El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Hugo Yasky, pone a consideración 18 proyectos de ley de la oposición. Según el último informe del BCRA, la morosidad familiar llegó al 5,7%, nivel más alto desde 2010 cuando se creó el índice. Habrá invitados.
Unión por la Patria busca influir en la agenda parlamentaria y reúne a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para abordar una cantidad de proyectos de ley relacionados al desendeudamiento de familias, sobre todo, con tarjetas de crédito. La cita lleva la firma del titular Hugo Yasky y fue convocada para el miércoles 15 de abril a las 10.
El plan de la oposición es unificar el tratamiento de las 18 iniciativas impulsadas por Gabriela Estévez, Andrea Freites, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano y Guillermo Michel de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano de Coherencia. También serán analizados los textos de Pamela Calletti, Oscar Agost Carreño, Fabiola Aubone y Carolina Yutrovic, todos con mandato cumplido.
Según supo parlamentario.com, la reunión informativa contará con la presencia de invitados que expondrán sobre la problemática. La lista se conocerá a última hora del martes.
Si bien hay varios proyectos que proponen declarar la emergencia financiera por más de doces meses, la idea central, con el objetivo de regularizar situaciones crediticias, surge a partir del fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares: según el último informe del Banco Central (BCRA), la morosidad en créditos a familias trepó al 5,7% en julio, el nivel más alto desde que se inició la serie estadística en 2010.
Además, varios textos plantean la necesidad de crear un esquema obligatorio de regularización de deudas de consumo, con condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, planes de hasta 36 cuotas y tasas de financiamiento equivalentes a la tasa pasiva promedio del mercado. También buscan que se garanticen plazos de gracia de 60 días para comenzar a pagar y la suspensión de embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en centrales de riesgo durante el cumplimiento de los acuerdos.
Del mismo modo, muchos diputados opositores coinciden en la urgencia por crear el Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo, que, de prosperar, será administrado por el Ministerio de Economía y financiado con aportes de las entidades financieras, recursos del Presupuesto y transferencias del BCRA. Este fondo cubrirá garantías parciales a los bancos, reducirá tasas de interés para deudores de bajos ingresos y absorberá créditos incobrables.
Los bloques de la oposición dura (Unión por la Patria, gran parte del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y varios monobloques) redefinieron estrategia a partir de haber logrado imponerse en número en las votaciones de los pedidos de apartamiento de reglamento, los cuales requerían mayoría especial.
Fuentes de la oposición dejaron trascender que buscarán capitalizar esos votos para trabajar en una agenda opositora, tal como ocurrió durante el 2025.
Los aliados también alertaron la problemática
Este tema ya fue mencionado por un aliado de La Libertad Avanza, el diputado misionero Emmanuel Bianchetti, quien manifestó su preocupación, a través de un proyecto de resolución, por el crecimiento de las deudas en el uso de tarjetas de crédito durante el último año. Según el texto legislador del Pro, el endeudamiento creció un 55% desde julio 2024 al mismo mes de 2025, con un stock total de 20,3 billones de pesos.
“El endeudamiento crece al ritmo del deterioro salarial, el aumento de los servicios básicos y las tasas de interés usurarias, que superan el 200% anual. Cada compra financiada se transforma en un círculo vicioso: se paga el mínimo, se acumulan intereses y el crédito disponible se reduce, empujando a las familias a un endeudamiento permanente”, había explicado en los fundamentos del texto que impulsó en noviembre del 2025.
