19/08/2022

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Y escondiéndose en el dólar Blue: Causa Mayra Mendoza: se suman sospechas por movimientos de fondos por $ 60 millones y la compra de una clínica

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El entramado societario alrededor de las cooperativas a las que el municipio de Quilmes y su intendenta Mayra Mendoza les concedió contratos por 535 millones de pesos, es cada vez más amplio y la justicia federal pone bajo bajo lupa más operaciones millonarias: ahora analiza la adquisición de una clínica y el movimiento de más de 60 millones de pesos. Las operaciones fueron detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y pone en el eje de las mismas a Martín Bordalejo, socio de un ex funcionario del municipio, pero además imputado por sus vínculos con las cooperativas y la constitución de firmas offshore.

En el marco de la investigación a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se reconstruyó un primer mapeo de operaciones financieras entre ex funcionarios y empresarios proveedores del municipio a cargo de Mayra Mendoza. Esa trazabilidad inicial se realizó en base a dos voluminosos informes de la AFIP y de la UIF.

Un conjunto de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) alertaron al organismo antilavado. A eso se sumaron préstamos entre los imputados y con las cooperativas bajo investigación, que para la justicia expone “un complejo entramado que expone posibles maniobras de lavado de dinero y por eso se busca confundir el recorrido de esos movimientos de dinero”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para los investigadores, estamos ante “una trama que involucra a exfuncionarios del Municipio de Quilmes, quienes son parte o tienen control sobre cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por parte de la administración Mendoza”.

La cifra inicial bajo investigación es de 535 millones de pesos, pero la justicia comenzó a observar que el dinero podría ser ampliamente superior.

No todo se circunscribe a los contratos para mantenimiento de los espacios públicos y recolección de residuos por parte de las cooperativas bajo sospecha de ser usadas para el presunto desvío de fondos públicos, sino que los datos de sus dirigentes se entrelazan con quienes integran otras sociedades, con la firma de de acuerdos comerciales, y a su vez con empresarios que figuran como proveedores de la Municipalidad de Quilmes tanto de forma directa como por intermedio de sus compañías.

A esa red de nombres y empresas, ahora se sumó otro dato reflejado en un informe de la UIF: la compra de una clínica en Quilmes, donde una de las operaciones supera los 60 millones de pesos. Como parte del dinero aportado para dicha adquisición figura Martín Bordalejo, ex empleado de Quilmes y socio del ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa. Ambos comparten diversos emprendimientos, como las firmas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio. Sobre ambas firmas la justicia pidió información societaria como financiera.

En esa firma JD Vitruvio, aparece Alejandro Scozzari, un empresario comparte sociedades offshore en Miami en el extranjero con Bordalejo, que fueron desactivadas cuando el escándalo tomó estado público a través del sitio web El Disenso.

A su vez, Sccozzari también es dueño de The Wolf Building S.A, firma constructora a la que la municipalidad de Quilmes le adjudicó obras por 88,3 millones de pesos. 

La justicia detectó que hubo más movimientos de fondos a través de Bordalejo, y comienzan a verlo como el puente con diferentes cooperativas que fueron beneficiadas por la administración de Mayra Mendoza. Los reportes de operaciones sospechosas de la UIF muestran transferencias de dinero por parte del empresario para la compra de una clínica. Una operación que según fuentes del caso, superaría los 60 millones de pesos.

Para clarificar la situación, el juzgado envió oficios a diversas entidades bancarias ante los llamativos movimientos de fondos que reflejan los informes sobre Bordalejo: retiros importantes de dinero, transferencias, depósitos por sumas significativas. El listado incluye aportes millonarios declarados ante la AFIP que realizó el empresario, pero no cuentan con una contraparte. “Hay operaciones que no se condicen con su respaldo documental”, explicaron fuentes del caso.

Martín Bordalejo presentó un escueto escrito señalando que no cometió ningún delito y que nunca constituyó empresas en Miami, como se investiga. Para los investigadores, sin embargo, tiene “ vinculación y aportes monetarios en diferentes operaciones y constitución de empresas”, que están sospechadas de operaciones de lavado.

De la información recabada, se observó que hay otro conjunto de empresas vinculadas a los imputados en el expediente, que no estaban en el radar del expediente. Sobre ellas se pidió información fiscal y a las escribanías intervinientes, para que detallen la integración de las mismas, entre otros datos.

“Hay una red de préstamos entre algunos imputados y empresas, y éstas a sus vez le hicieron préstamos a las cooperativas. Hay entregas de fondos de las organizaciones a personas físicas, que no se condicen entre sí. No hay correspondencia entre las declaraciones juradas ante la AFIP y los movimientos financieros”, indicó una fuente del caso, exponiendo el complejo entramado financiero sobre que buscan clarificar.

Hay que recordar que Bordalejo figura en algunas cooperativas como autoridad, y en otras con firma autorizada para las cuentas bancarias. Esto último consta en un informe de AFIP que se entregó al juez Armella en mayo. Otro punto de conexión es su domicilio declarado en Quilmes que comparte con un conjunto de cooperativas.

Tres de esas organizaciones recibieron contratos entre 2020 y 2021 -algunos menos en el transcurso de este año- por 535 millones de pesos. Al investigar una por una las cooperativas, la justicia dio con otros datos relevantes: Muchas de las entidades tienen vínculos con familiares de Bordalejo.

Por ejemplo, Julio Bordalejo (el padre) quien figura como tesorero de la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Limitada que recibió de la municipalidad 82,7 millones de pesos por dos contratos de recolección de residuos, podas y desmalezado, en junio de 2021.

También figura la madre de Bordalejo, Susana Orellano, en la Cooperativa de Trabajo El Progreso, según los informes comerciales que recibió el juez. Dicha organización fue adjudicataria de tres contratos por 63.187.548 pesos para tareas de fumigación y control de plagas, una red secundaria cloacal y la adquisición de hormigón.

Los préstamos que Bordalejo declaró ante la AFIP también fueron considerados como “inconsistentes y sospechosos”. Declaró haber recibido préstamos por 58.250.000 pesos en 2020. “Entre sus acreedores se encuentran Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes (le prestó 19,5 millones) y The Wolf Building, que le prestó 21,4 millones de pesos. 

Ante el fisco, Bordalejo declaró que recibió dinero de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada por 3.600.00 pesos. También se determinó que Sebastián Raspa -el ex funcionario del municipio- le prestó 7.350.000 pesos.

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