Regularización por tenencia de armas: plazos, requisitos y excepciones de la nueva ley de ANMAC
La normativa establece un periodo de gracia de un año para regularizar armas de fuego de uso civil ante la entidad, evitando sanciones.
El Congreso sancionó una nueva ley que otorga un plazo de un año para la regularización de los tenedores de armas de fuego que se encuentren en una situación informal.
La normativa dispone de un intervalo de 360 días corridos para que los interesados puedan legalizar los dispositivos que no están en regla. Asimismo, incluye una serie de beneficios para fomentar el ingreso de los usuarios al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La Ley 27.805, alcanza a quienes posean armas de fuego clasificadas bajo las categorías de uso civil o uso civil condicional. Estas personas tendrán que canalizar sus presentaciones directamente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
El texto asegura que la medida busca incrementar el control por parte de las agencias del Estado sobre los inventarios de armamento particulares.
En paralelo, el marco normativo implementa incentivos para extender la vigencia del programa de desarme voluntario hasta el 31 de diciembre de 2027. Con esta prórroga, se apunta a reducir los volúmenes de armas que circulan por fuera de los canales legales, garantizando vías de devolución anónimas y seguras.
Tenencia de armas: plazos e incentivos para la regularización
El procedimiento requiere que las personas físicas o jurídicas interesadas en acogerse al beneficio se presenten bajo su propia iniciativa ante las dependencias de la ANMAC. Dicha presentación debe ejecutarse sin excepciones dentro del límite de tiempo fijado por la ley para mantener la validez de los derechos otorgados.
Los solicitantes tendrán la obligación legal de manifestar la posesión del arma de fuego en cuestión o, en su defecto, de las piezas y repuestos principales que conformen el núcleo mecánico del artefacto y que carezcan de la documentación de respaldo exigible por las normativas preexistentes.
Una vez asentada la solicitud, el dispositivo quedará sujeto a un protocolo exhaustivo que comprende verificaciones y auditorías administrativas.
La inscripción definitiva del material y de la identidad de su poseedor en las bases del Banco Nacional Informatizado de Datos estará supeditada al cumplimiento de estas revisiones.
En aquellos casos donde los interesados carezcan de la condición legal obligatoria de “legítimo usuario”, la normativa estipula que deberán iniciar de forma paralela la gestión para su obtención. Este requerimiento incluye la entrega de la documentación correspondiente junto con la solicitud de autorización para la tenencia legítima de dicho armamento.
El beneficio principal de la Ley 27.805 radica en la condonación y exención de las penalidades económicas y criminales derivadas de la informalidad del arma o armas. Sin embargo, esta protección posee limitaciones, ya que no resultará aplicable para individuos que posean causas criminales activas previas.
No obstante, la exención legal quedará anulada si el interesado cuenta con una investigación judicial o proceso en trámite bajo la calificación de tenencia ilegal de arma de fuego al momento de presentarse al régimen de regularización voluntaria, de conformidad con lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal.
La normativa impone además una obligación de carácter informativo a la propia ANMAC, la cual debe instruir a los peticionantes de manera previa a la finalización de los trámites. El organismo tiene el deber de advertir sobre las responsabilidades civiles y los riesgos inherentes a la posesión de armamento, informando también sobre los mecanismos vigentes para la entrega voluntaria.
En el supuesto caso de que las inspecciones determinen la existencia de anomalías insubsanables o impedimentos registrales graves, la autoridad de aplicación se encuentra facultada para actuar de oficio. Esto incluye supuestos de armamento prohibido por las leyes nacionales, adulteraciones en la numeración de serie o faltantes críticos de documentación.
Bajo tales escenarios de irregularidad grave, la agencia posee la competencia legal para dar curso a expedientes de orden administrativo o instar las acciones judiciales pertinentes orientadas al secuestro e incautación del material.
Asimismo, la ANMAC queda habilitada para emitir resoluciones y recopilar con fines exclusivamente estadísticos los motivos de la posesión.
Por disposición de las cláusulas transitorias, la entrada en vigencia efectiva de este régimen excepcional se producirá 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Este lapso tiene por objeto permitir la adecuación de los sistemas informáticos y la ejecución de campañas públicas de difusión.
Representantes del área de seguridad indicaron que la normativa se inscribe dentro de las políticas destinadas a mitigar los índices de violencia en el entorno social.
Cronica.com
