El Tribunal de Cuentas confirmó un extenso paquete de irregularidades en la gestión 2023 de Martín Yeza y su equipo, admitiendo solo la revisión de las sanciones reales pero rechazando la mayoría de los planteos por improcedentes o mal formulados.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en el centro del debate la administración del exintendente Martín Yeza, al difundir un fallo que detalla una larga lista de irregularidades detectadas en la rendición de cuentas 2023 de la municipalidad de Pinamar. Aunque el organismo aceptó tramitar los recursos de revisión presentados por Yeza y varios miembros de su gabinete, el documento al que tuvo acceso REALPOLITIK reafirma —una por una— las observaciones más severas que motivaron multas, cargos económicos y amonestaciones.
El fallo, de más de ocho fojas, insiste en irregularidades vinculadas al manejo de fondos, la falta de documentación respaldatoria, incumplimientos normativos, contrataciones deficientes, errores en la ejecución presupuestaria y movimientos administrativos que fueron marcados como injustificados o directamente prohibidos por la normativa vigente.
Yeza: Multas, cargos y un extenso listado de observaciones
Martín Yeza es quien enfrenta el mayor volumen de cuestionamientos. El HTC le reprocha irregularidades en áreas clave: órdenes de pago sin sustento suficiente, contrataciones con falta de documentación, inconsistencias en gastos específicos, incumplimientos procedimentales y observaciones contables que derivaron en cargos económicos directos.
El organismo fue tajante: muchas de sus impugnaciones no solo fueron correctamente aplicadas, sino que su recurso de revisión incluyó inclusive objeciones sobre puntos donde no existía sanción alguna, motivo por el cual esas partes fueron rechazadas de plano.
El Tribunal confirma que deberán revisarse —con nueva documentación— las multas aplicadas por los considerandos quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto, todos ellos relacionados a manejos administrativos irregulares durante 2023.
Incumplimientos y responsabilidades compartidas
El fallo subraya que las observaciones no solo recaen sobre Yeza, sino también sobre un grupo amplio de exfuncionarios que integraron su gabinete. Entre ellos figuran su sucesor Juan Manuel Ibarguren, Francisco Orlando, Francisco Montes, Gabriel Videla, Sebastián Cufarí, Federico Panzieri, Martín Rapallino y Eliana Sánchez.
Los señalamientos son diversos, pero comparten un núcleo común: procedimientos administrativos incumplidos, documentación insuficiente o gastos sin justificación plena.
– A Ibarguren se le atribuyen fallas en contrataciones, omisiones en la documentación respaldatoria y observaciones en gastos específicos.
– Orlando y Montes aparecen vinculados a irregularidades en órdenes de pago, errores de ejecución y falta de aval legal en determinadas operaciones.
– Videla carga con observaciones vinculadas a gastos mal justificados y movimientos administrativos que no cumplen los requisitos técnicos del Tribunal.
– Cufarí fue señalado por deficiencias en la documentación de partidas específicas.
– Panzieri enfrenta un señalamiento puntual sobre el considerando décimo cuarto inciso 7, relacionado a un procedimiento presupuestario irregular.
– Sánchez, por su parte, recibió una amonestación por errores procedimentales, incumplimientos en áreas específicas y documentación incompleta.
En todos los casos, el HTC admite revisar formalmente los recursos solo en aquello donde efectivamente pesa una sanción. Todos los demás planteos —al igual que en el caso de Yeza— fueron rechazados por carecer de agravio o por referirse a cuestiones ya resueltas.
“Los recursos están mal instruidos”
Una frase del fallo aporta un tono especialmente crítico: el Tribunal advierte que varias presentaciones “no reúnen las condiciones necesarias para su admisibilidad” y que los puntos cuestionados ni siquiera estaban correctamente identificados o fundamentados.
Aun así, el organismo decidió tratarlos para “garantizar el derecho de defensa”, pero subrayó que gran parte del contenido debía descartarse por no corresponder a sanciones reales.
Si bien el HTC habilita la revisión, el tono general del fallo no favorece al exintendente: se reafirma la existencia de múltiples irregularidades, se ratifica la legitimidad de las sanciones aplicadas y se deja asentado que los funcionarios recurrieron incluso puntos que no los afectaban, lo que el Tribunal traduce como una falta de rigor en la presentación de los recursos.
El proceso continúa ahora en manos de la división relatora, aunque el mensaje institucional es claro: las objeciones contra la gestión 2023 de Pinamar tienen respaldo técnico, jurídico y contable, y la mayor parte de los planteos defensivos fueron descartados por improcedentes.
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