Cada contribuyente aporta al pago de entre uno y dos millones de dólares diarios para sostener a una línea aérea que usa menos del 5% de los argentinos

El año 2021 no fue la excepción, y las pérdidas reconocidas en los estados contables llegaron a 45.000 millones de pesos, unos cuatrocientos cincuenta millones de dólares al tipo de cambio oficial promedio que no reflejan los 650 millones de dólares aportados por el Estado. Durante 2021 el total de pasajeros transportados fue un 50% menor que los más de 10 millones transportados en 2019. El engaño en el anuncio sobre una supuesta baja en las pérdidas reconoce un rojo de 90 dólares por cada pasajero, reduciéndose supuestamente en un 34%. En otras palabras, las pérdidas por pasajero transportado subieron más de un 30% comparando el año 2019 contra 2021.

Sabido es que, en los hechos, la empresa conducida por La Cámpora, inescrupulosa beneficiaria de las constantes remesas del Tesoro nacional que debería ser rebautizada como “Aerorruinas Argentinas”, funciona bajo un esquema de poder similar al del gobierno nacional: coquetas oficinas gerenciales con vista al Río de la Plata y decisiones que toman referentes de la mencionada agrupación política, como Mariano Recalde, por fuera. Ello lleva a situaciones poco felices para la gestión del actual presidente Pablo Ceriani, obligado a dar números optimistas que son tan fácilmente rebatidos.

Por si algún distraído creyera que las pérdidas reconocidas en el balance solo corresponden a lo que debemos costear los argentinos, viajemos o no en avión, no podemos pasar por alto que se trata además de una sociedad anónima regida por el derecho privado. Por ese motivo, la falta de pago de ciertos impuestos constituye un delito de graves consecuencias para sus directivos. Durante 2021 el total de las transferencias que recibió Aerolíneas Argentinas (AA) fue de 75.000 millones de pesos (650 millones de dólares), correspondiendo la diferencia a dinero que vuelve a las arcas estatales como impuestos. En otras palabras, con el objetivo de poder mantener la rueda girando y evitar conflictos legales a sus directores, AA recibe también dinero del Estado nacional para pagar impuestos.

La adecuación del presupuesto nacional 2022 contempla una partida adicional de 9357 millones de pesos para actualizar los 63.551 millones de pesos asignados en diciembre último a AA, un 15% más que el año pasado, lo cual claramente no cubre la inflación. Con más de 11.000 empleados, la pelea salarial que encararán los combativos gremios aeronáuticos implicará inevitablemente nuevos desembolsos del Estado. Ni hablar de los aumentos de precios de combustibles, que ya representaban un 22% de los costos promedio.

Las pérdidas se dan mayormente en rutas que opera también la competencia y en rutas al exterior, cuando transporta a argentinos a Madrid, Roma, el Caribe o los Estados Unidos. Desde su estatización, Aerolíneas Argentinas dejó de volar a Oceanía, a Barcelona y a México DF, entre otros destinos relevantes, para concentrarse en Punta Cana, Cancún y Miami, destinos donde muchos argentinos pasan sus vacaciones y que, a todas luces, no justifican el perjuicio económico generado.

Ante pérdidas que sin cambios de fondo resultan irremontables, y con enjundiosos cuestionamientos sobre la conveniencia de tener una empresa sobredimensionada y mal manejada por La Cámpora y los gremios, el Gobierno aplicó una vieja receta: ahogar a la competencia privada como ya hiciera luego de estatizar AA en 2009. Así la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), manejada en los hechos por los gremios, se encuentra abocada a reinstaurar las bandas tarifarias, lo que impedirá a las empresas privadas realizar ofertas según el horario y el día de la semana o la temporada, obligadas a bailar al compás de las ineficiencias de nuestra empresa de bandera. Desde el inicio de la pandemia, unas 17 compañías aéreas se fueron del país y solo quedan dos, además de AA, para vuelos de cabotaje, contra un total de siete en 2019.

Los derechos del usuario o consumidor que podría beneficiarse con pasajes más baratos son nuevamente ignorados y pisoteados. El Gobierno apuesta así a limitar la competencia, convirtiendo a AA en un problema cada vez más grande y omitiendo que, otorgándole la concentración de gran parte del mercado de cabotaje, la amenaza de desconexión provincial asusta a los tomadores de decisiones. Entre uno y dos millones de dólares vuelan de las arcas del Estado cada día para mantener a la línea aérea de bandera. Menos del 5% de los argentinos utilizan sus servicios. Pagamos todos. Basta de mentiras, basta… de relato.

CAUSAS VIEJAS DEL AHORA INTENDETE JULIO ALAK . 700 MILLONES DE DOLARES DE SOBREPRECIO

La causa fue iniciada en septiembre de 2009. Se encuentra radicada en el Juzgado Nº 12 en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de Sergio Torres.

La causa estuvo a cargo del fiscal Gerardo Di Masi (fallecido), ex-titular de la Fiscalía Nº 8. Tras su ascenso a la Fiscalía General N° 6 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, fue subrogado por Juan Pedro Zoni.

La causa se inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en la cual refirió que Aerolíneas Argentina habría pagado sobreprecios en la compra de 20 aviones E-190 a la empresa brasileña Embraer. Por la operación, Aerolíneas desembolsó un pago total de 700 millones de dólares (34,9 millones de dólares por cada avión). La empresa reconoció ante la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC), que inició una investigación interna por presuntas irregularidades.

La compra de los Embraer formó parte de una serie de protocolos bilaterales que firmaron, en Brasilia, Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Ignacio Da Silva el 8 de septiembre de 2008. La negociación fue conducida personalmente por Jaime, quien políticamente reportaba al entonces ex presidente Néstor Kirchner.

El contrato negociado por Jaime y Manuel Vázquez fue firmado por Julio Alak, el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas-Austral, y Mauro Kern Jr, presidente de Embraer.

Además, el Centro de Información Judicial (CIJ) informó que la suma pagada en sobreprecios la calculan en 65 millones de dólares. El mismo medio confirma, además, que se detectó un correo electrónico de un alto funcionario de Aerolíneas, en el que se alerta a un grupo de funcionarios acerca de que el precio de los aviones era mayor al adecuado. Y que allí mismo se recomendaba, remarcado en negrita, no realizar la compra.

El 30 de marzo de 2010, De Vido aseguró que se trata de un delito que no tiene la posibilidad de concretarse porque la operación se realizó entre Estado y Estado, ya que tanto Aerolíneas Argentinas como Embraer son públicas.

Por su parte, Alak advirtió que en medio de las negociaciones hubo un fuerte lobby de la empresa Boeing para evitar que la Argentina contrate con Embraer, porque generalmente las empresas que producen aviones lo que hacen es tener a la empresa aérea capturada para siempre porque introducir un avión a la empresa significa la formación de pilotos, azafatas y repuestos.

Alak explicó que ha sido una operación sumamente auditada y la discusión en cuanto a los precios ha sido muy larga, profunda, en algunos momentos tensa, pero se arribó a una operación altamente beneficiosa no solamente por los precios competitivos sino porque Embraer garantizaba la entrega de 20 aeronaves en un año y medio cuando se entregan entre 2 y 5 años.

Alak comentó que el precio obtenido finalmente fue cinco millones de dólares menos por unidad que el precio que había planteado inicialmente la empresa, aunque reconoció que los costos del avión se vieron incrementados en un porcentaje menor por el agregado de adicionales que sirven para poder utilizar la totalidad de los aeropuertos argentinos.

Remarcó que se pagó lo que valía más los agregados adicionales.

En 2010, se realizó un allanamiento en Aerolíneas Argentinas, donde se constató documentos, los cuales dejan en evidencia que Alak sabía de los sobreprecios.

En diciembre de 2011, el juez Sergio Torres envió un exhorto a los Estados Unidos pidiendo información sobre la investigación que lleva adelante la SEC.

En abril de 2013, la empresa brasileña Embraer confirmó a los EEUU que inició una causa interna por la venta de aeronaves E-190 a cinco países, entre ellos la Argentina, por una operación para su controlada Austral por u$s698 millones en 2009. Lo hizo a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

La operación fue financiada en un 80% con un préstamos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes), y que lleva la firma del ministro de Planificación, Julio de Vido; el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Julio Alak; y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ralph Lauren Corp admitió el pago de sobornos a funcionarios argentinos entre 2005 y 2009 para ingresar mercancías de manera ilegal al país.

Luego de admitir el delito, la firma aceptó pagar 882.000 dólares de multa para resolver alegaciones de que violó el Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) sobornando a responsables del gobierno en Argentina para obtener autorización aduanera ilegal para mercancías. Además, Ralph Lauren acordó pagarle a la SEC 734.846 dólares en concepto de reembolso de ganancias e intereses.

En mayo de 2014, solicitaron informes a Embraer para saber si lleva a cabo una investigación interna sobre el supuesto pago de sobreprecios.

El 29 de agosto de 2015, se determinó que la compra de 20 aviones Embraer para Austral se habría pactado por un precio final de US$ 729 millones, casi US$ 30 millones por encima de lo que por entonces informaron las autoridades de Argentina y Brasil. La publicación de una investigación de la revista Brio, arrojó nuevos datos sobre esta multimillonaria compra, que es financiada con parte de los subsidios que cada mes reciben Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del Estado argentino. Con el título “La mano invisible del BNDeS en América latina”, la investigación de Brio se focaliza en la actuación de este banco estatal brasileño en la financiación de grandes proyectos en la Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá y Perú. En el caso de la Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDeS) financió con un préstamo blando el 85% de la compra de los 20 Embraer.

Además de que el precio final es casi 30 millones de dólares más alto de lo que se informó, la investigación de Brio detectó que Embraer había devuelto casi 10 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas-Austral.

Denunciaron a Mariano Recalde por corrupción en Aerolíneas

Dos empleados aseguraron que parte de sus sueldos eran exigidos para la agrupación kirchnerista La Cámpora.

Un ex empleado de la empresa Aerolíneas Argentinas, Marcelo Muñoz, denunció que La Cámpora lo obligaba a donarle el 5% de su sueldo y que, cuando se opuso, lo amenazaron y lo terminaron despidiendo.

Muñoz, en el programa “Telenoche”, explicó cómo era uno de los modos de recaudación de la agrupación kirchnerista en la empresa aérea que era presidida por Mariano Recalde.

Según Muñoz, su cargo era de “ supervisor en Aerolíneas, puesto al que llegó por militar en La Cámpora. Y cuenta que los aportes los hizo desde el primer mes: “Nos obligaban a aportar un dinero. Ya en el último año, me mostré en desacuerdo con esta metodología y empecé a tener problemas en la empresa. Aporté desde que empecé a trabajar, desde el primer mes, era el 5% del sueldo”.

Por su parte, Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas, en declaraciones a Télam Radio, aseguró que en la empresa ”jamás se obligó a nadie hacer aportes”. De esta manera, salió al cruce de la denuncia de dos ex empleados de la aerolínea.

Al ser entrevistado, Recalde aseveró que “Muñoz es conocido en el aeropuerto por haber estafado a compañeros de trabajo y haberle hecho el cuento del tío, con falsas promesas”. “Le sacaba plata a pasajeros y en el último año tuvo 150 inasistencia a su trabajo, 46 injustificadas. Además, tiene el sueldo embargado por no pagar deudas”, detalló.

En ese sentido, explicó que durante su gestión en Aerolíneas le habían “iniciado un sumario” y que fue despedido por la actual gestión de la compañía de bandera. “Una persona que tiene el sueldo embargado, no me extraña que trate de hacerse dinero de cualquier manera, que busque cómo seguir haciéndose dinero de mala manera”, disparó.

Finalmente, Recalde opinó que Muñoz “se habrá ofrecido a cambio de algo”, ya que no es la primera vez que se “inventan historias para ensuciar a dirigentes políticos”. “Es una hipótesis pero yo no le encuentro otra explicación. Habrá que investigarlo”, concluyó.

“Escucharlo hablar de corrupción me da asco»

“Padecí un despido en 2012 por no querer aportar un diezmo”, denunció María Fernanda Gil Prividera, ex empleada de Aerolíneas.

Prividera, la segunda denunciante en pocas horas contra la gestión en la aerolínea de bandera, señaló: “Hernán Pascua era un militante de La Cámpora, y era el encargado de recolectar el diezmo”.

“En un mail no te escribían: ‘si no colaborás te quedás sin trabajo, pero te lo decían’. Te invitaban, insinuando, la participación como ‘compañeros’ con un léxico militante”, manifestó. Y añadió: “Si no se cumplía, venían los diálogos en el aeropuerto”.

La ex empleada recordó que se “desempeñaba en el aeropuerto de Córdoba” y que, “todas las personas que entraron conmigo eran militantes”, y aclaró: “Yo no era militante”.

Prividera cuestionó que “hicieron de Aerolíneas una caja de militancia”. Y remató: “Era una militancia rentada”.

A su vez, enfatizó: “Hago responsable al Señor Mariano Recalde”, y agregó: “Escucharlo hablar de corrupción me da asco”.

Finalmente, aseguró: “Mi caso está judicializado laboral y penalmente; mi causa está en Cámara”, y puntualizó: “Mi caso es previo al de Alejandro Muñoz con quien me solidarizo”.

“No me importa el dinero, yo solo quiero que me devuelvan lo que me robaron. Quiero que me devuelvan mi trabajo”, concluyó Prividera.

La Nación, Clarin , Rio Negro , Fuentes Judiciales y SEPRIN