El Gobierno comienza su reclamo ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion en Malvinas
El Gobierno argentino buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordene medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles.
El Gobierno inicia este martes su defensa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que frenen el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. De este modo, busca impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles y marcarán un hecho inédito: será la primera vez que la Argentina litigue contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas.
La delegación oficial estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y contará con funcionarios de Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. También participarán especialistas internacionales en derecho, entre ellos Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
El argumento central de la Argentina es que el avance de la explotación petrolera podría generar un hecho consumado irreversible y provocar daños irreparables a sus derechos. Las empresas involucradas proyectan comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.
El reclamo se enmarca en el arbitraje iniciado por el Gobierno el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, el país recurrió a Hamburgo para solicitar medidas urgentes.
Luego de las exposiciones, el Ejecutivo estima que la resolución podría conocerse en un plazo de dos a cuatro semanas. Entre los escenarios posibles figuran la aceptación total o parcial del pedido argentino o su rechazo.
En paralelo, el Gobierno mantiene su ofensiva diplomática y judicial contra las empresas vinculadas al proyecto, con más de 180 notas de desaliento, 60 procedimientos sancionatorios y denuncias penales. Además, impulsa la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para reforzar las herramientas contra la explotación de recursos en las islas y sus espacios marítimos.
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