Confirmaron la continuidad del juez Diego Amarante en el expediente que investiga una retención de aportes en la AFA. En paralelo, la fiscalía solicitó ampliar los procesamientos por otros 6.000 millones de pesos.
La Cámara Federal de Apelaciones desestimó el pedido de recusación contra el juez Diego Amarante presentado por la defensa de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la investigación por la presunta retención indebida de aportes previsionales y tributarios.
La solicitud presentada por el abogado Marcelo Rocchetti, sostenía que existe una “enemistad manifiesta” por parte del magistrado hacia el dirigente.
Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos de la defensa no demostraron una falta de imparcialidad que justificara el desplazamiento del titular del Juzgado Penal Económico N° 5.
En su resolución, el juez Roberto Hornos afirmó que “por ninguna de las circunstancias invocadas por la parte recusante se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, animosidad o aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a la parte recusante, ni que autoricen a sospechar de la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél”.
El reclamo de Toviggino hacía hincapié en la difusión de información sobre el expediente en medios de comunicación. La Cámara rechazó este punto, señalando que las publicaciones no implican un adelantamiento de opinión por parte del juez, sino que constituyen “una hipótesis o estimación periodística sobre el curso de una causa de interés público“.
Asimismo, el tesorero de la AFA cuestionó que se le impidiera retirarse por una salida alternativa tras su declaración indagatoria, interpretando el hecho como un intento de exposición pública. Al respecto, Toviggino manifestó en su escrito: “Claramente, el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal, con clara intencionalidad lesiva, que vengo sufriendo: la foto del reo en Tribunales”.
Sobre este episodio, el tribunal aclaró que el uso de los accesos habilitados es el procedimiento regular de la sede judicial. Además, indicaron que las medidas de seguridad dispuestas por Amarante respondieron a advertencias previas de la propia defensa, descartando así cualquier intención de hostigamiento personal hacia el imputado.
La causa principal investiga la supuesta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y tributos agravados. Según la instrucción, la AFA habría retenido aproximadamente 19.300 millones de pesos correspondientes a empleados, proveedores y terceros entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, sin efectuar los depósitos correspondientes al fisco en los plazos legales.
El magistrado Amarante calificó esta conducta como “un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros”.
En el marco de esta investigación, tanto Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, como Toviggino, deben cumplir con pautas de conducta estrictas. Estas incluyen la prohibición de ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso previo, el mantenimiento de una comunicación fluida con sus defensas y la comparecencia ante el tribunal ante cada requerimiento.
La situación judicial de los dirigentes podría agravarse tras el dictamen del fiscal de Cámara, Gabriel Pérez Barberá, quien solicitó que se amplíen los procesamientos por una suma adicional de 6.000 millones de pesos, vinculada a fondos por conceptos de publicidad que debían ser percibidos por los clubes.
En caso de que prospere el pedido de la fiscalía, el monto total de la presunta maniobra ascendería, lo que derivaría en un incremento de los embargos preventivos.
Hasta el momento, tanto Tapia como Toviggino poseen embargos de 350 millones de pesos cada uno y mantienen la restricción de salida del país.
Cronica.com
