Fue durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Recursos Naturales. La oposición cuestionó la “contradicción” del oficialismo en cuanto a “proteger el medioambiente”.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitieron dictamen este miércoles sobre un proyecto por el cual se aprueba el Acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría de Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016, en la ciudad de Ginebra, Suiza. La media sanción del Senado data de 2018.
Al exponer en primer lugar, la presidenta de la Comisión de RR.EE., la libertaria Juliana Santillán, aseguró que el fin del tratado es “proteger la salud humana y el medioambiente frente a los riesgos derivados de acciones inadecuadas”. “Va a permitir fortalecer la colaboración técnica e institucional, promoviendo intercambio de información; sobre todo, al desarrollo de las capacidades y la implementación de las políticas públicas que se orienten a una gestión eficiente sobre los residuos peligrosos”, señaló.
La oficialista agregó que aprobar el convenio “es contribuir al compromiso de la República Argentina con los estándares internacionales en materia de medioambiente”.
Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva manifestó lo “contradictorio” que le resultaba que “se presente este convenio con el objetivo de proteger la salud humana y proteger el ambiente por parte de un Gobierno que está haciendo pelota ambas cosas”.
“Paradójicamente, este convenio tiene un Centro Regional Basilea para América del Sur, de capacitación y transferencia de tecnología, que está situado desde 1999 en el INTI”, organismo científico y tecnológico que atraviesa una situación de crisis y sobre el cual “cayó su presupuesto en más de un 50%” desde que gobierna Javier Milei, resaltó.
En esta línea, la bonaerense apuntó: “Estamos en un piso histórico en lo que implica la inversión en ciencia y tecnología respecto al PBI”. “Para este año se proyecta un 0,14% (de inversión), el valor más bajo en 55 años”, enfatizó.
Selva consideró que lo que se debería hacer es debatir “qué hacemos para que este Gobierno cambie el rumbo en torno a la inversión del sistema científico y tecnológico, porque si no este tipo de convenios van a ser nada más que una foto frente a la comunidad internacional, pero para los argentinos no van a implicar absolutamente nada”.
“Poner en discusión los recursos no hace al objeto”, le respondió el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el oficialista José Peluc, que celebró que se avance con el convenio.
Pero, en línea con Selva, la jujeña María Inés Zigarán habló de “la contradicción de, por una parte, estar firmando acuerdos como estos y, por otra, estar debilitando las leyes de presupuestos mínimos” como la de Glaciares, recientemente modificada. “La agenda ambiental en esta gestión está destinada a la destrucción”, aseveró la legisladora de Provincias Unidas.
En tanto, la diputada de UP Adriana Serquis se preguntó: “¿Qué compromiso hay de cumplir con el acuerdo? Cuando en el día de hoy salió una resolución que le quita al INTI más de 900 servicios tecnológicos”. Y subrayó que “acaban de firmar algo que garantiza el financiamiento para este centro y toda la infraestructura para que esté funcionando como corresponde”.
