El juicio oral avanzó con la lectura del requerimiento fiscal dirigido a la expresidente y al resto de los imputados
El juicio oral de la causa Cuadernos retomó hoy su quinta jornada con un tramo central de la acusación fiscal. El Fiscal Federal, Carlos Stornelli, sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” provenientes del pago de coimas por parte de empresarios durante su gobierno.
La expresidente escuchó la imputación conectada por Zoom desde San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena del caso Vialidad.
Según el requerimiento fiscal, “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández”. Se explicó que: “Más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.
El texto repasó distintos episodios de pago de sobornos. La fiscalía concluyó que “los eslabones convergen así en un solo punto”. Stornelli identificó a Roberto Baratta como “comunicador y receptor inicial”, a Muñoz como “uno de los intermediarios finales” y a la Expresidente como “la destinataria final de fondos”.
También se destacaron los aportes de dos arrepentidos que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”.
La acusación afirmó que Cristina Kirchner “resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”. Y agregó: “Ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.
El desarrollo del debate en la virtualidad
El Tribunal Oral Federal 7 continuó la lectura completa del requerimiento de elevación a juicio. La fiscalía sostuvo que se montó una asociación ilícita destinada a ejecutar distintos “planes delictuales” durante el kirchnerismo.
También dio por confirmado que la expresidente y varios ex funcionarios —entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti— “recibieron y/o participaron” en los pagos ilegales.
El objetivo, según la acusación, era que los funcionarios “ejercieran sus influencias” para beneficiar a las empresas involucradas en las licitaciones públicas.
El Tribunal estableció un cronograma que se extenderá hasta el 2 de diciembre para terminar de leer los requerimientos del caso central y de dos tramos vinculados a la adjudicación de obras públicas. Desde esta semana hay dos audiencias por semana, los martes y los jueves.
Las audiencias del 4, 9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en el tramo conocido como “La Camarita”, que investiga la cartelización de la obra pública vial. El 18 de diciembre se tratarán los requerimientos de otras dos causas conexas: “Trenes” y “Corredores Viales”.
Lo que viene en el proceso
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a las defensas que anticipen las cuestiones preliminares. Hubo respuestas afirmativas y se espera una etapa específica para escuchar cada planteo y pedir opinión a la fiscal Fabiana León y a la querella de la UIF.
Si no hay cambios, las 86 declaraciones indagatorias comenzarían en febrero de 2026. Cada imputado deberá presentarse ante el Tribunal para brindar sus datos personales, hable o no hable en su defensa.
Por ahora sigue vigente el sistema mixto. Los acusados asistirán presencialmente ante los jueces, la fiscalía, la querella y sus defensas. El resto de las partes seguirá las audiencias por Zoom.
El TOF 7 aún debe resolver si traslada el juicio a Comodoro Py 2002 para aumentar la presencialidad y sumar un tercer día de audiencias. Para ello se consultó a la Corte Suprema sobre la disponibilidad de una sala en Talcahuano 550. Hasta que haya respuesta, el debate seguirá de manera virtual.
Cristina Fernández continúa conectada desde su departamento de San José 1111 junto a su abogado Carlos Beraldi. Julio De Vido, recientemente detenido tras quedar firme su condena por la tragedia de Once, sigue el juicio desde la cárcel de Ezeiza. Allí también permanece Ricardo Jaime, condenado en la misma causa y sin acceso al beneficio de la prisión domiciliaria.
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