Su trabajo era despedir, no renovar contratos y licuar los sueldo de los empleados públicos para bajar el gasto –
Se trata de la renuncia de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, quien se encargaba de las negociaciones paritarias con los estatales y de la ejecución de los esquemas de despidos en la planta pública. El funcionario saliente lo comunicó a través de una carta firmada a Milei y a Posse. Según escribió, la decisión se debió a motivos “estrictamente personales”, dejando su cargo desde este lunes.
Entre sus atribuciones se encontraba la de negociar las paritarias con los sindicatos estatales como UPCN y ATE; siendo el principal designado para ese rol, reconocido por los mismos gremios como el único funcionario con el que había un ida y vuelta.
Es justamente por ese rol que Guibert era quien determinaba los aumentos de la dotación de la Administración Pública Nacional. Para el mes de enero este número fue de 16%, mientras que en febrero el incremento fue de 12%. Esta última negociación había sido aceptada por UPCN, gremio liderado por Andrés Rodríguez; mientras que ATE rechazó la propuesta considerándola insuficiente frente a la inflación.
El verdadero trasfondo de su renuncia
Guibert asumió meses atrás dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete que preside Nicolás Posse, quien tiene en su cartera una larga lista de funcionarios encomendados a liderar las políticas de desregulación y ajuste del Estado Nacional.
El ahora exfuncionario estaba encomendado a licuar parcialmente los ingresos de la dotación estatal y a planificar los despidos o la no renovación de los contratos de estos mismos. Estas decisiones son unas de las tantas que busca ejecutar la actual gestión a los fines de disminuir el gasto público y el tamaño del Estado.
Sin embargo, el episodio que desencadenó en su renuncia fue el aumento de 48% para los altos cargos del Ejecutivo que Milei firmó semanas atrás y que tuvo a Guibert como principal ideólogo.
A pesar de que el Gobierno buscó instalar que el responsable de ese incremento había sido el entonces secretario de Trabajo Omar Yasin (desplazado el lunes pasado a pedido de Milei), este funcionario no tenía poder decisión para determinar los incrementos de la planta pública y de los altos funcionarios del Gobierno.
Siempre se supo que la medida había sido responsabilidad de Guibert. Desde Casa Rosada alegaban a que con el nivel de sueldos que había, un funcionario de primera línea terminaba ganando similar a un asesor producto de la quita por impuesto a las Ganancias. “No tiene sentido esa distorsión”, se quejaba un funcionario.
El pedido de renuncia a Yasin funcionó como una forma de desplazar a alguien que no caía bien en el entorno de Milei y Posse, así como para encontrar a alguien a quien responsabilizar ante la mediatización de los aumentos en para el Presidente, los ministros y secretarios del Ejecutivo.
Con esa renuncia consumada, se había enfriado la posibilidad de que Guibert fuera a sufrir algún tipo de represalia. Otro de los apuntados también había sido el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, quien se encarga de cuidar la firma de Milei y quien debería haber advertido al Presidente que estaba convalidando un incremento de su sueldo de casi 50 por ciento.
Sin embargo, durante el último fin de semana la versión sobre la renuncia de Guibert habían retomado fuerza, confirmándose este lunes a El Cronista de parte de fuentes gubernamentales.
Además de secretario de Transformación del Estado y Función Pública, el funcionario había sido designado el 16 de febrero como uno de los directores del Banco Nación, cargo que desempeñaba con carácter “ad honorem”. Su desplazamiento de ese cargo todavía no fue confirmado y, hasta el momento, sigue formando parte del directorio.
Guibert fue Subsecretario de Reforma y Modernización y estuvo a cargo de la reforma del Estado en el período de Carlos Menem al frente del Ejecutivo. El año pasado colaboraba dentro del equipo comandado por el economista Federico Sturzenegger para el diseño del plan de desregulación que impulsa Milei.
Coincidentemente, la semana que viene se vence la prórroga de casi 70.000 contratos de empleados estatales que había dispuesto al gobierno durante el último mes de diciembre. En este último trimestre la Jefatura de Gabinete encomendó a cada área de la Administración Pública Nacional a evaluar todos sus contratos y determinar cuáles debían renovarse y cuáles no.
Fuentes gubernamentales con las que pudo conversar este medio alegaron que no será de 70.000 el número de bajas que habrá a partir del mes que viene, pero que la cifra será “muy importante”: “No estamos despidiendo, simplemente consideramos en no renovar los contratos que no hacen a la eficiencia de la gestión pública”, alegó un funcionario.
Cronista y SEPRIN