA salieron subsidios por $ 6.398.676.336 y en muchos casos se autorizó pagos por montos hasta un 30% superior a lo solicitado por los beneficiarios. Todo esto, según la AGN, se hizo sin ninguna fundamentación y en los casos en que se comprobó que se habían otorgado beneficios de más, no se articuló ninguna acción de recupero. Uno de los casos emblemáticos es el de la firma OLIGRA SA de Quilmes, a la que se le pagaron compensaciones de más por $3.715.598 a partir de un cálculo del beneficio que incluyó valores de mercado superiores a lo fijado por la Secretaría de Agricultura. La AGN también menciona pagos irregulares a la Aceitera General Deheza SA, Milkaut SA y Nestlé Argentina SA.

Eso no es todo: una investigación del periodista Matías Longoni derivó en que Echegaray fuera denunciado penalmente en 2009 por la entrega irregular de subsidios a productores agropecuarios. Por ejemplo, a Benjamín Tapia, quien era un humilde changarín marplatense, ex funcionarios del organismo le habrían inventado un feedlot para desviar un subsidio que ascendía a un millón de pesos. Otro caso llamativo fue el de un feedlot de Carlos Casares, que habría recibido 10 millones de pesos en dos cuotas, con diferencia de tres días, y que no tenía permiso para operar en momentos en que la ONCCA era presidida por Eyras. Estos son, tan solo, algunos de los ejemplos de un despilfarro que se encuentra absolutamente impune.

ONCCA: radiografía de los funcionarios reciclados

Un dúo polémico: Luis Capellano y Pablo Aguilera

Luis Capellano actualmente es secretario de Ingresos públicos de la Nación, un cargo que forma parte del Ministerio de Economía pero que está estrechamente relacionado con la AFIP. De hecho, antes de cumplir está función, Capellano se desempeñó como ex subsecretario de Planificación del organismo recaudador. Cuando estuvo en la AFIP, quedó involucrado en maniobras oscuras con el manejo de la millonaria pauta publicitaria que tiene asignada el organismo recaudador.

Capellano también tuvo un paso por la ONCCA, donde fue Jefe de la Oficina de Chacabuco. Allí productores rurales lo denunciaron por haber montado una estructura paralela que funcionaba en su estudio y desde donde se gestionaban pagos de subsidios, quedándose con importantes comisiones que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento. Actualmente, es tal la cercanía que tiene con Echegaray, que lo acompaña en casi todos los viajes que hace al exterior.

Capellano desembarcó en la AFIP y posteriormente en el Ministerio de Economía de la mano de su socio y amigo Pablo Aguilera, otro ex funcionario de la ONCCA que actualmente cumple funciones en el organismo recaudador: es nada más y nada menos que Subdirector de Legal y Técnica de la Dirección General Impositiva (DGI).

Aguilera –hijo del abogado Jorge Aguilera, mencionado en los Juicios de la Verdad por comandar un grupo de choque que habría asesinado a judíos y estudiantes universitarios en 1975- y Capellano habrían compartido el negocio del cobro de comisiones por el pago de subsidios a feet lots, tarea de la que se habría servido de hasta vehículos oficiales. 

Aguilera está vinculado con la firma Infosistem SA. Algo similar ocurre con Capellano y la empresa Adecop SA, donde tiene un socio llamado Hugo Torcassi, con quien compartía la gestión del estudio de Chacabuco que cobraba las comisiones. Recordemos que el código de ética de la AFIP prohíbe que los funcionarios del organismo recaudador ser titulares o tener participación accionaria en empresas.  

Pese al escándalo de la ONCCA, Capellano no habría perdido las mañas. Actualmente, a cambio de jugosas comisiones, se dedicaría a acelerar trámites contemplados en el artículo 32 de la ley de Procedimientos Fiscales y también le daría protección a empresas que solicitarían sus servicios.

El artículo 32 habilita a la AFIP a conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Los fines de semana se suele ver a Capellano jugando al golf en el country Los Lagartos, lugar donde captaría clientes adinerados. También sería un habitué del restaurant Rond Point, donde suele mantener reuniones de carácter reservado relacionadas con sus negocios. Una de las empresas que habría contado con los servicios de Capellano, según nuestras fuentes, es Via Bariloche en una transacción que rondó los 4 millones de pesos.

Irregularidades públicas y privadas: Diego Garayzabal

Se trata del ex jefe de la regional Córdoba de la AFIP, y es una de las personas más cercanas a Ricardo Echegaray, que lo viene acompañando desde sus épocas como director de la ONCCA. Estuvo involucrado en el escándalo por irregularidades en la entrega de subsidios a los feed lots, acusado de haber sido uno de los responsables de haber desmembrado el organismo público en materia de seguridad informática y de haber cometido supuestas maniobras ilícitas en la creación de oficinas paralelas frente a la ONCCA donde se cobraban las coimas que llegaban hasta el 30% de los negocios realizados.

 A pesar de que abandonó su lugar en la AFIP regional Córdoba en enero, todavía figura en los registros de la Anses como empleado del ente recaudador. Garayzábal fue acusado el año pasado por posibles incompatibilidades entre sus actividades públicas y privadas con la creación de diferentes firmas a su nombre y el de su esposa, Bárbara Ramos.

 Entre las empresas creadas por él, están Alariel S.A., Ramsol S.A.,  Audeco SA y Matricería Mediterránea SRL, con esta última tiene grandes negocios con Electroingeniería S.A., una de las empresas más ligadas al poder kirchnerista a través de su dueño, Gerardo Ferreyra y su relación personal con el secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini.

Hermanos ante la Justicia: Fernando y Oscar Villaverde

De extensa relación con el titular del ente recaudador desde sus épocas de estudiante universitario en la Universidad de Mar del Plata, Fernando Villaverde fue una de las personas que más cerca estuvo de Ricardo Echegaray a lo largo de todo su desempeño en la función pública.

 Polémico como pocos, estuvo involucrado en un escándalo por detentar públicamente un título que no tiene, como es el de abogado y durante mucho tiempo gustaba denominarse como el alter ego de su amigo y empleador. Estuvo involucrado en la causa judicial de la ONCCA por haber sido la persona que supuestamente daba las órdenes para darle compensaciones a personas que no eran productores de feed lots y de haber sido el encargado de pagarle en forma indebida al changarín Benjamín Tapia, por el cual se descubrió todo el escándalo de estas maniobras turbias en el organismo estatal.

Cuentan en Mar del Plata, que hace pocos días atrás un prestamista habría arremetido a golpes contra Villaverde por una deuda, y que anda todos los días por los Tribunales de la Feliz con sus abogados para destrabar las causas que hay en su contra y que dice a quien lo quiera oír, que “teme por su vida”. Actualmente, figura en los registros de la Anses como empleado de la AFIP.

Su hermano Oscar, figura actualmente en la Anses como prestando servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises. En su momento, supo tener en la ONCCA bajo su cargo toda el área de informática del organismo y fue junto a Diego Garayzabal el propulsor del sistema Jauke, transformando en vulnerable el mismo por las incompatibilidades con el sistema SIO, facilitando oficinas paralelas de la ONCCA.

Funcionario K todo terreno: Emilio Eyras

Persona de absoluta confianza de Ricardo Echegaray, fue su segundo dentro de la ONCCA y quedó a cargo del organismo público, una vez que su jefe pasó a comandar la AFIP.

Fue investigado por haber sido el firmante de distintas normas que le habrían costado al Estado más de 10 millones de pesos en subsidios a empresarios que no tenían identificados sus feed lots.

En la actualidad, Eyras es funcionario de la AFIP: se desempeña como Jefe Interino del Departamento Riesgos, Planificación y Control de la Subdirección General de Auditoría Interna del ente recaudador. Además, fue Director Ejecutivo del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo ACUMAR.

Dueño de las oficinas paralelas: Marcelo Utje

Marcelo Utje es un contador que el propio Ricardo Echegaray contrató en su paso por la ONCCA, que supo ganarse su confianza y escaló posiciones hasta llegar a ser coordinador general del organismo público ya disuelto. Según lo declarado por diversos testigos ante la Justicia, era el hombre encargado de llevar adelante la oficina paralela a la ONCCA establecida en el domicilio de Piedras 519 de la Capital Federal.

Figura como funcionario  de la AFIP en los registros de la Anses. Además, está anotado como monotributista clase G prestando actividades en servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público.  Además, teniendo un estudio contable en la Calle Bulnes de la Capital Federal.

Premio a la obsecuencia: Christian Turba

El actual titular de la División Jurídica de la regional AFIP de Mar del Plata, es un hombre ligado estrechamente a Ricardo Echegaray que lo acompaña desde hace varios años en la función pública.

 En sus tiempos como funcionario de la ONCCA estuvo a cargo de la coordinación de Comercio Exterior, teniendo que regular exportaciones por más de 30.000 millones de dólares, y por donde habrían sido muy grandes los distintos reembolsos de los que se habrían hecho los hombres involucrados en la fraudulenta maniobra.

 Kirchnerista convencido, no tiene empacho en definirse como un “K puro” y figura como aportante de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Así aparece en los registros de la Cámara Nacional Electoral en el Poder Judicial de la Nación.

 Según el Boletín Oficial, desde el 20 de marzo del año pasado figura al frente de División Jurídica de la regional AFIP de Mar del Plata, tras un breve paso como empleado de la Dirección Regional Mar del Plata en el área de Fiscalización.

Fallas sospechosas: Eduardo Jorge Nitti

Hombre de íntima confianza de Ricardo Echegaray por años, fue el encargado de impulsar el sistema informático Jauke, que por extrañas fallas en el mismo, permitió que se cobraran enormidad de subsidios truchos en la ONCCA.

Nitti tuvo mucha llegada al ahora titular de la AFIP, lo que lo llevó a ser la persona encargada de inscribir ante la NIC (Network Information Center) de nuestro país, el ente Cancillería donde se inscriben los dominios de Internet, la página oficial de la ONCCA.

En junio de 2010 se desató un fuerte escándalo que lo tuvo como protagonista, cuando fue echado de la Policía Metropolitana, pasándolo a disponibilidad, por no haber comentado en su historia que estaba siendo investigado en la Justicia por los hechos acaecidos durante su paso por el organismo público. Nitti, que revistaba en la delicada área de Comunicaciones de la Metropolitana, fue Policía Federal antes de ingresar a la ONCCA, y fue acusado por diversos sectores de la oposición de ser uno de los principales responsables en las irregularidades cometidas con los subsidios a productores agropecuarios inexistentes.

Actualmente continúa figurando como empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y habría estado relacionado con una empresa llamada Bellcom TC SA, dedicada a la venta de equipos científicos.

Otros involucrados en el caso

Bernardo Calcagno y Luis Gentile, son dos personas que estuvieron implicadas en los desvíos de fondos de la ONCCA. El primero fue acusado por haber conformado en la dirección de Piedras 519 de la Capital Federal, una oficina paralela al organismo público en donde aparentemente habrían tenido computadoras con el sistema del ente nacional.

Por su parte, a Gentile se lo imputó de ser la persona responsable de cajonear los trámites de las personas que se negaban a pagar las coimas en la ONCCA o de adelantar las compensaciones a falsos productores rurales.

Abogado con un rol clave: Cristian Ingratta

Es un abogado que estuvo encargado de las cuestiones legales dentro de la ONCCA durante el paso de Ricardo Echegaray al frente del organismo público. Cuando su jefe se fue a la AFIP, se quedó unos meses en la ONCCA para seguir de cerca a los sucesores de Echegaray. Ingratta, en la Justicia, figura como una de las personas responsables de haber solicitado contraprestaciones en las entregas de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) a los productores agropecuarios.  En la actualidad está registrado en la Anses como empleado de la AFIP que comanda su todavía jefe político, y se encuentra prestando servicios jurídicos en la ciudad bonaerense de Ayacucho como monotributista categoría C sin personas a su cargo.

Compinche desde la primera hora: Sergio Mancini

Sergio Mancini, director de la AFIP en Mar del Plata, es un viejo amigo de Ricardo Echegaray de sus épocas universitarias en la ciudad balnearia en la UPAU (Unión para la Apertura Universitaria), brazo universitario de la Ucedé.

Habría sido la persona puesta especialmente por Echegaray como director de la Regional Mar del Plata de la AFIP para poder tapar y vigilar de cerca todos los hechos que sucedieron durante su paso como director de la ONCCA.

Este funcionario estuvo involucrado junto a Guillermo Michel, entonces Subdirector de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, y Andrés Vázquez, titular de la regional Sur del ente recaudador, en el escándalo de los aprietes al Grupo Clarín que hasta incluyeron allanamientos.

Un sombrío renovador: Sergio Paleo

Sergio Paleo fue el coordinador de Compensaciones en la ONCCA y tuvo a su cargo el pago de las cuestionadas compensaciones a empresas de alimentos por más de 3.600 millones de pesos.

Este ex funcionario de la intendencia de Daniel Katz en Mar del Plata, era un hombre cercano a Fernando Villaverde, teniendo llegada directa a Ricardo Echegaray, y según diversos testimonios fue uno de los responsables de llevar adelante una “ONCCA paralela”, armando distintas sociedades con una gran cantidad de prestanombres.

 En la actualidad se encuentra inmerso en la campaña política de la ciudad balnearia junto al massista Javier Faroni. De extracción radical, supo cosechar buenas migas con Elvio Aprile y luego se sumó a la masa de radicales K recalando primero en la ONCCA y luego en la AFIP, lugar del que se tuvo que ir hace unos años por una pelea con su entonces jefe político.

Un oficial obsecuente al jefe: Juan María Conte

Compañero de ruta de Ricardo Echegaray desde que este asumió grandes puestos de responsabilidad en la función pública. Primero fue una de sus voces dentro de la ONCCA, y ahora se desempeña como Subdirector General de Administración Financiera de la AFIP.

 Antes de entrar a trabajar en la ONCCA con Echegaray, Conte habría sido un insignificante abogado que trataba de ganarse la vida en Tribunales con casos menores, pero que una vez que ingresó a la función pública, adquirió la plena confianza del titular del ente recaudador. Está implicado en el caso de los subsidios truchos de la ONCCA por haber sido el responsable de manejar las compensaciones millonarias del organismo público, situación por la cual tuvo que dar explicaciones en reiteradas ocasiones ante los fueros judiciales.

Ricardo Echegaray

Es el administrador general, de pasado en la Ucedé y conocedor como pocos de los negocios de los Kirchner. Lo conoció a Néstor a través del empresario Rudy Ulloa Igor,  que pasó de ser chofer de Kirchner a empresario multimillonario, de forma similar a Lázaro Báez. Estuvo involucrado en numerosos casos de corrupción durante su paso por la Aduana y el ONCCA, y su exjefe de gabinete está procesado por haber otorgado una escandalosa moratoria luego de que presuntos testaferros de Boudou se hicieron de Ciccone Calcográfica.  Además, un empresario pesquero de Mar del Plata acusó a Echegaray, en sede judicial, de haber querido quedarse con esa imprenta.

Guillermo Michel

Actual director general de la Aduana, cargo que asumió en marzo de este año luego de haber sido titular de la Coordinación Técnico Institucional de la AFIP. Oriundo de Gualeguaychú, donde aún vive, fue socio en Pedro Guastavino, senador kirchnerista y ex vicegobernador de Entre Ríos. Michel es de extrema confianza de Echegaray, haría el trabajo sucio. Está vinculado con los servicios de inteligencia, tiene pasado como hacedor de empresas fantasmas sospechadas de ser plataforma para lavar dinero, sirviéndose de los servicios de una abogada llamada Ana Cristina Palesa que también aparece en empresa ligadas a Carlos Salvatore, uno de los procesados en la causa Carbón Blanco por el envío de un tonelada de cocaína a Europa. Michel está sindicado de haber sido el ideólogo de los operativos de apriete contra Clarín y contra Ricardo Lorenzetti

La abogada Palesa también aparece rubricando empresas del uruguayo Jorge Lambiris, un ex pirata del asfalto que fue condenado por la Justicia en el año 2000 y que maneja los negocios de los depósitos fiscales de la Aduana. Lambiris fue escrachado junto con Echegaray veraneando en Río de Janeiro y ambos también habrían viajado a Emirato Arabes.

Mariana de Alba

Es la subdirectora general de Operaciones de Interior. Se trata de una funcionaria de 46 años, con un frustrado paso por la política electoral. Formó parte del ignoto partido “Confederación Vecinal” que en las elecciones legislativas de 2005 llevó como principales postulantes a dos ex jueces (ambos ya fallecidos): Julio Cruciani e Irma Lima, obteniendo un paupérrimo 1,83% de los votos. De Alva tuvo su minuto de fama el año pasado durante el escandaloso remate de la camioneta del valijero Leonardo Fariña -preso por evasión impositiva y está acusado por lavar dinero de Lázaro Báez (presunto testaferro de los Kirchner)- . La BMW negra de Fariña, modelo X6 del año 2011, patente JMK 762, con 42.000 kilómetros y con un valor de mercado de un millón de pesos, quedó en poder de un tal Carlos Limeres, un monotributista D, una de las categorías más bajas ya que contempla hasta 96 mil pesos de ingresos brutos al año. Limares ofreció 644 mil pesos por el vehículo en cuestión. Es decir, los números no cierran por ningún lado. Al trascender estos datos, la operatoria tuvo que ser anulada y De Alva quedó en off side, al punto que tuvo llamarse a silencio cuando unos días antes había declarado: “Si la Justicia nos lo permite, primero vamos a rematar los autos, luego el campo y cualquier otro bien que Fariña tenga con el objetivo de cobrar la totalidad de la deuda”.

Ricardo José Marino 

Es el del actual Subdirector General de Planificación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Participó en el proceso de quiebra y vaciamiento del antiguo Frigorífico Buenos Aires, recuperado por los trabajadores y convertido en la actual Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón 58 Limitada. , la participación de Marino –que ahora cumple funciones en un organismo que define la vida y la hacienda de los contribuyentes- se dio luego de que un grupo empresario se hiciera cargo de la empresa que pertenecía a las familias Torres y Gelón tras la crisis del año 2001. Lejos de aportar soluciones, lo que parecía un remedio terminó siendo mucho peor que la enfermedad. A través de oscuras maniobras, se vació la empresa, llevándola a la quiebra y al total abandono de sus instalaciones y empleados.

Horacio Curien 

Es el subdirector general de fiscalizaciones. Se trata de un funcionario de pésimos antecedentes ya que fue uno de los funcionarios que en el año 2010 viajó a La Patagonia para reunirse con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en su estudio.  Allí habrían “retocado” las declaraciones juradas de la familia presidencial, fabricando así la excusa perfecta para que el inefable juez Norberto Oyarbide archivara una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito. Curien debe fiscalizar a los bancos a través de la  Dirección de Investigación Financiera, teniendo facultades para autorizar la matriz de las declaraciones juradas anticipadas de Importación (DJAI) y las declaraciones juradas anticipadas de Servicios (DJAS). Palabras más palabras menos, por su manos pasa gran parte del sistema de contralor impositivo.  

Curien es quien determina a quien se lo fiscaliza, monitorea las fiscalizaciones electrónicas y Echegaray también le asignó la responsabilidad institucional de investigar la “lista” de argentinos con cuentas en Suiza que el titular de la AFIP alardea haber conseguido profesionalmente, aunque en realidad serían datos aportados por el gobierno francés a partir de lo que fue informado por un empleado infiel del HSBC. Hay sospechas de que la ofensiva contra ese banco, en rigor, es una represalia porque el HSBC les bloqueó un crédito a Echegaray y a sus socios para hacer un emprendimiento inmobiliario en Uruguay. Entre los socios de Echegaray, se menciona al ex pirata del asfalto Jorge Lambiris, vinculado con los negocios de los depósitos fiscales.

Curien está ligado con la Asociación de Bancos de la Argentina, entidad que aglutina empresas a la que debiera controlar. Antes de desembarcar como funcionario en la AFIP fue un importante directivo del Banco Francés y nunca habría perdido contacto con el titular de dicha entidad, Mario Vicens, quien fue presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina hasta el año 2011.  Las fuentes consultadas afirman que Curien –que actualmente vive en el exclusivo country Pilar del Este, sobre la Ruta Panamericana- recibiría precisas instrucciones de Vicens, todas las semanas, en reuniones que mantendrían en un reconocido restaurant porteño, ubicado a pocas cuadras de la sede central de la AFIP.

Silvana Quinteros

Actualmente está a cargo de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Es amiga de la esposa de Echegaray. Quinteros, antes de llegar a la AFIP, estuvo a cargo de la oficina de la ONCCA en Bahía Blanca, un organismo que tuvo que ser disueltos por las múltiples denuncias de corrupción relacionadas con el reintegro de subsidios a productores y empresas agropecuarias.

Guillermo Fabián Cabezas Fernández

Es, quizás, uno de los funcionarios de mayor confianza de Echegaray.  Nacido y criado en Berisso, Cabezas Fernández se desempeña como subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones, y fue compañero de promoción de Echegaray en el Liceo naval de Ensenada. Pero su función no sólo consiste en garantizar el funcionamiento de las computadoras. Va mucho más allá, al punto que sería uno de los principales funcionarios que intervino en el escándalo de la exCiccone Calcográfica. Cabezas Fernández integra una empresa fantasma llamada AONIKENK APART SA, con domicilio en Neuquén. Se trata de una firma que, según consta en el edicto publicado en el Boletín Oficial de esa provincia, está dedicada a la explotación, promoción, comercialización, desarrollo y administración de establecimientos turísticos y hoteleros;  el mismo rubro que utilizarían los funcionarios kirchneristas para el blanqueo de divisas, especialmente en El Calafate. Un periodista del diario Hoy se hizo presente en la sede de la firma, ubicada en la capital de Neuquén, y el piso C no existe. En el lugar hay un edificio de departamentos, y los vecinos que allí viven nunca sintieron hablar de que en el inmueble funcionara una empresa turística, y no conocen a Cabezas Fernández ni a Vargas.

Pablo Aguilera

Otro ex funcionario de la ONCCA que actualmente cumple funciones en el organismo recaudador: es nada más y nada menos que Subdirector de Legal y Técnica de la Dirección General Impositiva (DGI). Aguilera –hijo del abogado Jorge Aguilera, mencionado en los Juicios de la Verdad por comandar un grupo de choque que habría asesinado a judíos y estudiantes universitarios en 1975- junto con Luis Capellano, actual secretario de Ingresos públicos de la Nación y ex subsecretario de Planificación del organismo recaudador, habrían compartido el negocio del cobro de comisiones por el pago de subsidios a feet lots, tarea de la que se habría servido de hasta vehículos oficiales. Acompañando a Echegaray, el patrimonio de Aguilera habría crecido exponencialmente al punto que,  sería dueño de varios departamentos en Miami. Actualmente, en la AFIP, sería el encargado de manejar y cobrar las consultas vinculantes que hacen los contribuyentes para que la DGI determine si están alcanzados por determinados impuestos y dar la interpretación jurídica al respecto. Aguilera habría hecho designar a Sebastián Durruty que fue director regional del organismo recaudador en Mar del Plata y actualmente desempeña el mismo cargo en Tucumán. Durruty estaría relacionado con otro negocio millonario relacionado con el pago de devoluciones de exportaciones. Según trascendió, cuando inspectores de la AFIP de Bahía Blanca comenzaron a realizar esa investigación sobre la usina de boletas truchas de la que se habría servido empresarios como Lázaro Báez, Echegaray decidió disolver la regional bahiense y la investigación pasó a depender de Durruty, en Mar del Plata. En este caso está involucrado Juan Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, que está preso por otra causa mucho más pesada: fue denunciado como supuesto jefe de una red de narcotráfico. También está acusado por presunto lavado de activos y tráfico de personas.

Daniel Santanna 

Es subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Este funcionario –que reporta a Echegaray- habría amasado una fortuna con negocios turbios que tendrían que ver con el manejo de bagayos (bultos, paquetes, equipajes) y la falsificación de declaraciones juradas de importaciones derivadas a depósitos fiscales de amigos del poder, como el uruguayo Jorge Lambiris, el expirata del asfalto vinculado con Echegaray.

Santanna sería uno de los responsables de la denuncia judicial trucha que se habría presentado en la Fiscalía Penal Económica Nro. 5, a cargo de Miguel Schamun, que tendría una relación muy cercana con funcionarios del organismo recaudador. Con esta demanda se busca aprovechar los vericuetos de las leyes de competencia y de los códigos procesales para neutralizar el accionar de aquellos encargados de administrar Justicia que estén dispuestos a cumplir con su deber, es decir, hacer que los delincuentes que pasan por la administración pública terminen tras las rejas. 

Santanna es un funcionario que arrastra pésimos antecedentes ya que en el año 2005 había sido expulsado de la Aduana por el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, al verse salpicado en causas relacionadas con el narcotráfico. Pero, tiempo después, fue reincorporado al organismo.

En el escándalo por la ex Ciccone intervinieron funcionarios que acompañan a Echegaray desde su paso en la ex ONCCA, organismo que fue disuelto por los escándalos de corrupción

El escándalo por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, que la semana pasada derivó en la confirmación del procesamiento de Amado Boudou, también puso de manifiesto la estructura oscura y corrupta que existe en la AFIP. El organismo que conduce Ricardo Echegaray jugó un papel preponderante para que el affaire pudiera concretarse al haber concedido un inédito plan de pagos a 12 años –con una irrisoria tasa de interés- para que los presuntos testaferros del vicepresidente pudieran levantar la quiebra de la compañía.

En definitiva, lo que ahora está saliendo a la luz no hace más que confirmar la podredumbre reinante en el organismo recaudador. En rigor, para entender la lógica de funcionamiento de la AFIP es necesario explicar la fisonomía de la bandas, con característica de organizaciones mafiosas, que confluyen en la conducción del organismo recaudador. Los bandos parecen estar bien definidos: por un lado se encuentran los funcionarios que acompañan a Echegaray desde su paso por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y por el otro están los llamados liceístas, es decir, compañeros que tuvo el actual titular de la AFIP durante su paso por el Liceo Naval de Ensenada.  Ambos sectores, si bien mantienen una pelea subterránea, estarían vinculados con negocios millonarios.

La ONCCA es un organismo que tuvo que ser disuelto por el gobierno a raíz de los escándalos de corrupción que habría tenido lugar en su seno. Fernando Villaverde es uno de los funcionarios que acompañó a Echegaray en esa oficina de control comercial y cumplió en la AFIP hasta noviembre del año pasado.  Villaverde, que es oriundo de Mar del Plata al igual que Boudou, es quien habría gestionado el plan de pagos para la ex Ciccone con el amigo y principal socio del vicepresidente, Alejandro Nuñez Carmona, otro marplatense procesado en el affaire. Ellos no actuaron solos: el ingeniero de la maniobra habría sido Rafael Resnick Brenner, quien era jefe de asesores de Echegaray y que también está procesado en la causa. Tras estallar el escándalo, Resnick fue designado titular del regional Salta de AFIP, cargo que desempeña hasta el día de hoy y que le permite una vida cargada de lujos al punto que vivió durante tres años en un hotel cinco estrellas. Semejante beneficio sólo se justificaría en la necesidad de que Resnick Brenner no prenda el ventilador.

Otro ex ONCCA es Luis Capellano, actual secretario de Ingresos públicos de la Nación y ex subsecretario de Planificación del organismo recaudador. Cuando estuvo en la AFIP, quedó involucrado en maniobras oscuras con el manejo de la millonaria pauta publicitaria que tiene asignada el organismo recaudador. En su paso por la ONCCA, donde fue Jefe de la Oficina de Chacabuco, productores rurales lo denunciaron por haber montado una estructura paralela que funcionaba en su estudio jurídico y desde donde se gestionaban pagos de subsidios, quedándose con importantes comisiones que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento. Actualmente, es tal la cercanía que tiene con Echegaray, que lo acompaña en casi todos los viajes que hace al exterior.

Capellano desembarcó en la AFIP y posteriormente en el Ministerio de Economía de la mano de su socio y amigo Pablo Aguilera, otro ex funcionario de la ONCCA que actualmente cumple funciones en el organismo recaudador: es nada más y nada menos que Subdirector de Legal y Técnica de la Dirección General Impositiva (DGI). Aguilera –hijo del abogado Jorge Aguilera, mencionado en los Juicios de la Verdad por comandar un grupo de choque que habría asesinado a judíos y estudiantes universitarios en 1975- y Capellano habrían compartido el negocio del cobro de comisiones por el pago de subsidios a feet lots, tarea de la que se habría servido de hasta vehículos oficiales. De forma muy sospechosa, Echegaray fue sobreseído de la causa judicial por las irregularidades en la ONCCA. Pero el proceso no estaría cerrado: en la causa, que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Ramos, y que fue impulsada por la fiscalía federal Nro. 7, todavía hay procesados. Y también se estarían investigando distintos hechos acaecidos en Mar del Plata relacionados con subsidios millonarios a changarines.

Pese al escándalo de la ONCCA, Capellano no habría perdido las mañas. Actualmente, a cambio de jugosas comisiones, se dedicaría a acelerar trámites contemplados en el artículo 32 de la ley de Procedimientos Fiscales y también le daría protección a empresas que solicitarían sus servicios. El artículo 32 habilita a la AFIP a conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Se suele ver a Capellano jugando al golf en el country Los Lagartos, lugar donde captaría clientes adinerados. También sería un habitué del restaurant Rond Point, donde suele mantener reuniones de carácter reservado relacionadas con sus negocios. Una de las empresas que habría contado con los servicios de Capellano, según nuestras fuentes, es Via Bariloche en una transacción que rondó los 4 millones de pesos.

Otros ex ONCAA

Emilio Roberto Eyras, quien fue el segundo de Echegaray en la ONCCA y los reemplazó cuando fue designado titular de la AFIP, también estuvo involucrado en el escándalo judicial de los subsidios a los feed lot.

Luego de la disolución de la ONCAA, Eyras encontró refugio en el organismo recaudador y este año fue designado como Jefe Interino del Departamento Riesgos, Planificación y Control de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP. Antes de pasar a cumplir esta gestión, se desempeñó como consejero técnico de Auditoría, Administración y Recursos humanos en la Dirección de Planeamiento y Análisis de Gestión.

José María Conte, que actualmente ocupa la subdirección de Administración Financiera de la AFIP, es otro de los funcionarios que cumplió órdenes de Echegaray en la ONCAA.

El rol de Aguilera

Pablo Aguilera cumple un rol clave en la estructura corrupta de la AFIP al punto que sería uno de los principales cajeros de Echegaray. Cuando existía la ONCCA, era el jefe de asesores de Echegaray y era el encargado de poner a los coordinadores en el interior del país, que actuaban como agentes recaudadores de las comisiones que se cobraban por el pago de subsidios de feed lots. Cuando Echegaray asumió en la AFIP, nombró a Aguilera primero como Subdirector de Asuntos Jurídicos y luego como Subdirector de Técnico Legal de la Dirección General Impositiva (DGI).

Acompañando a Echegaray, el patrimonio de Aguilera habría crecido exponencialmente al punto que, ,  sería dueño de varios departamentos en Miami.

Actualmente, en la AFIP, sería el encargado de manejar y cobrar las consultas vinculantes que hacen los contribuyentes para que la DGI determine si están alcanzados por determinados impuestos y dar la interpretación jurídica al respecto.

Al igual que hacía en la ONCCA, habría sido el encargado de nombrar a varios funcionarios de segunda y tercera en la AFIP. Por ejemplo, habría hecho designar a Sebastián Durruty que fue director regional del organismo recaudador en Mar del Plata y actualmente desempeña el mismo cargo en Tucumán. Durruty estaría relacionado con otro negocio millonario relacionado con el pago de devoluciones de exportaciones.

Además, durante su paso por La Feliz, estuvo sindicado por haber desarticulado una investigación que había hecho la regional de Bahía Blanca del organismo recaudador relacionada con una usina dedicada a la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez.

Según trascendió, cuando los sabuesos del sur bonaerense comenzaron a realizar esa investigación, Echegaray decidió disolver la regional bahiense, que pasó a depender de Mar del Plata. En este caso está involucrado Juan Suris, el novio de la pulposa vedette Mónica Farro, que está preso por otra causa mucho más pesada: fue denunciado como supuesto jefe de una red de narcotráfico. También está acusado por presunto lavado de activos y tráfico de personas.

Liceístas: una sociedad secreta

Este grupo de funcionarios de la AFIP están liderados por compañeros que tuvo Echegaray en el Liceo Naval de Ensenada. Vínculos con represores, sociedades fantasmas y hasta con un frigorífico que terminó en quiebra

A diferencia de lo ocurrido durante su paso por la Aduana y por la ONCCA, Ricardo Echegaray decidió rodearse en la AFIP de distintos compañeros que tuvo durante su época de estudiante en el Liceo Naval “Almirante Guillerm Brown” de Ensenada. Pero, en lugar de hace honor al prócer de la Independencia que le dio el nombre a la institución educativa que los formó, los llamados “liceístas” han optado por emprender el camino de los negocios oscuros.

Uno de los principales referentes de este grupo, que actúa como si fuese una sociedad secreta, es el abogado Sergio Raúl Vargas. es un abogado especializado en derecho penal de la Universidad Austral, ligado al Opus Dei y a distintos represores de la última dictadura.  A diferencia de Echegaray, decidió hacer carrera en la Armada y llegó hasta capitán de corbeta. Debido a su condición de abogado y por sus contactos en la Justicia Federal, fue asesor directo de varios almirantes de oscuros antecedentes. Durante años fue una suerte de “intocable” dentro de la Armada y parte integrante del equipo jurídico para defender a represores acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ello motivó que la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, le pidiera la renuncia. No tardó en encontrar amparo con su amigo Echegaray, de quien hoy es su principal operador en los tribunales al punto de que, según informaron distintas fuentes habría sido el encargado de negociar con el juez Ariel Lijo para evitar que incluyera a su jefe en el acta de procesamiento por el escándalo de la ex Ciccone. El armado que tejió Vargas ahora tambalea. Uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Boudou le exigió a Lijo, en su fallo, que Echegaray sea llamado a declaración indagatoria. De concretarse esta medida, el titular de la AFIP quedaría al borde del procesamiento y del juicio oral. Evidentemente, el final de ciclo K le genera muchos problemas al capitán de corbeta que solía jactarse de sus contactos con algunos jueces y fiscales logrados gracias a los intereses económicos que representaba. Habría sido abogado de empresas fashion como Louis Vuitton, Chanel, La Martina, Dior y Givenchy.

Vargas mantiene una estrecha relación comercial con  Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández, otro egresado del Liceo Naval (nacido y criado en Berisso) que es licenciado en sistemas. Vargas y Cabezas Fernández fundaron la empresa hotelera Aonikenk Apart SA, con sede en la calle Basavilvaso 287 Piso C de la ciudad de Neuquén. Hay claros indicios de que Aonikenk sería una empresa fantasma. En el lugar hay un edificio de departamentos y, a fines del año pasado, los vecinos que allí viven dijeron  que nunca sintieron hablar de que en el inmueble funcionara una empresa turística. Tampoco conocen a Cabezas Fernández ni a Vargas. Por eso, luego de que nuestro diario diera cuenta de esta situación, Echegaray se vio obligado a firmar una resolución donde prohíbe a funcionarios de la AFIP tener empresas y da un plazo de tiempo para que se desprendan de las sociedades comerciales de las que estén formando parte.

Otros funcionarios vinculados a los liceístas son Manuel Terrizzano, actual subdirector de Atención al Contribuyente, y Ricardo José Marino, subdirector general de Planificación. Este último tampoco tiene los mejores antecedentes. Concretamente, integró el directorio del Frigorífico Buenos Aires, una empresa que habría sido vaciada y que terminó quiebra, siendo recuperada por sus trabajadores. A raíz de este antecedente, en el año 2010, el Banco Central emitió una circular que obliga a los bancos y casas de cambio no realizar operaciones de cambio, sin previa autorización del BCRA.

Michel: el espía de Echegaray

Uno de los funcionarios que trabaja codo a codo con los liceístas es Guillermo Michel (especialmente con Cabezas Fernández), actual subdirector de Relaciones Técnico-Institucionales.
El apriete de poco le sirvió. De hecho hay mucho más por contar. Por ejemplo, Michel sería el principal nexo entre Echegaray y Lambiris, el empresario uruguayo que fue condenado por contrabando y que acompañó al titular de la AFIP en sus vacaciones por Río Janeiro. De hecho, Michel habría llegado a ocupar la función que desempeña actualmente a partir los “buenos oficios” que oportunamente hizo Lambiris (ver página 7).

Michel cumple tareas que le resultan muy útiles a Echegaray: sería el guardián de las claves de acceso a los sistemas informáticos que utiliza la AFIP, siendo el encargado de espiar a sus colegas en el organismo y de dirigir las acciones contra los enemigos de Echegaray.  Por ejemplo, es quien habría diseñado la escandalosa inspección que se le hizo al grupo Clarín. En rigor, Michel es quien centraliza toda la información, encargándose muchas veces de hacer el trabajo sucio. Por eso le asignaron una tarea por demás sensible como es ser la “autoridad de aplicación” del proceso expropiatorio de los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica).
En Gualeguaychú, su ciudad natal y donde sigue viviendo, comentan que la mano derecha del titular de la AFIP tendría contactos con los servicios de inteligencia, la ex Side. Mantiene un marcado bajo perfil y evita exponerse en público. Llega a tal punto su obsesión de actuar en las sombras, que convirtió la propiedad en la que vive –ubicada en la calle Primera Junta y Perito Moreno- en una suerte búnker, construyendo un muro perimetral de más de dos metros de alto, con cámaras de seguridad que se observan a simple vista. En el predio, que ocupa casi media manzana, también viviría su familia, cuyos nombres aparecen en distintas sociedades comerciales en las que interviene Michel., durante el periodo 2003-2010, el brazo ejecutor de Echegaray formó parte en la conformación de una veintena de sociedades comerciales de distintos rubros: desde comercialización de combustibles, pasando por constructoras, transporte de cargas, comercialización de productos fotográficos, operaciones de títulos públicos y privados, administración de negocios financieros, negocios marítimos y hasta cultivos de uva para producir vinos en Mendoza. Muchas de estas empresas serían sociedades fantasmas. Una de las compañías de la que formó parte Michel es Baco Inversores, una constructora en la que tuvo como socio a su padrino político, que también es oriundo de Gualeguaychú: el exvicegobernador de Entre Ríos y actual senador nacional, el ultrakirchnerista Pedro Guillermo Angel Guastavino (alias Pemo), quien ya lanzó su candidatura a gobernador para reemplazar a Urribarri. Actualmente, Arturo Alejandro Michel y Ianina Michel, padre y hermana del subdirector de la AFIP, aparecen como responsables de dicha empresa. Asimismo, en la ciudad entrerriana no son pocos los que afirman que el crecimiento patrimonial de Michel se registró durante la mal llamada década ganada.

El oscuro detrás de escena de una denuncia al HSBC

El banco está en la mira de la AFIP por la fuga de dólares del país. La verdadera razón de esta persecución, sería que la entidad bancaria le habría hecho perder un enorme negocio a Ricardo Echegaray y Guillermo Michel en el Uruguay

En las últimas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le solicitó a María Verónica Straccia, jueza penal tributaria, la captura internacional del contador Miguel Abadi, en el marco de la investigación de cuentas “ocultas” de los clientes argentinos del banco HSBC, en Suiza.

El relato oficial habla de que esto viene enmarcado dentro de una gran “lucha” que viene dando el oficialismo contra los buitres que quieren llevar “el país al ocaso”. La realidad marca que todo esto estaría encuadrado dentro de una venganza personal ejecutada por Ricardo Echegaray y su hombre fuerte dentro de la AFIP, el entrerriano Guillermo Michel.

Según cuentan fuentes cercanas al organismo público, todo habría empezado cuando Echegaray y Michel montaron un fideicomiso en Uruguay, con el cual se habría comenzado a levantar un edificio en el populoso barrio montevideano de Pocitos. Para todo esto sería muy valiosa la ayuda que habría prestado una de las amistades del hombre fuerte del organismo recaudador, Jorge “El uruguayo” Lambiris.

Dicen quienes conocen bien el caso, que todo  se habría comenzado a hacer a través de un crédito librado por el HSBC en el país vecino, y en cuyo tarea estaba también la construcción de un hotel todo terreno. Pero el banco  tardó en dar el crédito, por lo que el fideicomiso se vino abajo junto con todos los emprendimientos que habían planeado realizar en tierras montevideanas.

Venganza K

La tardanza en dar el crédito, acabó con las esperanzas de Echegaray y Michel de efectuar negocios con cuantiosas ganancias en Uruguay. Quienes recorren a diario la AFIP, dicen que esto habría dejado muy malhumorados a los funcionarios públicos, que planearon iniciar una investigación contra el HSBC por supuesto manejo de fondos irregulares.

Lambiris, una de los amigos más íntimos del titular del organismo público, sería vital por haber sido el supuesto autor de la creación de innumerables cantidad de cuentas y empresas en el país vecino, las cuáles se usaban para operar “legalmente” en dicho territorio, y que habrían servido para lavar dinero sucio.

No resulta casual que la mayoría de las acciones de la AFIP contra las empresas en las cuales Lambiris figura como socio, hayan pasado por las manos de Michel y éste nunca les habría encontrado ninguna clase de irregularidades, algo que en Uruguay sí pasó y con creces.

Si hay un diario que a lo largo de los últimos 20 años más ha denunciado el negociado de los bancos con los sucesivos gobiernos, por lo cual nada más alejado de la realidad decir que este matutino persigue una defensa del HSBC o de sus autoridades, pero el rigor profesional obliga a plantear esta acción oscura que se esconde detrás del pedido de captura internacional de Miguel Abadi.

De allí radica la importancia de señalar que tanto Echegaray como Michel habrían actuado en una especie de autoprotección, es decir, se blinda de armamento semilegal a las empresas que regentea Lambiris y para las cuales ellos también actuarían como socios para el emprendimientos de grandes negocios en tierra oriental.

Un sombrío entramado que muestra cómo funcionarios públicos se apropian de funciones que no le son propias y trabajan para beneficio personal, montando negocios a espaldas de la población y tejiendo una red de intereses paralelos que los llevan a actuar por fuera de la Justicia y usando sus cargos para ejercer una especie de venganza personal contra aquellos que fueron hostiles contra sus acciones en algún momento.

Garantía de la tenebrosidad

La red de negocios que habrían montado Echegaray y Michel en el Uruguay no es algo que comprometería sólo a las cabezas máximas de la AFIP, sino también a otros personajes menores. Tal es el caso de Víctor Cingolani, jefe de investigaciones de la regional Palermo del organismo recaudador, que cumpliría un rol central en la articulación de una red de procedimientos de autoprotección dentro de la AFIP para salvaguardar los intereses de las empresas vinculadas a Lambiris.

Lambiris, el tercero en discordia

Jorge “El uruguayo” Lambiris, es una de las personas más cercanas a Ricardo Echegaray, y del cual se habría valido el mandamás de la AFIP para armar toda una red de negocios por fuera de la administración pública.

Lambirirs ya tiene un oscuro prontuario dentro de la Justicia nacional, ya que en el año 2000 fue imputado en una causa de piratas del asfalto, por la estuvo detenido un mes y medio, luego de haber sido acusado de ser uno de los encargados de hacer las “reducciones” de la banda.

Pero la fama mediática le llegaría luego de que golpeara fuertemente a un equipo del canal de cable TN en el Brasil, cuando los periodistas seguían  al titular de la AFIP en unas vacaciones de lujo que se había tomado en tierras cariocas.

En otra causa que se le sigue, el año pasado la Corte Suprema ratificó una probation contra el empresario aduanero, acusado de fraguar una importación proveniente de Uruguay en el año 2000 en la que se declaró que la mercadería se trataba de cerámicos cuando en realidad eran zapatos.

Además, su hermana, Claudia Lambiris, fue acusada por el diputado nacional por la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, por supuesto lavado de dinero por la compra en efectivo de un terreno por un millón de dólares realizada en Uruguay, en una operación pasible de ser informada en los términos de la normativa sobre lavado de activos.

De amigos, esposas y testaferros

Una de las particulares de los negocios vinculados a funcionarios de la AFIP es el rol que cumplirían sus esposas. Por tantos años de trabajo junto a Ricardo Echegaray, tanto Luis María Capellano como Pablo Aguilera,  secretario de Ingresos Públicos de la Nación y subdirector general Técnico de Legal Impositiva de la AFIP, se han metido en la familia del clan Echegaray. Serían quienes se encargan de hacer la ingeniería en varias empresas que estarían radicadas en el exterior.

La fuentes hablan que, a fines del año pasado, Aguilera viajó a Paris junto a su mujer  Verónica Elizabeth Zonino, que actuaría como testaferro de su marido en el exterior, para cerrar una importante operación inmobiliaria. Su situación patrimonial habría crecido exponencialmente en los últimos años ya que llamativamente pasó de tener un departamento de 88 metros cuadrados a otro de 188 metros cuadrados, en la mejor zona de Recoleta, en el pulmón más caro de Capital Federal.

Ana Maria Barquero, la esposa de Capellano, también actuaría como una suerte de prestanombre. Barquero es una monotributista categoría B y recién en 2014 -con 56 años de edad- declaró como actividad principal en la AFIP la de prestar servicios inmobiliarios.

Un dato por demás llamativo es que tanto Barquero, Zonino y la esposa de Echegaray, Silvana Karina Oviedo, habrían coincidido en Miami el año pasado. Aparentemente, tendrían interés en la inversión de un departamento de lujo en Sunny Isles, con la arquitectura de Cesar Pelli. El inmueble en cuestión estaría ubicado en la Torre Armani,  donde los departamentos más económicos están valuados en más de 1,3 millones de dólares.

La red de empresas de Guillermo Michel

Todo queda en familia

Algunas de las empresas vinculadas a Michel son administradas por su familia. Por ejemplo, en la empresa La Barraca de Gualeguaychú, que se dedica a la explotación de estaciones de servicios, Guillermo fue socio de su hermana Ianina, una monotribustista que está inscripta en la AFIP prestando servicios relacionados con la salud humana. Ianina y su otra hermana, Nadia Michel, que también es monotributista, también forman parte de la firma Panza Verde, a la que estuvo vinculado el funcionario de la AFIP.

Por su parte, Arturo Alejandro Michel, el papá de Guillermo, actualmente tiene una estación de servicio ubicada a pocas cuadras del lugar donde vive, más precisamente en Primera Junta y Rodó. Allí despachan combustible de la empresa Oil, perteneciente al zar kirchnerista del juego, Cristóbal López.  Las mayoría de las sociedades en la que interviene la familia Michel aparece la abogada Ana Cristina Palesa, que se encargó de su legalización, y la escribana de 78 años de edad, Sara Celia Hurovich. La escribana, a su vez, sería familiar de Luis Hurovich, un contador que aparece vinculado a una treintena de empresas y fue socio de Michel en varias de estas firmas.

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué sucedería si un inspector de la AFIP se encuentra que un monotributista aparece vinculado con varias empresas? Evidentemente, en la AFIP rige un antiguo refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo.

Los ríos de la corrupción que sacuden a la AFIP

La mano derecha de Echegaray construye un búnker en Gualeguaychú. Está vinculado a una veintena de empresas y es socio de un senador nacional. Hay sospechas de que varias de esas firmas son sociedades fantasmas. Los vínculos con la exCiccone

Guillermo Michel es contador y tiene 37 años. Dentro de la AFIP lo consideran el brazo ejecutor del polémico titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, al punto que habría sido el encargado de instrumentar varios operativos de aprietes contra opositores y medios de comunicación críticos a la administración K. 

La estrecha relación que mantiene con Echegaray, llevó a que el titular de la AFIP le asignara a Michel una tarea por demás sensible: es la “autoridad de aplicación” del proceso expropiatorio de los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica).

En rigor, la AFIP jugó un rol preponderante en el escándalo que terminó con el vicepresidente Amado Boudou procesado.  Por un lado, cuando los presuntos testaferros de Boudou se hicieron cargo de la compañía, el entonces jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, instrumentó una polémica moratoria impositiva –con una extensión de 12 años e ínfima tasa de interés- para que la empresa pudiera levantar la quiebra y ser contratada nuevamente por el Estado. Ello llevó a que Resnick sea procesado junto con Boudou, pese a lo cual sigue en funciones y hasta fue premiado: en 2011 lo designaron como titular de la regional Salta en la AFIP y se instaló en un hotel cinco estrellas de la capital de esa provincia.

 Luego de estallar el escándalo, cuando el congreso nacional a instancias de Cristina Kirchner aprobó la expropiación de la exCiccone en tiempo récord con el claro objetivo de esconder “el cuerpo del delito”,  hizo su aparición Michel. Por disposición de Echegaray, fue el encargado, por ejemplo, “de inscribir los bienes (de la exCiccone) en los registros pertinentes y perfeccionar la transferencia de éstos a la Sociedad del Estado Casa de Moneda”.

En Gualeguaychú, su ciudad natal y donde sigue viviendo, comentan que la mano derecha del titular de la AFIP tendría contactos con los servicios de inteligencia, la ex Side. Por eso, mantiene un marcado bajo perfil y evita exponerse en público. Llega a tal punto su obsesión de actuar en las sombras, que convirtió la propiedad en la que vive –ubicada en la calle Primera Junta y Perito Moreno- en una suerte búnker, construyendo un muro perimetral de más de dos metros de alto, con cámaras de seguridad que se observan a simple vista. En el predio, que ocupa casi media manzana, también viviría parte de su familia, cuyo nombres aparecen en distintas sociedades comerciales en las que interviene Michel.

La necesidad de esconderse quizás tenga que ver con la ira que está generado el accionar de la AFIP en ese distrito. Productores agropecuarios, comerciantes y dirigentes políticos de la oposición denuncian una campaña de hostigamiento. “Luego de haber expresado críticas en los medios locales, se me aparecieron dos inspectores de la AFIP, intentando encontrar irregularidades. No encontraron nada y encima me exigieron 60 mil pesos en concepto “gastos de funcionamiento”.

Como si todo esto fuera poco, desde el organismo recaudador también se emprendió una fuerte ofensiva contra productores rurales. “Se meten en propiedad privada, sin permiso, intentando sacar fotos. Están obsesionado por ver si estamos acopiando granos para obligarnos a vender. Es una locura”, afirmaron.

Durante el periodo 2003-2010, el brazo ejecutor de Echegaray formó parte en la conformación de una veintena de sociedades comerciales de distintos rubros: desde comercialización de combustibles, pasando por constructoras, transporte de cargas, comercialización de productos fotográficos, operaciones de títulos públicos y privados, administración de negocios financieros, negocios marítimos y hasta cultivos de uva para producir vinos en Mendoza. Muchas de estas empresas serían sociedades fantasmas.

Una de las compañías de la que formó parte Michel es Baco Inversores, una constructora en la que tuvo como socio a su padrino político, que también es oriundo de Gualeguaychú: el exvicegobernador de Entre Ríos y actual senador nacional, el ultrakirchnerista Pedro Guillermo Angel Guastavino (alias Pemo), quien ya lanzó su candidatura a gobernador. Actualmente, Arturo Alejandro Michel y Ianina Michel, padre y hermana del subdirector de la AFIP, aparecen como responsables de dicha empresa.

Asimismo, en la ciudad entrerriana no son pocos los que afirman que el crecimiento patrimonial de Michel se registró durante la mal llamada década ganada. Ahora bien, sus ingresos, como subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP (un cargo de tercera línea en el organigrama), no se corresponderían con sus bienes, que no sólo abarcan el bunker que está construyendo en Gualeguaychú. Se habla, incluso, de propiedades en Capital Federal.

El cargo de Michel, en rigor, sería una mera pantalla. Su accionar no escapa a la matriz de un gobierno que, cuando deje el poder en 2015, quedará en la historia como uno de la administraciones más corruptas de la historia.

Los vínculos de Guastavino

El senador Guastavino conoce a la presidenta Cristina Fernández desde hace 40 años, cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad de La Plata. Cristina se recibió recién en 1979 y nunca se matriculó, pese a que se define como “una abogada exitosa”, mientras que Guastavino abandonó su estudios tempranamente y se volvió a sus pagos. Allí, durante años, tuvo una vida económicamente muy modesta, al punto que se dedicaba a cortar fiambre en el almacén de la familia. Su crecimiento patrimonial se produjo a partir de su actividad política.