Porque uno de los magistrados es secretario en el Juzgado de Capuchetti que investiga el presunto atentado a CFK y ella esta disconforme con la investigación y quiere apartar a la jueza.
Ningún bloque tiene el quorum propio para sesionar y se plantea una cuerdo entre JxC y peronistas disidentes.
Advertido de esta situación, el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), salió a pedir un acuerdo político para que la Cámara alta pueda retomar la actividad, bajándole los decibeles de manera notable a la polémica generada la semana pasada.
“Ninguno de los bloques tiene el número para garantizar el quorum, entonces es necesario un acuerdo para tratar diferentes temas”, dijo el senador formoseño.
La molestia en Juntos por el Cambio por las criticas kirchneristas amenaza con volver a foja cero las negociaciones que Mayans inició el jueves de la semana pasada con los líderes del conglomerado opositor para tratar de armar una sesión para el 30 de marzo. De aquella reunión, los referentes de Juntos por el Cambio se fueron con la promesa de someter la propuesta a la decisión del interbloque.
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Enterados de esas conversaciones desde Unidad Federal, bloque que preside el exoficialista Guillermo Snopek (Jujuy), reaccionaron rápido y pidieron una sesión especial para el día anterior a la propuesta por el oficialismo. En el temario incluyeron, entre otros proyectos, el debate de los pliegos de tres jueces con destino en tribunales de Rosario que los senadores santafesinos de Juntos por el Cambio, los radicales Carolina Losada y Dionisio Scarpin, vienen reclamando desde el año pasado.
Los candidatos a jueces obtuvieron dictamen en septiembre del año pasado, pero sin que mediaran mayores explicaciones el kirchnerismo decidió cajonear sus pliegos junto al de una treintena de designaciones judiciales que también tienen la luz verde de la Comisión de Acuerdos desde hace seis meses.
La razón de la demora sería el rechazo del kirchnerismo al pliego de Elena Dilario, postulada para el Tribunal Oral Criminal 2 con sede en Rosario. El pecado de la postulante es trabajar como secretaria en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la jueza criticada por Cristina Kirchner por la forma en que lleva adelante la investigación del atentado fallido del que fue víctima la vicepresidenta.
Dilario se presentó ante la Comisión de Acuerdos el 6 de septiembre, cinco días después del intento de atentado contra la vicepresidenta, y obtuvo dictamen favorable el 15 del mismo mes. Sin embargo, cuando se celebró la última sesión del Senado, el 16 de noviembre, Cristina Kirchner ya reclamaba el desplazamiento de Capuchetti, disconforme porque no investigaba la supuesta conexión política con el macrismo del fallido intento de magnicidio.
El kirchnerismo niega que la vicepresidenta sea la responsable de la demora en la designación de los jueces y acusan a Juntos por el Cambio por su política de bloquear el Congreso hasta tanto el oficialismo no desista del juicio político a la Corte Suprema que se sustancia en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los hechos parecen desmentir la postura del bloque que conduce Mayans. Después de que recibieron dictamen, el oficialismo convocó a tres sesiones y en ninguna de ellas propuso tratar ninguno de los más de 30 pliegos judiciales.
Sin embargo, en la sesión del 16 de noviembre el Frente de Todos sí incluyó las designaciones de los tres jueces de la Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena, tribunal de interés para la vicepresidenta ya que tendrá a su cargo la revisión de las causas que se tramiten en la justicia federal de Santa Cruz.
La terna de jueces santafesinos cuyo tratamiento proponen destrabar los peronistas disidentes de Unidad Federal la completan Gastón Salmain, propuesto para el juzgado federal 1 de Rosario, y Eduardo Rodrígues Da Cruz, nominado para una vocalía junto a Dilario en el TOC 2 de Rosario.
Gustavo Ybarra– La Nación
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