Privatizaciones: por qué el Gobierno busca acelerar los procesos y cuáles son los próximos pasos

El Ministerio de Economía proyecta obtener u$s2.300 millones entre 2026 y 2027 mediante la venta de activos estatales. La apuesta a dos bandas de Luis Caputo para sumar dólares y apuntalar el frente fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso a las privatizaciones en el centro de la estrategia financiera del Gobierno. Hace unos días, presentó el programa de financiamiento para 2026 y 2027 y anticipó que el Ejecutivo espera obtener u$s2.300 millones mediante la venta de activos estatales, recursos que se destinarán a reforzar el pago de los vencimientos de deuda en un año atravesado por el calendario electoral. ¿Cómo impactan en el frente fiscal y en qué estado se encuentran los principales procesos de venta?

El esquema prevé ingresos por u$s800 millones en 2026 y otros u$s1.500 millones en 2027, que se sumarán a otras fuentes de financiamiento como las colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales, futuras emisiones de bonos en dólares y los desembolsos previstos por el programa financiero oficial. Según explicó el equipo económico, la intención es cubrir los compromisos de deuda sin depender de una emisión internacional, mientras el Gobierno continúa buscando reducir el riesgo país que está a punto de perforar un nivel clave y recuperar el acceso al crédito externo en mejores condiciones.

Dentro de ese programa aparecen AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, cada proceso avanza a velocidades diferentes.

AySA, la privatización más avanzada

AySA encabeza la hoja de ruta del Gobierno para este 2026. Tras haber sido declarada “sujeta a privatización” mediante la Ley Bases, el Ejecutivo avanzó este año con un nuevo decreto que habilitó la transferencia del 90% del capital accionario. En las últimas semanas, el proceso registró nuevos avances. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto y el Gobierno apeló la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que había frenado transitoriamente la privatización. En este marco, ese fallo no debería alterar el cronograma previsto, ya que fue dictado por la Justicia bonaerense sobre una cuestión regulada por una norma de alcance federal, como la Ley Bases, aprobada por el Congreso Nacional por mayoría.

La licitación se realizará sin precio base. El pliego exige que el comprador tenga experiencia comprobable en la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento, permite la participación de consorcios y fondos de inversión, pero excluye a empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por organismos internacionales, compañías en quiebra o con antecedentes de corrupción.

El esquema contempla dos etapas: primero se venderá al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación y luego se colocará el resto de las acciones estatales en el mercado de capitales. Actualmente, AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura superior al 85% en agua potable y al 70% en saneamiento.

Belgrano Cargas, próximo a salir a licitación

El Belgrano Cargas es otro de los proyectos más avanzados. Los pliegos ya atraviesan la revisión final y solo resta la firma del ministro Luis Caputo para su publicación. Una vez publicados, comenzará un plazo cercano a 90 días para la presentación de ofertas, con la intención oficial de adjudicar la concesión antes de fin de año.

La licitación dividirá el negocio en tres procesos independientes: administración de vías, talleres y material rodante. Además, implementará el sistema de acceso abierto (open access), que permitirá que distintos operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de un canon. El proyecto despierta interés entre grandes exportadoras de granos y empresas vinculadas a la logística, aunque requerirá inversiones por cientos de millones de dólares para renovar infraestructura, locomotoras y vagones, además de ampliar la capacidad de transporte.

El caso de Intercargo muestra un escenario diferente. La licitación realizada el pasado 25 de julio quedó desierta luego de que ningún interesado presentara ofertas válidas. La apertura de sobres había sido postergada en dos oportunidades y finalmente ningún privado cumplió con los requisitos técnicos y económicos establecidos para quedarse con la empresa estatal que presta servicios de rampa en los 21 principales aeropuertos del país. El Gobierno deberá ahora definir si modifica las condiciones del proceso o convoca a una nueva licitación.

En cuanto a las centrales General San Martín y Manuel Belgrano, el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar. Los equipos técnicos trabajan en la elaboración de los pliegos y de la documentación necesaria para lanzar las licitaciones durante los próximos meses.

En cuanto a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), el Gobierno mantiene vigente el decreto que habilita la privatización parcial del 44% del capital, aunque el proceso quedó momentáneamente en pausa tras cambios en la conducción de la empresa y la revisión del plan nuclear oficial.

Por último, queda en definición la venta de Metrogas por parte de YPF que mantiene la participación del 70% de la distribuidora, que se encuentra en etapa de etapa de due diligence, tras recibir ofertas no vinculantes de 13 empresas. El proceso es asesorado por Citigroup y podría concretarse durante 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

En este escenario, todo indica que AySA y Belgrano Cargas son las privatizaciones con mayores chances de concretarse antes de fin de año, ya que son las que presentan el mayor grado de avance. De todos modos, cualquier pedido de prórroga por parte de los interesados o eventuales demoras administrativas podrían correr el cronograma aunque sin mayores complicaciones para llegar a la primera parte del 2027.

Los objetivos de Luis Caputo detrás de las privatizaciones

Estos dólares no son un dato menor. Las privatizaciones forman parte del esquema con el que Luis Caputo busca cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 sin tener que volver a los mercados internacionales a colocar deuda a tasas en torno al 8% o por encima. Los ingresos por la venta de activos estatales se complementarán con el refinanciamiento en pesos, el financiamiento de organismos multilaterales y otras fuentes de recursos previstas en el programa presentado por Economía.

Pero el rol de las privatizaciones va más allá del frente financiero. También se convirtieron en un sostén para el frente fiscal. Un informe reciente del IARAF muestra que los ingresos obtenidos por la venta de activos fueron determinantes para sostener el superávit durante el primer semestre del año.

Entre enero y junio, el superávit primario cayó 26,9% en términos reales y el financiero retrocedió 61,5%. Sin embargo, sin los ingresos extraordinarios provenientes de las privatizaciones, el deterioro habría sido mucho mayor: el superávit primario habría disminuido 37,6% y el financiero se habría desplomado 88,7%, según las estimaciones de la entidad.

El dato explica por qué las privatizaciones pasaron a convertirse en una pieza central del programa económico. Con buena parte del ajuste del gasto ya realizado, el margen para seguir recortando partidas es cada vez más reducido. De hecho, en el primer semestre solo crecieron en términos reales los subsidios energéticos (69,9%), las transferencias a universidades (10,3%), la Asignación Universal por Hijo (3,8%) y las jubilaciones y pensiones (3%). El resto de las partidas registró caídas, que en algunos casos llegaron hasta el 90,9%.

En ese contexto, la venta de activos estatales no solo busca generar dólares para afrontar los vencimientos de deuda, sino también sostener el equilibrio fiscal sin profundizar un ajuste que podría terminar afectando aún más la actividad económica y, con ella, la recaudación tributaria.

Ambito.com