Alberto esta imputado y estas son algunas de las pruebas
Alberto Fernández quedó formalmente imputado en la causa que investiga el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. La denuncia habla de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El juez federal Julián Ercolini, que recibió por sorteo la denuncia, le giró el caso a la fiscalía 6. Por estas horas, el titular a cargo, Ramiro González, -en reemplazo de su colega Carlos Rívolo, por estos días de licencia- impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba: pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.
El fiscal detalló que los imputados son el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”.
La denuncia fue presentada por la abogada Silvina Martínez, la misma que impulsó las presentaciones contra Cristina Kirchner contra los casos Hotesur-Los Sauces. En su denuncia no solo fue acusado el ex mandatario sino también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y/o quienes surjan comprometidos en la investigación. La presentación se basa en un artículo publicado por el diario Clarín en donde se detalla que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.
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Puntualmente, el Decreto n° 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021, impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”. Pero, según la investigación periodística, “Nación Seguros” subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17%, es decir tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
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El ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, junto a la ex titular del Banco Nación, Silvina Batakis
Se agregó que en esa misma publicación Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) fueron señalados como los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto. También se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario. La denuncia subraya que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del ex Presidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado.
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A la denuncia de Silvina Martínez se le sumó la que hicieron los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago, en donde sostienen que esta operación se hizo sin licitación públicas que fomenten la competencia y transparencia de esas contrataciones.
La presentación cita el artículo de “Infobae” del periodista Federico Galligani, en donde se afirmó que “Nación Seguros” -una empresa pública controlada por el Banco Nación- estuvo a cargo de Alberto Pagliano, quien sería amigo de la infancia del ex Presidente de la Nación Alberto Fernández.
El fiscal repasa que, según los denunciantes, a partir de esa normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y “brokers” en operaciones “poco transparentes”. En particular, señaló el caso de la ANSES antes mencionado. También hicieron referencia a la publicación del periodista Ricardo Roa de Clarín, agregando como beneficiario o intermediario a Juan Manganaro, quien surge como acreedor por una suma de dólares en la Declaración Jurada Patrimonial Integral del ex Presidente Alberto Fernández
En base a esto, el fiscal González impulsó la apertura de una causa penal con Alberto Fernández,Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa como imputados, según el dictamen al que accedió Infobae.
La fiscalía reclamó como medidas de interés solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021. También solicitaron copias de ”todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
El Ministerio Público pidió también a la Secretaría de Legal y Técnica y a la Superintendencia de Seguros de la Nación que aporten “datos relevantes” para “develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”. El fiscal González reclamó además a “Seguros Nación” “que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante. La fiscalía solicitó no obstante verificar si en Comodoro Py hay causas previas vinculadas a este escándalo.
SOBRE SU PASADO DANIEL SANTORO LA TIENE CLARA Y ES ASI
El ex presidente Alberto Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación con el ex presidente Carlos Menem, conoce en profundidad el submundo de los seguros y reaseguros y estuvo en el medio del frustrado intento de liquidar el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), uno de los nudos de la corrupción en Argentina.
Luego de su gestión en ese organismo estratégico en los noventa varios de sus colaboradores terminaron procesados -aunque finalmente fueron sobreseídos- por irregularidades y ese paso por la administración pública y hasta provocó la censura de una nota del periodista Julio Nudler en Página 12.
Entre 1989 y 1995, Alberto fue superintendente de Seguros de la Nación, tras tener un cargo menor en el ministerio de Economía de la gestión de Raúl Alfonsín.
Ejerció la jefatura de ese organismo que debe controlar el mercado del seguro hasta seis meses antes de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo el 26 de julio de 1996 por sus peleas con Menem.
Durante ese período Alberto fue, además, presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina entre 1989 y 1992, cofundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y experto en Seguros del ALADI.
Cavallo intentó privatizar el INDER pero el Congreso lo rechazó y entonces decidió su intervención para liquidarlo. En el proceso nombró a Roberto Guzmán como interventor. Pero el economista de la fundación Mediterránea conocido por su hiper honestidad, no podía liquidarlo porque se habían generado supuestas nuevas deudas del INDER con compañías de seguro privadas.
Entonces, Cavallo contrató al ex fiscal Luis Moreno Ocampo y su socio Hugo Wortman Jofré para que investigar la corrupción interna. Al principio, “Alberto era esquivo” en la investigación interna, contaron a Clarín fuentes judiciales. Además, una de sus hermanas era asesora legal del INDER que -por otra parte- era una “caja de la político” con un directorio integrado por ocho políticos y funcionarios.
Pero meses después, Alberto “colaboró” con Moreno Ocampo y Wortam y se hizo una denuncia penal contra esas empresas ante el juez Jorge Urso, quien luego de varias idas y vueltas terminó, con los años, permitiendo el sobreseimiento de los imputados.
Sin embargo, Cavallo siguió apoyando a Roberto Guzmán y hasta le prologó su libro titulado “Saqueo Asegurado, la corrupción en el negocio de los seguros y el caso Salta” publicado en 1997.
En esa introducción, el ex ministro afirma que el INDER fue “uno de los organismos más invadidos por la corrupción y los negociados de la Argentina hiper regulada”. Aseguró que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora del INDER -antes de la gestión de Guzmán- “la deuda aparente del organismos se había cuadriplicado”. Guzmán fue liquidador del INDER entre 1994 y 1996.
Contó que Guzmán “perplejo nos manifiesta (en 1996) su asombro por el estancamiento de causas judiciales abarrotadas de pruebas condenatorias, suficientes como para tener tras las rejas a un buen número de funcionarios, lobbistas y personales públicos de gran renombre”.
Guzman revela con detalles cómo funcionaba la “industria del juicio” contra el INDER y pone como ejemplo un choque automovilístico producido en La Rioja en 1983, donde la víctima cobró 14 mil dólares y los abogados y peritos -vinculados a un funcionario menemista- que intervinieron terminaron cobrando 1.400.000 dólares.
En 2007, el fallecido periodista Julio Nudler, intentó publicar en el 2004 en Página 12 la nota titulada “Títeres y Titiriteros” por el nombramiento de Claudio Moroni en la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El diario K no le permitió hacerlo porque describía una supuesta “red de negocios” entre Moroni y Alberto Fernández cuando ambos eran números uno y dos en la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Según Nudler –quien denunció censura del diario oficialista y fue duramente criticado por el periodista K Horacio Verbitsky-, éstos presionaron entre 1994 y 1996 a Guzmán, para que “reconociera una deuda con el sector de los seguros de 1.200 millones de dólares, cuando luego el propio Guzmán demostró que apenas era de 500 millones”.
La nota se relacionada, también, con el llamado “Caso Intelisano”.
Juan Intelisano era funcionario en el ministerio de Economía y fue procesado por haber autorizado un pago de $ 54 millones a un grupo de aseguradoras que le habían reclamado esa cifra a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros que fue privatizada en los 90.
Intelisano, que era subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, liberó esos millones en 2007 y por eso fue procesado en junio de 2010 por el entonces juez federal y actual miembro de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires Sergio Torres junto a otros ex funcionarios y a los empresarios que participaron de la maniobra.
Hay otras causas donde se investigó la gestión de Alberto y sus colaboradores al frente de esa superintendencia. En 2017, por ejemplo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a Claudio Moroni por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de control del supuesto vaciamiento de la empresa Sudamérica Compañía de Seguros de Vida Patrimoniales S.A (SAVIDA).
En la causa que tenía Canicoba Corral había varias compañías de seguros bajo investigación en expedientes por separado. Lo que se investiga en cada caso es el supuesto vaciamiento de las firmas por medio de la creación de compañías paralelas del mismo grupo a las que se transfería la cartera de asegurados, pero no los siniestros. La consecuencia fue que los centenares de asegurados que sufrieron accidentes quedaron sin el respaldo de la firma original. Moroni terminó siendo sobreseído.
Y ahora, siete años después, Alberto Fernández vuelve a ser investigado por un causa de corrupción en el mundo de los seguros por haber, supuestamente, alentado la introducción de intermediarios en la toma de seguros por parte del Estado durante su gestión presidencial.
En forma paradójica, el INDER -un caso emblemático de corrupción en el mundo de los seguros y tras la muerte de Guzmán- 30 años después “aún no pudo terminar de ser liquidado”, contó la fuente judicial con resignación.