El fiscal Enrique Senestrari la acusó de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. La acusan por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en febrero de este año. En ella se señalaron supuestos desvíos de fondos y contrataciones irregulares. La Justicia aún no definió la fecha de la indagatoria.
Se cuestiona que durante la gestión de Parisi se habrían utilizado recursos de la facultad para gastos personales. Entre ellos se incluyen viajes al exterior con viáticos excesivos, compras sin licitación y contrataciones de familiares directos.
Detalles de la investigación
El fiscal investiga comprobantes de gastos en combustible y estacionamiento sin patentes identificadas. También resoluciones que autorizaban gastos sin precisar montos. Se agregan viajes a destinos como Ecuador y Costa Rica, muchos de ellos sin autorización previa.
Una auditoría reveló que varios de los gastos registrados no cumplían con las disposiciones legales vigentes. Este informe detectó fallas en compras directas y en la rendición de viáticos. También alertó sobre pagos sin respaldo suficiente.
Otro de los puntos cuestionados es la compra de equipos tecnológicos y pasajes por cifras millonarias. Estos habrían sido adquiridos a un docente vinculado a Parisi, dueño de una agencia de viajes, sin cumplir procesos de licitación.
La defensa de la exdecana
Mariela Parisi negó las acusaciones y afirmó que no cometió delitos en su gestión. Según su versión, las observaciones de la auditoría solo reflejan “irregularidades de forma” y no actos de corrupción.
Su defensa asegura que algunos gastos fueron cubiertos con dinero personal y no con fondos públicos. También sostiene que las demoras administrativas explican la falta de autorizaciones previas en viajes y contrataciones.
Además, se justificó que en los cursos de extensión no se requerían títulos habilitantes para docentes. Esto, según Parisi, habría llevado a contrataciones directas sin mayores requisitos.
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