Se trata del Fondo para la Integración Socio Urbana; recibió cerca de $500.000 millones a lo largo de cuatro años; logró solo un 6% de finalización de obras y la mayoría son cordones cunetas y veredas; tiene 450 empleados, pero llegó a tener 600
tre los principales blancos del ajuste que implementa el Gobierno están los fondos fiduciarios. Hay uno que en la Casa Rosada identificaron como una caja negra de la política vinculada a Juan Grabois. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Recibe fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Tan cercanos son ambos que durante la campaña presidencial, Grabois aseguró que Miño sería su ministra de Desarrollo Social en caso de llegar a la Casa Rosada. Lo dijo durante un acto en Mercedes en julio de 2023. Este fin de semana, ante las repercusiones de un informe presentado en La Nacion+, Miño quiso negar esa relación.
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Miño estuvo al frente del fondo hasta finalizada la gestión del Frente de Todos. De acuerdo con una planilla de datos enviada por fuentes oficiales del gobierno libertario a LA NACION, el crédito vigente a enero era de $23.283 millones de pesos, aunque el monto al que accedieron durante el gobierno anterior ascendería a los $200.000 millones, según personas cercanas a la ejecución del fondo. Se canalizaron a través del BICE, uno de los bancos públicos que mayor debate generó en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus debido a que parte de la oposición se resistía (y logró sacarlo del listado) a la privatización.
Fuentes de acceso público aseguran que, desde la creación del fondo, se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6.517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Esos fondos fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.
La versión del gobierno
Sin embargo, los relevamientos que se encargaron desde las áreas del Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete pusieron el foco sobre tres cuestiones: por un lado, que la mayoría de las obras que se hicieron fueron veredas o cordones cuneta; que hay una gran cantidad de intervenciones no finalizadas y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas a Grabois.
De las 6.517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5.886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares el marco del COVID 19″, entre otros.
Cuando se discriminan los datos por obras efectivamente hechas, se da cuenta de que el 71% de los proyectos fueron hechos por organizaciones sociales (no el 34,3%, cuando se contabilizan las no finalizadas) y que el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827, un 17% de lo asignado en total. El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables de finalizar las obras.
La semana pasada fue designado un nuevo secretario de Integración Socio Urbana, que será responsable del fideicomiso. Sebastián Pareja, uno de los armadores electorales de Milei en la provincia de Buenos Aires, asumió el cargo, lo cual sorprendió incluso a miembros de La Libertad Avanza. Se debe a que Pareja y Carlos Kikuchi habían sido desplazados del armado del Ejecutivo y relegados a las bancas para las que fueron electos en la Legislatura bonaerense por, entre otros motivos, sospechas de que acordaron con Sergio Massa y Emilio Monzó las listas municipales en el conurbano.
Fuentes de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía se enteraron por los medios que había sido apuntado en el FISU, un fondo que, por otra parte, fue reclamado por gobernadores e intendentes. Pareja dijo este martes en declaraciones radiales que el fondo en cuestión recauda “unos 2 millones de dólares diarios” a partir del 9% que le destina el impuesto PAIS, que a la vez fue incrementado considerablemente por el gobierno libertario. El funcionario también sostuvo que el fondo tiene a su cargo actualmente unos 450 empleados, aunque llegó a tener 600 en la gestión anterior.
LA NACION y SEPRIN