El exlegislador del PJ enfrenta un proceso judicial que reabre sospechas sobre el manejo de bienes públicos.
El exlegislador y exdiputado provincial Oscar González fue procesado por la Justicia Federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión fue dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien validó la investigación impulsada por el fiscal Maximiliano Hairabedian. La causa también incluye acusaciones por omisiones y falsedades en las declaraciones juradas del exfuncionario.
Hairabedian explicó que el procesamiento se centra en irregularidades detectadas en los bienes declarados por González. Según el fiscal, se detectaron discrepancias significativas entre el valor declarado de algunos inmuebles y su valor de mercado. Las inconsistencias patrimoniales fueron señaladas como el eje del presunto delito.
El origen de la investigación se remonta a 2022, luego de la tragedia vial en las Altas Cumbres que involucró al exlegislador. A partir de ese episodio, la fiscalía comenzó a revisar su patrimonio y detectó un incremento que no se habría justificado con sus ingresos declarados.
Sospechas sobre el patrimonio
El fiscal Hairabedian sostuvo que los funcionarios tienen la obligación de explicar el crecimiento de su patrimonio. “Pedimos que se intimen a justificar el origen del aumento, y a juicio de la fiscalía no lo hizo”, señaló. Según el funcionario judicial, los bienes de González presentan omisiones, inconsistencias y presuntas falsedades.
La investigación apunta a determinar si el exlegislador incurrió en maniobras de ocultamiento de activos. Entre los elementos analizados figuran propiedades urbanas y rurales, vehículos y movimientos financieros que no habrían sido declarados. El juez dispuso además un embargo millonario sobre los bienes del imputado.
Desde el entorno de González, la defensa sostiene que se trató de errores en la valuación de los bienes y no de un intento de ocultamiento. Sin embargo, la fiscalía considera que las irregularidades detectadas son indicios suficientes para mantener la acusación.
El caso continúa en la Cámara Federal
El próximo paso será la revisión del procesamiento por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. De confirmarse, el expediente avanzará hacia la declaración indagatoria del exlegislador por nuevas imputaciones. La investigación busca determinar si existió un uso indebido del cargo público para obtener beneficios económicos personales.
La Justicia deberá ahora definir si las pruebas reunidas alcanzan para sostener las sospechas de enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, el proceso judicial se perfila como una nueva prueba para el sistema institucional cordobés.
Derechadiario.com
