Fernando Espinoza enfrenta no solo un inminente juicio oral por abuso sexual, sino también nuevas denuncias por lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al empresario Gustavo Cilia, mientras su defensa recurre a maniobras dilatorias para frenar el proceso.
El intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, enfrenta un frente judicial cada vez más complejo. A la causa en la que está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante contra Melody Rakauskas, se suman denuncias por lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, con ramificaciones que exponen vínculos empresariales y políticos de alto voltaje.
El recurso de última hora
La defensa de Espinoza presentó un recurso de casación contra la resolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que el 18 de agosto rechazó el planteo de nulidad de la indagatoria del jefe comunal. Según los abogados, la declaración indagatoria sería inválida porque se le mencionaron pruebas —audios, chats y correos electrónicos— que “no constaban” en el expediente digital.
Con ese argumento, buscaron anular todo lo actuado desde la indagatoria. Sin embargo, especialistas remarcan que el recurso no suspende automáticamente el avance del proceso ni mucho menos el sorteo del tribunal que deberá juzgarlo.
Lo llamativo es que la presentación se hizo el 27 de agosto a las 19:22, es decir, menos de 24 horas antes del sorteo del Tribunal Oral fijado para el 28 de agosto, lo que fue interpretado como una maniobra dilatoria destinada a frenar el juicio.
La respuesta de la víctima
Melody Rakauskas, víctima y querellante, reaccionó de inmediato. En un escrito judicial, denunció que el recurso fue una estrategia “destinada a impedir o retrasar el avance hacia el juicio oral y público” y exigió que se respete la fecha del sorteo.
“El recurso de casación no tiene efectos suspensivos salvo decisión expresa. Suspender el sorteo vulnera mis derechos como víctima: al debido proceso, al plazo razonable y a un juicio pronto”, sostuvo en su presentación.
La mujer, que lleva más de cuatro años reclamando justicia, apuntó directamente contra el poder judicial: “Basta de revictimizarme y aprovecharse de mi vulnerabilidad en favor de un funcionario público abusador al que protegen con impunidad”.
El entramado con Gustavo Cilia
Paralelamente, la querella presentó pruebas sobre los vínculos entre Espinoza y el empresario Gustavo Cilia, a quien señala como parte de un entramado de extorsión y encubrimiento.
Según la documentación judicial, Cilia habría utilizado a la víctima como “moneda de presión” contra Espinoza. En un audio, incluso, se lo escucha decir que Melody fue “una bala para apretar a Espinoza”.
La investigación apunta a que Cilia y su esposa, Mirna Liliana Mónaco, articularon operaciones patrimoniales y societarias con el municipio de La Matanza durante la gestión de Espinoza, incluyendo contratos de locación y maniobras que derivaron en traspasos de bienes sospechados de lavado de activos.
Nueva denuncia por lavado de activos
El 25 de agosto, Rakauskas presentó una nueva denuncia penal ante la Sala VII de la Cámara, involucrando a Cilia, Mónaco y funcionarios municipales en maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el escrito, la víctima pidió investigar transferencias patrimoniales, sociedades y la intervención de organismos como la la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), reclamando además “celeridad y perspectiva de género” ante la revictimización sufrida.
Un frente judicial en expansión
Así, Espinoza ya no enfrenta únicamente el juicio por abuso sexual: las nuevas denuncias por lavado de dinero y corrupción amenazan con expandir el expediente y comprometer aún más su situación.
Federico Cilia, vinculado a diversas empresas (1); Johanna Cilia, ex funcionaria de AFIP (2); Mirna Liliana Mónaco, esposa de Gustavo Cilia (3); y Gustavo Cilia, presunto socio de Fernando Espinoza (4).
Mientras la defensa insiste en recursos que buscan postergar el debate oral, la víctima advierte que el caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el poder político puede manipular tiempos judiciales para garantizar impunidad.
“Prometo ir hasta las últimas consecuencias ante tanta impunidad y blindaje a un violador sexual que es funcionario público”, cerró Rakauskas en su último escrito.
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