Más de una docena de gobernadores se reunirán hoy con Alberto Fernández y coincidirá en un tema: impulsarán la ampliación de la Corte Suprema.
¿Qué persiguen el Presidente y 16 mandatarios para impulsar un proyecto tan exótico de crear un tribunal de 25 integrantes, tan solo superado por el de Venezuela, que tiene 32, o la de China, con 400?
Aunque Alberto Fernández y los propios mandatarios saben que ese proyecto difícilmente pueda ser aprobado en Diputados, ¿qué persiguen?
Primero. Es un discurso muy agradable a los oídos de Cristina Kirchner, que tiene muchos recursos pendientes en la Corte.
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Segundo. Alberto Fernández está debilitado electoralmente y los gobernadores están pensando en su propio futuro y en adelantar las elecciones, algo que el Presidente, si aspira a la reelección, busca evitar. Pero al mismo tiempo, ese proyecto les sirve para aceitar la relación con la Vice, que mide mejor que Alberto Fernández en todas las encuestas. Nadie quiere darla anticipadamente por vencida.
Y la tercera razón tiene que ver con el dinero. El dinero de la coparticipación que el Estado nacional le redujo a la Ciudad de Buenos Aires -que la Corte está a punto de devolverle- se reparte entre Nación y las provincias. Nadie quiere perder un peso.
Finalmente, si esa idea prospera, cada gobernador podría proponer un juez para la Corte, una cuota de poder nada desdeñable a la hora de defender sus propios intereses.
Pongamos un ejemplo: imaginemos que la Corte integrada por esos 25 jueces políticos tuviese que resolver una denuncia contra un mandatario: es previsible que todos votarían por absolver o darle la razón en cualquier controversia, porque a futuro podrían reclamarles a sus colegas el mismo trato.
Desde la oposición, Horacio Rodríguez Larreta rechazó de cuajo el proyecto. Este jueves, en una conferencia de prensa, consultado por la ampliación de la Corte Suprema, alertó: “Es un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial”
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