Los expositores convocados a la segunda reunión informativa reclamaron cambios al texto oficial y advirtieron por las amplias definiciones y las sanciones que se prevén. Advirtieron por la “criminalización de la participación ciudadana” en la definición de políticas públicas.
Representantes de cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y distintas instituciones plantearon fuertes críticas al proyecto de ley enviado por el Gobierno para regular la actividad del lobby, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, que se extendió por cuatro horas.
La iniciativa, bajo el título “Ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, recibió cuestionamientos en cuanto a su redacción, más puntualmente sobre las “amplias definiciones” y duras sanciones penales que contempla.
Si bien algunos invitados expresaron su postura a favor de una regulación, todos coincidieron en que el texto del Ejecutivo posee muchos aspectos alarmantes para quienes desarrollen esta actividad. Algunas voces alertaron por el “control ciudadano” y la “criminalización de la participación ciudadana”.
Lejos de compararlo con el régimen que tiene Estados Unidos en este sentido, algunos expositores advirtieron que promueve características similares a normas aplicadas en Rusia, Hungría, Nicaragua y El Salvador.
La de este miércoles fue la segunda reunión informativa; días atrás asistió un funcionario del Ministerio del Interior a defender el proyecto, mientras que algunos diputados autores de iniciativas desarrollaron sus propuestas alternativas.
En el cierre de la extensa reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que se intentará “llegar a un dictamen que reúna el mayor consenso posible” y “atienda a los planteos y las objeciones que nos han hecho llegar”. Además, habló de “sucesivas reuniones” por delante, lo que vislumbra que el tiempo de tratamiento de este tema se extenderá, pues no existen acuerdos y la iniciativa de Casa Rosada no encontró respaldo.
En primer lugar, Alejandro Díaz, CEO la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, sostuvo que “AmCham respalda firmemente toda iniciativa que fortalezca la transparencia y la calidad institucional, en particular aquellas relacionadas con la interacción público y privada. Esta característica está en la identidad y ADN de nuestra cámara”.
A continuación, se manifestó a favor de una norma “sólida, equilibrada y de aplicación efectiva” y afirmó que “desde nuestra perspectiva, una buena ley debe apoyarse en tres pilares fundamentales: el primero, la claridad conceptual; segundo, la viabilidad operativa; y tercero, la proporcionalidad y la promoción de buenas prácticas”.
Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, Díaz afirmó que en el texto tienen que “precisarse algunas definiciones”. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, sugirió, al tiempo que pidió “claridad respecto de su implementación inicial y situaciones preexistentes”. También opinó que “el registro de gestores no debería funcionar como una barrera en el ejercicio de gestión de intereses”.
“Nos preocupa la incorporación de sanciones penales”, confesó el representante de AmCham, quien recomendó un régimen de “sanciones administrativas” que sí sea “gradual, proporcional y progresivo”. “Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas”, advirtió.
A su turno, Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando, aclaró: “Nuestro rol es proveer información, dar y conectar a las partes involucradas y acercar evidencia técnica, y contribuir con datos, para que quienes tienen la responsabilidad de legislar lo hagan con los mejores insumos”. “La gestión de intereses es y ha sido siempre un hecho innegable, existe; también es una expresión del derecho poder peticionar ante las autoridades”, sumó.
Al igual que el CEO de AmCham, la representante de la asociación en favor de los intereses del agro confirmó que acompañan “el objetivo general de dotar de mayor transparencia, publicidad e integridad” a la actividad, pero “una regulación de esta naturaleza tiene que ser equilibrada y proporcional”. Y solicitó que esto debe hacerse “sin generar barreras totalmente innecesarias” para la actividad de los gestores de intereses, al expresarse en contra de una “excesiva regulación” y sugerir cambios al proyecto del Gobierno.
También con reparos al texto oficial, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, resaltó que “la regulación del lobby es necesaria y la Argentina mantiene una deuda pendiente en esta materia. Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo presenta deficiencias estructurales graves”.
“El primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses. Su redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales”, señaló y cuestionó “la criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades” y la incorporación de “tipos penales de una severidad sin precedentes”.
En una larga exposición, García subrayó que “la amplitud de sus definiciones permite que la adecuación profesional cotidiana de miles de abogados quede comprendida en la categoría de gestión de intereses”, mientras que “el secreto profesional de los abogados no aparece mencionado ni una sola vez en todo el proyecto”. Finalmente, pidió “no aprobar el proyecto en su redacción actual”, sino trabajar en “una regulación que sea eficaz para garantizar la transparencia, respetuosa de los derechos profesionales y compatible con el funcionamiento de una democracia profesional”.
María Baron, directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo, consideró que “este proyecto tiene varias definiciones que necesitan un poco más de taxatividad”, y alertó que hay “actores que no están tan bien definidos” y no hay referencias sobre “periodistas, colectivos y organizaciones que no están legalmente constituidas”. Otros “problemas” que observó son los referidos a la autoridad de aplicación, las sanciones y el registro.
Por su parte, Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano, planteó que habría que preguntarse “si esta es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores”. “Este proyecto mete en la misma bolsa al que se reúne con un funcionario para una norma que lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley”, dijo y alertó que “busca el control estatal sobre la sociedad civil”.
“Regula demasiado para la visión de un gobierno que quiere desregular y coarta bastante la libertad de las organizaciones, generando muchísima burocracia”, agregó y puso como ejemplo que, si este proyecto fuera ley, Susana Trimarco, Juan Carlos Blumberg, María Luján Rey, monseñor Jorge García Cuerva y hasta el propio Papa podrían ser sancionados.
Secchi advirtió sobre “criminalizar la participación ciudadana”, al castigar eventualmente a ciudadanos que no se registren, quienes podrían ser -por ejemplo- vecinos que hablan con legisladores al llegar a sus provincias. “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia. Porque al final, si todos somos lobistas, nadie lo es”, manifestó.
Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que “tal como está planteada la norma vamos a tener un inconveniente para funcionar y trabajar”. “Este proyecto no distingue lo que es lobby corporativo financiero-económico de aquellas actividades que realizan las organizaciones o las personas. El proyecto le calza arriba a la participación ciudadana”, apuntó y mencionó que las organizaciones “hacen muchas otras cosas” que la actividad de lobby.
El expositor, quien participó activamente del debate sobre reforma de la Ley de Glaciares, añadió que el Acuerdo de Escazú contempla “la participación ciudadana en la toma de decisiones, y no la toma como un elemento registral, sino como un derecho”.
Avanzada la reunión, Paola García Rey, directora Adjunta de Amnistía Internacional, arrancó: “No estamos en contra de la transparencia, muy por el contrario, no venimos a defender zonas de opacidad ni a pedir privilegios y excepciones para la sociedad civil”. Sin embargo, advirtió por el “peligro” de sancionar una ley con esa redacción, ya que sería “crear riesgos muy serios para la participación democrática”.
“No apunta a transparentar el lobby real, el del poder económico; lo que busca es disciplinar a quienes controlan el poder”, aseveró.
A continuación, Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó la “definición tan amplia de gestión de intereses que abarca toda interacción con legisladores y funcionarios”. “La propuesta excede ampliamente una regulación clásica de lobby y permite someter a todos a los mismos mecanismos de control, registro y sanciones”, observó.
Sobre la iniciativa, subrayó que “las multas van a ser impagables para las organizaciones y los colectivos sin fines de lucro, e insignificantes para las empresas internacionales”, mientras que “las cuatro figuras penales serían para la sociedad civil y no para los funcionarios”. Y definió al proyecto del PEN como “hiper-regulatorio, hiper-sancionatorio e hiper-restrictivo de la participación política”.
En el desfile de una treintena de expositores, también habló Fernando Ruiz, expresidente y miembro fundador de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), quien calificó a la iniciativa como “una ley anti sociedad civil”. Criticó la redacción “ambigua y confusa” y advirtió por “una ley para disciplinar” a periodistas. “De alguna forma esta puede ser la Ley de Medios de este gobierno”, opinó y sumó que “este proyecto no sirve para entrar a la OCDE, sino para no entrar”.
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