Si bien el gobierno no difundió a los responsables de la corrida financiera, todas las miradas apuntan a Juan Nápoli, titular del Banco de Valores y candidato de Milei a senador, y a Ramiro Marra, su postulante a jefe de Gobierno porteño. También trascendió que Luis Barrionuevo estaría involucrado en la acción financiera.

“Luisito” está hiperactivo por estos días. Una auditoría realizada sobre la OPSIP, prestadora de salud que él controla, constató desvíos de fondos por 3 millones de dólares por pagos a fundaciones sin actividad. También se registraron compras a joyerías por 5 millones y arreglos de autos sin existencia por 4 millones.

Sólo les llevó seis meses a los aliados de Luis Barrionuevo en la intervención de esa obra social la realización de semejante desfalco. Las denuncias constan en un informe de auditoría realizado por un funcionario sin vinculación con Barrionuevo, y que debió renunciar al cumplir poco más de un mes en funciones, por las presiones y amenazas que sufrió para exigirle que alquilara un edificio por 10 millones mensuales.  Sin embargo, antes de su obligada salida, Jorge Alonso pudo relevar parte de la tarea de su antecesor, el barrionuevista Sigifredo Jorge Banegas, quien había sido designado a su vez por un acuerdo entre Barrionuevo y el superintendente Daniel López.

Los ojos de los medios y de la política apuntaron contra Barrionuevo tras el anuncio de su acuerdo con Javier Milei, que incluyó la promesa del gremialista de fiscalización, con afiliados del gremio UTHGRA, de las mesas electorales de todo el país para el libertario, a cambio de quedarse con el control de los planes sociales que hoy manejan los movimientos sociales. Sin ir más lejos, recientemente Barrionuevo aseguró que “Milei es el presidente del futuro, va a ganar en la primera vuelta”. 

Los oscuros negocios de Barrionuevo motivaron la reacción de la candidata a vice de Milei, la negacionista Victoria Villarruel, quien manifestó sentirse “incomoda” con la alianza.

La mano de Barrionuevo habría sido también la responsable de la viralización de la operación “Yategate”. Tal vez el único que lo ignoraba era el gobernador Axel Kicillof, inserto en su microclima. El momento para hacer pública esta denuncia -al igual que el operativo sobre “Chocolate” y las tarjetas de débito que administraba-, “accidentalmente” fue 24 horas antes del primer debate presidencial, y sólo cuando quedó en claro que tirando del hilo de esas tarjetas de débito terminaban involucradas todas las fuerzas políticas mayoritarias. Sólo Carolina Píparo –la candidata de Milei a la gobernación- administraba una veintena. Demasiado “casual” el manejo de los tiempos para que no se tratara de una operación exitosa.

La denuncia sobre el desfalco a la obra social de la OPSIP –sumada a la pública bendición del libertario de Luis Barrionuevo en pleno debate presidencial, “a pesar de ser casta”- pulveriza el discurso “anti-casta” de Milei, del mismo modo que la corrida financiera que se le atribuye a Nápoli y asociados parece ser la respuesta a las encuestas poco satisfactorias que llegan al búnker del libertario desde mediados de la semana pasada, y que parecen desmentir la afirmación de una victoria en primera vuelta. La enérgica reacción del gobierno impidió que tuviera lugar el siguiente y más letal acto de terrorismo económico planificado: la corrida bancaria, que hubiera hecho estallar al sistema. El problema no hubiera sido únicamente, en este caso, la quiebra de numerosas entidades bancarias, sino los fondos de los particulares depositados en ellos, con el consiguiente efecto cascada sobre la producción, el comercio y los hogares argentinos.

A partir de allí se entienden los enérgicos comunicados de las cámaras que agrupan a los bancos nacionales, tanto estatales como privados, como a la de bancos extranjeros, denunciando el accionar del libertario, quien la promovió explícitamente al instar a los argentinos a retirar inmediatamente sus depósitos y dolarizarlos, ya que a su juicio el peso argentino valdría “menos que excremento”.

El terrorismo económico promovido por el libertario ha comenzado a levantar disidencias dentro de La Libertad Avanza. También sus alianzas con personajes oscuros de la “casta”. En el entorno de Milei hay silencio absoluto: sólo se limitan a victimizarse por la denuncia judicial de Alberto Fernández y a acusar al gobierno en términos descalificatorios. Pero ya son varios los cuadros convocados para una eventual gestión que han desistido en las últimas horas.

Sólo resta saber si las acciones tomadas por el gobierno conseguirán frenar la corrida cuando restan apenas cinco días hábiles de rondas financieras antes de las elecciones generales. También si las fuerzas democráticas en todos los ámbitos de la acción social se comprometerán en la denuncia de los manejos y de los riesgos que supondría una victoria electoral de Javier Milei y sus secuaces, y cuál podría ser el impacto sobre su universo de votantes, la mayoría decididos a “romper todo” lo existente sin pensar a qué tempestades les estarían abriendo las puertas.

Lo cierto, tal como decía el general San Martín, “hace más ruido un hombre gritando que 100 mil callados”. Desde hace muchísimo tiempo, el único que grita –literalmente- es Milei. Ha llegado la hora decisiva de ensordecer sus bravuconadas con un coro consensuado de la sociedad democrática.

Como siempre, la peor actitud es el silencio.   

QUÉ IRREGULARIDADES REVELA EL INFORME 

El informe al que tuvo acceso Ámbito, consta de 270 páginas con relevamientos del estado de la obra social, propuestas de gestión, irregularidades detectadas y documentación.

Entre los hallazgos figurauna nómina de personal con 207 personas en todo el país a las que se les pagaba un salario mensual formal pero sólo 79 que pudieron ser constatadas en sus tareas. La mayor parte del personal excedente había sido contratado en los tres meses previos al arribo de Alonso, durante la gestión de su antecesor.

La OSPSIP es una entidad de salud mediana del gremio de seguridad privada UPSRA, que en los últimos años fue eje de una lucha encarnizada entre su actual secretario general, Ángel García, y Barrionuevo, que procuró por diversas vías quedarse con su control. En parte lo logró cuando la SSS intervino la obra social en 2021 por falencias severas en las prestaciones que debían recibir sus afiliados y quedó apartado García de sus funciones en esa entidad.

Banegas, según consignó Ámbito,  es una persona de confianza del jefe de la UTHGRA y pediatra de una de sus hijas, Sandra Barrionuevo, actual secretaria de Asistencia Social del gremio gastronómico y sostén de varios de los emprendimientos de su padre.

El vínculo de la intervención sospechada no termina ahí: al momento del reemplazo de autoridades fue revocado un poder legal general que tenía otorgado el abogado Horacio Ferro Méndez, histórico asesor de Barrionuevo, junto a otros ocho letrados. A su vez, Banegas había arrancado su semestre como interventor de OSPSIP de la mano de Leónidas Requelme, un dirigente leal a Barrionuevo en la lucha contra García y que falleció la semana pasada.

En la auditoría figuran “pagos efectuados a la fundación de Médicos Solidarios por sumas absolutamente atípicas realizadas en apariencia sin documentación respaldatoria para eventualmente generar un mecanismo circular con el único objetivo de retirar fondos de la obra social e ingresarlos al circuito financiero para beneficios espurios”. La sospecha se basa en una supuesta operatoria de facturación a entidades sin contraprestaciones en servicios para los afiliados sino en el retorno, a cambio de eventuales comisiones, del grueso del monto erogado.

Sólo por ese concepto, entre el 15 de diciembre del año pasado y el 22 de marzo de 2023 se giraron a Médicos Solidarios 347.915.600 pesos que supuestamente eran pagos por “honorarios de psicología, psicología infantil y servicios médicos” que sin embargo no tenían detalle alguno: “No obra en la obra social ninguna documentación que justifique las erogaciones señaladas, contrato de prestaciones, listado de beneficiarios atendidos, lugar de atención, profesionales que hubieran intervenido, fechas de las tareas realizadas, autorizaciones de atención, etcétera”, señala el informe. 

Una maniobra similar se detectó respecto de otra fundación, “Igualdad para todos”, con millones de pesos destinados a servicios sin documentación alguna de respaldo.Los responsables de la intervención bajo la órbita de Alonso calcularon que sólo por prestaciones no documentadas a prestadores con características asimilables a las de las “empresas fantasmas” fueron desviados, a valores de entonces, unos 3 millones de dólares. Banegas tampoco cumplió con la obligación de elevar informes mensuales de la SSS.

Otras irregularidades consistieron en la contratación de servicios de reparación de automotores por 4 millones de pesos a un único mecánico. Lo sorprendente es que la OSPSIP carece de vehículo alguno entre sus bienes registrados. También se encontraron pagos de “regalos de fin de año” por casi 5 millones de pesos a favor de la firma Vendome SRL, la razón social bajo la cual opera la exclusiva joyería Jean Pierre, ubicada en Avenida Alvear 1892, en Recoleta. Los auditores indicaron que esos gastos coincidieron con meses en los que era habitual la negativa a brindar prestaciones urgentes como las de carácter oncológico a los afiliados.

Además de superpoblación de personal, la intervención de Alonso halló un contrato con una firma llamada ISS Facility Services de servicios de limpieza, a pesar de que la OSPSIP cuenta con personal propio para esa tarea. Y más llamativo aún: contrataciones para Jerly Secuity y Hammer Seguridad Privada, dos compañías que proveen personal de custodia, para un gremio que representa a trabajadores del rubro y para una obra social que ya contaba con trabajadores propios a cargo de esa labor. (www.REALPOLITIK.com.ar)por: Alberto Lettieri

Todo queda en el ámbito de la sospecha pero nadie te pide un entrecruzamiento de llamados ni agendas