Presentado por Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EE.UU, el escrito analiza la actualidad en materia de derechos humanos de cada país que forma parte de la ONU.
Sobre Argentina, resalta entre otros puntos que existen “serios problemas con la independencia judicial; y una grave corrupción gubernamental.”
En el informe, que analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, también se destaca que “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”
El paper detalla además que existen en curso “varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra actuales o ex personalidades políticas de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Enumeran que fiscales habían pedido 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos (el informe se publicó previo al fallo) y que Fernández de Kirchner y sus hijos “enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”.
También relata otros casos de corrupción judicial o de las fuerzas de seguridad y “abusos” que incluyeron “la extorsión y la protección de los involucrados en drogas tráfico, trata de personas, lavado de dinero y prostitución”. Según el informe, es “frecuente” la corrupción en “los tribunales provinciales y federales”.
Human Rights Report 2022: el resumen del panorama descrito por EE. UU. sobre la Argentina
Argentina es una república federal constitucional. En octubre de 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente en elecciones que los observadores locales e internacionales consideraron en general libres y justas. En noviembre de 2021, el país celebró elecciones municipales, provinciales y federales de mitad de período. Los votantes eligieron la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los miembros del Senado.
Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad interna. Todas las fuerzas policiales federales dependen del Ministerio de Seguridad, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio provincial o secretaría municipal dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental.
El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción.
A24 y Seprin