Luis “Toto” Caputo en la deforestación ilegal de bosques nativos en Santiago del Estero.

Si bien la denuncia parece radicar exclusivamente en Caputo, intentremos demostrar una vez más que los negocios que llevan adelante los actuales funcionarios de gobierno abarcan una amplia red de integrantes que funcionan de manera corporativa, convirtiéndolos así en negocios en red que se remontan en la historia a tiempos pretéritos a Cambiemos
Antecedentes
Todo comenzó cuando, por el año 2007, la firma Sacha Rupaska S.A. adquiere tres lotes en el noroeste de Santiago del Estero por un total de 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del gobernador Gerardo Zamora. Uno de los lotes, el Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, fue vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati. Al año siguiente de la operación (2008), las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.
Dos años después, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios.
Según un informe del periodista Pablo Rodríguez para Perfil del mes de marzo, Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, Zamora, que Sacha Rupaska S.A., continuaba con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial.

Sacha Rupaska S.A. fue conformada en septiembre de 2007 por dos socios: Luis María Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara. El primero de ellos, está casado con Rossana Pía Caputo, la hermana mayor del Presidente del Banco Central Luis Andrés Caputo. Pero sus vínculos con la empresa no se limitan a ser el cuñado de uno de los socios: en la declaración jurada 2015 que presenta al asumir como funcionario nacional, Caputo informa una pequeña participación accionaria en la empresa así como una millonaria deuda que mantenía la misma con su persona, superior a los 3 millones.
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El otro
Pero además de Caputo y su cuñado, como hemos visto, hay otro socio: Horacio Iván Gándara Ayerza, quien junto a su esposa Gloria Ugarte y varios socios más tenía otro emprendimiento agrícola en Santiago del Estero: S.A. Pastoril Santiagueña.

Dentro de los nombres de los socios, uno que sobresale enseguida es el de José Alberto Andrés Uriburu, quien fuera el último Ministro de Trabajo durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Figuran allí también su esposa María José Algorta y sus hijos Estanislao José y Benjamín Pedro Uriburu Algorta.
Aunque en rigor de verdad es necesario decir que el período en el que estuvo al frente del Ministerio de Trabajo el mencionado Uriburu (hijo de Jose Camilo Uriburu, interventor de Córdoba durante la presidencia de facto de Agustín Lanusse y sobrino del Uriburu que derrocara a Hipólito Yrigoyen) fue relativamente breve: de mayo a diciembre de 1999. Pero si hay alguien que guarda un buen recuerdo de su corta gestión el el actual presidente Mauricio Macri, quien en esa época manejaba el Correo Argentino. Así no los cuenta Laura Manfredi en su artículo “Estafadores denunciados”:
“Apenas otorgada la concesión, el Ministerio de Trabajo contrató al nuevo correo privado para que abonara los planes sociales que se manejaban desde ese Ministerio. No sólo se realizó una contratación directa donde debía realizarse una licitación sino también que ante los dictámenes del Ministerio que ordenaban llevar adelante una compulsa de precios para garantizar que el Estado contratara a quien hiciera la mejor oferta, Uriburu decidió que el Correo debía seguir cobrando las tarifas fijadas con anterioridad hasta tanto se realizaran “informes técnicos”, los que nunca se concretaron”.
Pero “la cosa” no terminó ahí. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era más elevado que el promedio que se venía registrando. Se le solicitó una explicación al Correo. La empresa admitió la situación, pero solicitó que se le concediera un plazo de 36 meses de financiamiento para efectivizar el pago. Finalmente, el Ministerio nunca reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos por el cual el Correo le adeudaba $ 16.722.133 pero, casualmente, la deuda del Ministerio con el Correo ascendía a la suma de $ 16.449.357. Todo un negocio.
Socios
Pero las buenas relaciones Uriburu-Macri supieron prolongarse en el tiempo. Por ejemplo, en 2010, los Uriburu constituyen una sociedad con fines agropecuarios denominada Cata Hue. El presidente será José Alberto Andrés Uriburu; su socio, Mauricio Macri, por ese entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Aunque este no fue el primer emprendimiento que tuvieron. Cuando Mauricio Macri asume como Jefe de Gobierno, declaró tener invertido en una sociedad un capital de 2.645.100 pesos. Dicha sociedad no era otra que “S.A. Pastoril Santiagueña”, la misma del ex ministro Uriburu y la misma de Horacio Iván Gándara, el socio de Caputo que hoy desforesta bosque nativos en Santiago del Estero.
Las relaciones societarias entre Uriburu y Macri aún continúan. Por ejemplo, en el Boletín Oficial del 11 de mayo de 2017 puede apreciarse que la sociedad agropecuaria 4 leguas S.A. designa como su presidente a José Alberto Andrés Uriburu. En su Declaración Jurada de 2016, Maurico Macri informa tener el 19% del paquete accionario de dicha empresa. Lo mismo con María Amina S.A., también de los Uriburu y donde Macri declara el poseer el 16% del capital y Agropecuaria del Guayquiraro, donde tiene un 14,7% así como también Molino Arrocero Rio Guayquiraro, donde posee el 20%, lo que en total arrojaría que cerca del 30% de la fortuna “declarada” por el presidente corresponde a sociedades con Uriburu.

