Petroleras ilegales Israelies e Inglesas en Malvinas: La Justicia federal hace lugar y se declara competente asi como los a los denunciantes

Las primeras medidas de la justicia , acepta la competencia y los argmento de los querellantes y da vista al Fiscal :

Este documento es una resolución judicial de la Justicia Federal argentina dictada por el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego). Corresponde a la causa FCR 13706/2026, una demanda colectiva iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). La demanda busca frenar de forma urgente el mega-proyecto petrolero británico-israelí “Sea Lion” (León Marino), el cual planea extraer crudo en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, sin permisos del Estado argentino ni estudios de impacto ambiental aprobados.

En esta resolución, el Juzgado toma las primeras decisiones de procedimiento sobre la presentación de la demanda:

• Punto I (Aceptación de las partes): El tribunal tiene por presentadas formalmente a las organizaciones ambientales y de excombatientes (representadas por Enrique Viale y Rodolfo Carrizo) junto con sus abogados patrocinantes. Registra sus domicilios legales y electrónicos para enviarles las notificaciones oficiales.
• Punto II (Giro al Fiscal Federal): Debido a la gravedad e importancia del asunto —que involucra la suspensión de obras petroleras en la plataforma marina cercana a Malvinas, leyes de orden público ambiental, tratados internacionales y empresas con sedes en el extranjero—, el juez le pasa el expediente al Fiscal Federal de Río Grande para que dictamine formalmente sobre dos cuestiones clave:
  • a) Competencia del Juzgado: Si el Juzgado Federal de Río Grande es efectivamente el que tiene la facultad territorial y legal para resolver esta demanda marítima y de soberanía.
  • b) Carácter colectivo: Si la demanda cumple con todos los requisitos que exige la ley argentina para ser tramitada como un “proceso colectivo” (que defiende un interés común de la sociedad, en este caso, la soberanía nacional y el medio ambiente).
• Punto IV (Notificación): Ordena que se le envíe de manera oficial toda la documentación al Fiscal para que comience a trabajar en su dictamen.

En resumen, el documento muestra que la Justicia Federal dio curso a la demanda de los excombatientes y ambientalistas, y abrió el proceso judicial pidiéndole intervención al Fiscal Federal para confirmar si el juzgado es competente antes de decidir si frena el proyecto petrolero en el Atlántico Sur