Denuncia penal en la Armada: el trasfondo del sistema de corrupción con transferencias irregulares de sueldos
La presentación ante la Justicia Federal reconstruye un mecanismo de manipulación que detectó al menos 645 pagos irregulares por unos $1.000 millones. Los archivos destinados al cobro de haberes y personas sin vínculo con la fuerza entre los beneficiarios.
Una denuncia presentada ante la Justicia Federal puso bajo investigación un esquema de acreditaciones de haberes de la Armada Argentina que habría permitido transferir, entre julio de 2022 y enero de 2026, casi $1.000 millones a 23 personas.
La presentación sostiene que hubo modificaciones posteriores al proceso ordinario de liquidación y señala especialmente a cuatro personas sin vínculo laboral o funcional con la fuerza. Una de ellas es la esposa del entonces jefe del Departamento Revista.
La Armada Argentina quedó bajo la lupa de la Justicia Federal, juzgado N°2 a cargo del magistrado Sebastián Ramos, a partir de una denuncia penal que expone presuntas irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes y que cuantifica en $981.148.567,88 el monto histórico de las operaciones consideradas indebidas.
La presentación fue realizada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien puso en conocimiento del fiscal federal de turno, Ramiro González, hechos detectados durante una revisión interna y solicitó que se investigue quiénes intervinieron y qué responsabilidades podrían corresponder.
Según el escrito, las operaciones se produjeron durante un período que va desde julio de 2022 hasta enero de 2026 y comprenden 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. La denuncia aclara que se trata de sumas superiores a las que correspondían según las respectivas liquidaciones y, en otros casos, de importes que no tenían respaldo en haberes legítimamente liquidados.
El punto de partida: una anomalía detectada en febrero
La investigación interna se inició en febrero de 2026, cuando durante la revisión de los haberes correspondientes a enero se detectó que cinco agentes pertenecientes al Departamento Revista habían percibido suplementos que, según la revisión, no les correspondían.
En ese primer momento, la propia Administración Financiera de la Armada señala que no podía establecerse si las inconsistencias respondían a errores involuntarios o a acciones deliberadas. Los agentes involucrados restituyeron posteriormente las sumas percibidas.
A partir de ese episodio se incrementaron los controles y se decidió revisar períodos anteriores. Esa tarea permitió detectar diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los lotes de pago confeccionados para ser enviados al Banco de la Nación Argentina.
El relevamiento encontró pagos que no surgían de las liquidaciones, importes incorporados a los lotes que no aparecían en los recibos, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya vinculación con la Armada inicialmente no pudo determinarse.
La denuncia destaca un dato: las irregularidades no aparecían como un fenómeno masivo o generalizado dentro del sistema de haberes, sino que se concentraban en un grupo acotado de beneficiarios y, en algunos casos, se repetían en distintos períodos.
Cambios en los archivos después de los controles
Para profundizar la investigación se conformó una comisión interdisciplinaria con personal especializado en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas informáticos y análisis de datos.
La comisión puso bajo revisión los equipos utilizados para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos destinados a la acreditación de haberes. Según la denuncia, se realizaron copias de la información contenida en esos equipos sin alterar los originales y posteriormente se preservaron los dispositivos.
En paralelo, se cruzaron los datos del Sistema de Haberes y de Haberes-Web con los recibos publicados y los registros de las acreditaciones bancarias.
Ese análisis permitió establecer, según el documento presentado a la Justicia, que las inconsistencias comenzaban en julio de 2022 y se extendían hasta enero de 2026. La revisión no habría detectado situaciones de similares características en el mes inmediatamente anterior ni en los períodos posteriores analizados.
El análisis de las diferentes versiones de los archivos mensuales permitió verificar modificaciones sobre los archivos originalmente generados por el Sistema de Haberes. Esas modificaciones habrían incorporado acreditaciones a favor de determinadas personas por montos superiores a los que correspondían y, en algunos casos, sin respaldo en haberes liquidados.
La denuncia sostiene además que determinadas alteraciones se realizaban después del proceso ordinario de liquidación y que, una vez generados los archivos para el pago, los registros eran restituidos a sus valores originales.
De esa manera, esas modificaciones no quedaban reflejadas posteriormente en los recibos publicados en Haberes-Web.
El proceso mensual de liquidación comprende a más de 24.000 personas, los controles ordinarios se realizan antes de la generación y transmisión definitiva de los archivos al Banco Nación.
Para los investigadores internos, la reiteración de casos, la existencia de beneficiarios recurrentes y las modificaciones posteriores a los controles ordinarios excedían las características de simples errores aislados de procesamiento.
Casi la mitad del dinero quedó concentrada en cuatro personas
El relevamiento identificó 23 beneficiarios y 645 acreditaciones por un total histórico de $981.148.567,88.
Dentro de ese universo, la denuncia pone el foco sobre cuatro personas que, según la documentación, no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada Argentina. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Prieto habría recibido 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Santana, 47 por $99.496.225,47; Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Yahia, 45 por $90.466.948,33.
En conjunto, las cuatro personas habrían recibido 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente aproximadamente al 44,25% del monto histórico total de las acreditaciones consideradas indebidas en la denuncia.
El caso notorio dentro del expediente es el de María del Carmen Prieto. La denuncia indica que fue la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 beneficiarios identificados y que es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Ese vínculo familiar aparece como uno de los elementos que, de acuerdo con la propia presentación, permitió establecer posteriormente una conexión objetiva entre quien estaba a cargo del área y una de las principales beneficiarias de las operaciones investigadas.
La declaración del jefe del Departamento Revista
El expediente administrativo incorporó declaraciones de las personas vinculadas con los hechos. Entre ellas se encuentra la de Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.
De acuerdo con la denuncia, al ser consultado por las acreditaciones realizadas a las cuatro personas ajenas a la Armada, Atanasoff reconoció conocer esas operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente.
El escrito atribuye al entonces jefe del Departamento Revista una declaración según la cual la finalidad de esas operaciones era favorecer económicamente a esas personas. También señala que Atanasoff habría manifestado que él decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados.
La denuncia sostiene que, ante una pregunta acerca de quién materializaba esas operaciones, Atanasoff manifestó que las ejecutaba personalmente y que ninguna otra persona participaba con él en la adopción de esas decisiones. Entre los beneficiarios se encontraba Prieto, su cónyuge, quien según la presentación recibió las 46 acreditaciones por más de $152 millones.
Respecto de Santana, Díaz y Yahia, el escrito también señala que Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones y haber decidido su realización con la finalidad señalada en su declaración.
La denuncia afirma que esas manifestaciones resultan concordantes con la evidencia documental reunida durante la revisión respecto de la falta de vínculo de esas cuatro personas con la Armada y de la inexistencia de liquidaciones de haberes que justificaran los pagos.
Otros casos bajo investigación
El relevamiento no quedó circunscripto a las cuatro personas sin vínculo con la Armada.
La denuncia describe, entre otros casos, la situación del capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro, a quien durante determinados períodos se le habrían acreditado haberes en el país en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
El documento explica que el Sistema de Haberes identifica de manera diferenciada al personal destinado en el exterior y lo excluye automáticamente de los archivos de acreditación en el país. Por ese motivo, según la presentación, esas acreditaciones sólo pudieron materializarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático de generación de los lotes.
También se detectaron acreditaciones a favor de Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, durante períodos en los que se encontraba con licencia sin goce de haberes.
En estos casos, como en los restantes, la denuncia señala que las declaraciones de los perceptores contienen explicaciones sobre el conocimiento, origen y utilización de las sumas, y que será la Justicia la encargada de establecer eventualmente el grado de conocimiento y participación de cada uno.
El Banco Nación aportó información adicional
Otro capítulo del expediente está relacionado con la información solicitada al Banco de la Nación Argentina.
Durante la revisión técnica se requirieron datos adicionales vinculados con determinadas personas que intervenían en la preparación o transmisión de los archivos de acreditación. El informe de fecha 2 de septiembre de 2026 dejó constancia de que parte de esa información todavía se encontraba pendiente.
La documentación posteriormente proporcionada por el Banco Nación permitió, según la denuncia, verificar nuevas acreditaciones indebidas y completar la cuantificación de las operaciones detectadas.
El monto de casi $1.000 millones consignado en la denuncia corresponde al monto histórico identificado a partir de las revisiones y actualizaciones documentales, pero el expediente contempla la posibilidad de incorporar nuevos elementos y precisar responsabilidades a partir de la información bancaria y de los soportes informáticos preservados.
Hubo devoluciones, pero el monto histórico no se modifica
La denuncia también incorpora las restituciones realizadas por algunos de los beneficiarios. Cuatro transferencias efectuadas en abril de 2026 a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero habían sido identificadas inicialmente bajo el concepto de “devolución de haberes”.
Posteriormente se determinó que correspondían a restituciones efectuadas por los capitanes de corbeta contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios, respecto de importes percibidos en exceso junto con los haberes de enero de 2026.
Asimismo, el 11 de septiembre de 2026 otros tres oficiales —Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni— realizaron transferencias por la totalidad de las sumas que habían percibido indebidamente, según surge de la presentación.
El total de las devoluciones verificadas hasta ese momento alcanzaba $42.574.267,63. La diferencia entre el monto histórico de las acreditaciones detectadas y las restituciones registradas ascendía a $938.574.300,25.
La denuncia hace una precisión: las devoluciones no modifican el monto histórico de las acreditaciones consideradas indebidas, sino que se consignan separadamente para reflejar cuánto dinero fue restituido y cuál es la diferencia resultante a la fecha.
El relevo de Atanasoff se produjo en agosto
La secuencia administrativa también registra un cambio en la situación del entonces jefe del Departamento Revista.
La denuncia señala que, cuando se detectaron las primeras inconsistencias en febrero de 2026, todavía no existían elementos que permitieran vincular a Atanasoff con ellas. En particular, no figuraba entre quienes habían percibido sumas en exceso y tampoco surgían, con la información disponible en ese momento, indicios que permitieran inferir su participación. Por esa razón, en su condición de jefe del departamento responsable del proceso, se le impartieron instrucciones para fortalecer los controles y evitar nuevas irregularidades.
Desde marzo de 2026 se modificó además el circuito operativo: la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación pasó a estar a cargo del Departamento Tesorería, mientras que el Departamento Contabilidad comenzó a realizar la conciliación de la cuenta bancaria utilizada para el pago de haberes.
El objetivo declarado fue establecer controles independientes entre la liquidación, la orden de acreditación y los movimientos registrados efectivamente en la cuenta bancaria.
La situación cambió en agosto, cuando la revisión de períodos anteriores permitió identificar entre las personas vinculadas con las acreditaciones observadas a Prieto, esposa de Atanasoff.
Según la denuncia, ese hecho constituyó el primer elemento objetivo que vinculó personalmente al entonces jefe del Departamento Revista con los hechos analizados. A partir de ese momento se dispuso su relevo preventivo de las funciones como jefe del Departamento Revista. La medida, de acuerdo con el escrito, tuvo como finalidad preservar la información disponible y permitir la profundización de la revisión sin interferencias.
Al mismo tiempo, se ordenó preservar el equipo informático utilizado habitualmente para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos correspondientes a los lotes de pago.
La Justicia deberá determinar responsabilidades
La presentación incorpora como prueba los informes producidos por la Jefatura de Administración Financiera, el relevamiento de liquidaciones y acreditaciones, las actas vinculadas con los equipos informáticos, los detalles de las novedades detectadas y la documentación remitida por el Banco Nación.
También se acompaña el informe final elaborado por el oficial investigador designado en las actuaciones administrativas, junto con las declaraciones recibidas y la restante documentación incorporada al expediente.
La Armada dejó además a disposición de la autoridad judicial documentación, registros, archivos y soportes informáticos que pudieran resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación federal deberá establecer si las modificaciones de archivos, las acreditaciones, los beneficiarios y las decisiones atribuidas a determinados funcionarios configuran delitos y, en ese caso, quiénes resultan responsables.
Ambito.com
