Cuando aún resuena el escándalo por el nombramiento de la joven militante libertaria, Geraldine Calvella, al frente del Renaper, quien con tan solo 23 años y sin experiencia tendrá a su cargo al Registro Nacional de las Personas con un sueldo que supera los dos millones 700 mil pesos, fuentes del ejecutivo revelaron a LPO nuevas designaciones polémicas.
La Subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente, más que duplicó el presupuesto a su cargo en apenas dos meses y nombró a dos primos directos en el Estado, Javier Sosa y Agustín Expósito. También habría nombrado a la madre y la hermana.
En efecto, poco antes de dejar el cargo, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que otorgó una nueva prórroga por seis años a los actuales concesionarios, es decir más allá del actual mandato presidencial. Lo hizo a través del decreto 290/2023 que prorrogó los contratos sin licitación hasta el 2027 y 3 años más.
Un escándalo que reproduce la lógica del caso de los seguros: dejar atado poco antes de abandonar el poder un negocio por la vía expeditiva del decreto. En este caso las beneficiadas son TRP ( terminal Rio de la Plata) del grupo DPWorld (Dubai Ports) y APM Terminals de la multinacional Maersk.
La decisión de Alberto consolida un “modelo” que mantiene hace casi cuatro décadas al puerto de Buenos Aires sometido a un duopolio, sin competencia alguna, en lo que constituye casi una apropiación de hecho de la principal terminal de comercio exterior del país. La contrapartida de ese esquema corporativo es el atraso de la terminal.
La ley vigente exige que se convoque a una licitación pública internacional para otorgar las nuevas concesiones a quienes estén dispuestos a invertir en el obsoleto, pero siempre redituable, puerto de Buenos Aires.
La alianza del “Club del Puerto” ha logrado así consolidar un negocio que queda como presente griego al gobierno de Milei y el de Jorge Macri, que inició una negociación con el ministro Luis Caputo para que le transfieran a la Ciudad la terminal.
El escándalo que reproduce la lógica del caso de los seguros: dejar atado poco antes de abandonar el poder un negocio por la vía expeditiva del decreto. En este caso las beneficiadas son TRP ( terminal Rio de la Plata) del grupo DPWorld (Dubai Ports) y APM Terminals de la multinacional Maersk.
“Este grupo viene controlando de hecho tarifas, derechos, cánones, casi sin hacer inversiones y generando sobrecostos muy importantes a los productos importados”, explicó a LPO una fuente del sector.
Alberto además ató a la prórroga otros negocios importantes, como la entrega de 37 hectáreas del puerto a APM T4, la liberación de las tarifas y el incremento de la tasa de las cargas. Esto además de agravar los problemas de competitividad del Puerto de Buenos Aires frente al de Montevideo, es otro elemento que desalienta inversiones.
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